Abusos desmedidos de un poder desquiciado
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
El conflicto que ya lleva muchos meses y al que el gobierno del estado le apostó que sería la vía para colonizar y avasallar a la universidad autónoma de Sinaloa, fracaso. Les falló.
La fuente del conflicto utilizado en contra de la Casa Rosalina, la expedición de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, por el Congreso del Estado y publicada por el gobernador Rubén Rocha, les fue declarada inconstitucional por la autoridad federal, el Juez Primero de Distrito en el Estado.
No conformes con la sentencia recurrieron ante el Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, pero de manera maliciosa trataron de sorprender desistiéndose del recurso de revisión que habían interpuesto en contra de la sentencia de inconstitucionalidad. El tiro les salió por la culata.
Creyeron que con el desistimiento del recurso resolverían el problema de la sentencia que impedía aplicar la ley inconstitucional y recurren vergonzosamente a la Ley General de Educación Superior con fines de engañar a la sociedad y a la comunidad universitaria rosalina de que la reforma a la Ley Orgánica de la UAS se llevaría a cabo sin contratiempos.
Una salida que los exhibe de ineptos y desconocedores de la ciencia del derecho. Los diputados podrán no ser abogados, pero tampoco les impedía que pudieran asesorarse por expertos en la ciencia del derecho. Se quisieron pasar de vivos y el cuete está a punto de estallarles en la cara por bocones.
Se lanzaron contra la Universidad Autónoma de Sinaloa en una campaña de difusión de que la Ley Orgánica de la Casa de Estudios sería reformada y que no había nada que pudiera parar esa embestida del legislativo. Formaron todo un cerco mediático y derramaron millones de pesos en una difusión que les salpicará en sus rostros y se comerán todo el estiércol que le lanzaron a la UAS.
Vociferaron que la reforma iba porque iba, que aplicarían la Ley General de Educación Superior. Los diputados sabían que no era por ahí porque ellos ya habían decidido expedir y así lo hicieron la Ley de Educación Superior de Sinaloa. El misil les explotó porque les fue declarada inconstitucional.
En este espacio de opinión se dijo de manera reiterada que no cantaran victoria porque las respuestas llegarían y que era cuestión de tiempo. Los diputados se empecinaron e instalaron la Comisión de Educación y advirtieron que sesionaría de manera permanente y todavía se atrevieron a decir que la consulta para la reforma se llevaría por allá el día quince de agosto próximo. La soberbia y la sinrazón les azotará en el rostro cuando se los aperciba el Juez de Distrito para que le informen como le están dando cumplimiento a la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Educación Superior de Sinaloa.
Pruebas hay de sobra para demostrarle al Juez Federal que el incumplimiento de la sentencia es un hecho notorio por los acuerdos legislativos, el escándalo mediático que han instrumentado y las reuniones periódicas en el Congreso gritando a los cuatro puntos cardinales que la Ley Rosalina sería modificada aunque la UAS se opusiera. Hasta esos extremos de autoritarismo se ha demostrado por una autoridad legislativa irreverente e inmoral.
La incidencia era un procedimiento obligado.
Al inmoral e ilegal procedimiento iniciado por el Legislativo, había que detenerlo, porque los elementos de violación a la sentencia constitucional eran bastantes, por lo que el Juez de Distrito habrá de prevenir los términos de cumplimiento de la sentencia. Hay que detener esa rabia demencial en el Congreso.
La necedad infractora de la legalidad debe ser maniatada con el derecho y la razón. La Universidad Autónoma de Sinaloa ha demostrado en todo momento que ha sido respetuosa de la legalidad, que es partidaria de la rendición de cuentas y que todo el escándalo mediático perverso dirigido y pagado por el gobierno es para encubrir su incapacidad para gobernar. Les dijo quien escribe en este espacio de opinión, que era cuestión de tiempo. Estamos en él.
