El agandalle de Morena

Beatriz Pagés

La pregunta es simple: ¿A quién responden los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral? ¿A la Constitución o a un régimen con poder insaciable?

La noche del 2 de junio, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, hizo un anuncio fuera de lo común. Además de cantar el triunfo de Sheinbaum prefiguró que Morena tendría el control absoluto del Congreso.

Con ese aviso, la titular del órgano electoral avalaba por adelantado lo que hoy defiende López Obrador: que su partido no solo tenga la mayoría calificada en la Cámara de Diputados sino niveles inconstitucionales de sobrerrepresentación nunca antes vistos.

La estrategia del régimen es evidente: anular a la oposición. Dejarla sin peso político, con una presencia meramente testimonial y sin voz para comenzar a construir desde las cámaras una dictadura.

Morena y sus aliados quieren el 74 por ciento de escaños cuando solo le corresponde el 54 por ciento. Quieren 370 diputados cuando sólo le tocan 270 y la ley señala que ningún partido puede tener más de 300.

Los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral tienen hoy una responsabilidad ante la historia. Saben que hay formas y formas de interpretar la ley. Se pueden quedar en la lectura meramente técnica para dar gusto a López Obrador o pueden hacerle un servicio a la nación impidiendo un atraco a la democracia.

Consejeros y magistrados saben que en la próxima legislatura estará en riesgo el futuro de la república, la separación de poderes y el derecho de los mexicanos a votar libremente.

Saben que Morena usará la mayoría legislativa para imponer jueces y ministros que sirvan abyectamente a los intereses del gobierno, para que el Poder Judicial sea utilizado como un instrumento de persecución contra los adversarios del régimen.

Saben o deberían saber que Morena y sus aliados pueden utilizar el control parlamentario para aprobar una Constitución que permita a Sheinbaum reelegirse o a López Obrador regresar al poder.

Los consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral tendrían que preguntarse cada mañana ante el espejo si aspiraron al cargo para preservar y fortalecer la democracia o para abrir la puerta a una sobrerrepresentación sólo admisible en dictaduras.

La consejera presidenta Guadalupe Taddei y la magistrada presidenta Mónica Soto tendría que preguntarse como mujeres y abogadas si van a tener el valor de poner un límite al autoritarismo del Presidente o si ya tomaron la decisión de rendirse.

López Obrador ya amenazó a magistrados y consejeros: “No me obliguen a leerles el artículo”. Lo que significa: No me obliguen a obligarlos a que le den a Morena los plurinominales que necesita para ganar las votaciones y consolidar mi proyecto.

El presidente es una iguana. Su mimetismo le sirve lo mismo para invitar a consejeros y magistrados a cometer un fraude a la Constitución que para decir, −cuando así le conviene−, que “todos estamos obligados a respetarla”.

También usa su capacidad mimética para rendir culto al pueblo o para ignorarlo. Defender la sobrerrepresentación ilegal significa ignorar la voluntad popular en las urnas, dar un manotazo a la pluralidad y dar a Morena, PT y el Verde votos que no recibieron.

Los ojos de México están puestos en el INE y el Tribunal Electoral. Quedaron al pie de un cruce de caminos: recuperar el espíritu de la norma para proteger la pluralidad, defender los cimientos de la democracia o darle a Morena todo el poder para que los destruya.

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