Examen Sinaloense: odios, crímenes y atentados

  • La cacería rochista contra los Cuén
  • Berdegué: foto con el asesino
  • Le quitan la estrella a Estrella Palacios
  • El misterioso ataque a ADiscusión

Álvaro Aragón Ayala

El nombramiento del mazatleco Julio Berdegué Sacristán calentó al “enfermo” diputado local morenista, Feliciano Castro Meléndrez, quien, como si en realidad el futuro secretario de Agricultura y Desarrollo Rural fuera su amigo del alma, publicó en su Facebook una fotografía con él que generó especulaciones y el repudio del sector agrícola sinaloense.

El ex reo del penal de Aguaruto -preso en el año 1974 por crímenes deleznables-, aprovechó una fotografía que se tomó en la coyuntura de pasada elección presidencial con el intelectual, académico e investigador sinaloense para presumir que “vienen buenas expectativas para Sinaloa” y hasta adelantó el rescate de la rentabilidad del campo.

En la CAADES y en la Asociación de Agricultores de Culiacán el retrato causó mucho malestar, pues ubican a Castro Meléndrez como miembro del grupo de “Los enfermos”, con ingreso a la Liga Comunista 23 de Septiembre, que atentó contra el patrimonio y la integridad física, por allá, en los años ’70, de empresarios y agricultores de Sinaloa.

Feliciano Castro forma parte de aquella pandilla de “Los enfermos” que aún sobrevive por la magia rochista-, la cual intentó en un pasado no muy lejano destruir a la UAS y que participó en el asesinato de policías y judiciales (hoy ministeriales), en el secuestro de empresarios y agricultores, en asaltos a bancos y comercios y en la quema de autobuses y edificios públicos.

En la lucha de los agricultores y los campesinos del 2023 y 2024 por alcanzar mejores precios de garantía de sus cosechas de maíz, Feliciano satanizó las movilizaciones y linchó públicamente a los liderazgos de las organizaciones agrícolas como si se trataran de lacras sociales. Con esas cartas credenciales, teñidas de sangre, Feliciano Castro presentó su fotografía con Julio Berdegué Sacristán.

EN MAZATLÁN, EL PODER ATRÁS DEL TRONO

La dinastía Rocha Ruiz se prepara para gobernar el ayuntamiento de Mazatlán usando como figura decorativa a Estrella Palacios, ahijada del gobernador Rubén Rocha Moya, quien, en efecto, parapetó un megafraude electoral para reventar a Guillermo -Memo- Romero y consolidar el control familiar de ese municipio.

Estrella se pegó así la primera estrellada creyendo que ella iba a conducir la administración municipal. El jueves, en calidad de presidenta electa, recibió la primera regañada porque agendó una reunión con el alcalde en funciones, Edgar Augusto González Zatarain, a quien, tras la maltratada, dejó plantado.

Le dijeron que los asuntos de la administración mazatleca se tratan directamente en el Tercer Piso del gobierno estatal o con la dinastía Rocha Ruiz, no más; que Edgar Augusto no cuenta, porque además de que ya se va se le identifica con el equipo político de Merary Villegas y su mamá Victoria.

En Mazatlán no mandará entonces una mujer; tampoco tendrán influencia en el gobierno municipal el ex panista y el ex priista, Alejandro –“El Diablo”- Higuera Osuna y Fernando Pucheta Sánchez, quien en esta ocasión le quedará mal a su pescador preferido, un mulatón de ojos verdes que le despierta los más bajos instintos.

EL ATENTADO A LA REVISTA DIGITAL A DISCUSIÓN

Todavía no se termina de aclarar el asesinato del columnista de El DEBATE Luis Enrique Ramírez, cuando surge otro atentado criminal en la figura de una agresión a balazos, ahora, al diario digital ADiscusión. Si la investigación del homicidio de Luis fue contaminada con “retazos” de una novela policiaca, lo del ataque al edificio de la plataforma digital propiedad de César Millán Lafarga es todo un misterio.

Muy a su estilo, Rubén Rocha Moya se “lavó las manos” para que las sospechas no recayeran en él ni en los funcionarios de su gobierno, abriendo espacios a las interrogantes ¿Por qué balear a ADiscusión? ¿Hay interés en callarlos? ¿Pudo o no ser una acción criminal perpetrada por el gobierno rochista para culpar a alguno de sus opositores? ¿Qué está ocurriendo?

Lo único que se sabe a ciencia cierta es lo relatado por Jair Flores, ex jefe de información de Quirino Ordaz Coppel que despacha como director de ADiscusión y de que el fundador de ese medio de comunicación en su edición impresa, Humberto Millán Salazar, fue “levantado” y asesinado la mañana de un 24 de agosto trágico y que las autoridades no han movido un dedo para investigar y esclarecer el crimen.

LOS CUÉN Y EL LINCHAMIENTO PUBLICO

Rubén Rocha emprendió una cacería despiadada, criminal, contra la familia Cuén Díaz, buscando encarcelarla, pagando millonarias cantidades de dinero a los medios de comunicación -y eso que el gobernador argumentó “pobreza” presupuestal, para que la criminalice y la linche públicamente.

La familia Cuén Díaz sufre la embestida de una persecución política y judicial obsesiva, atentatoria a sus derechos humanos. Se le fabrican delitos y se le expone ante la opinión pública como si se tratara de personas sobre las que pesan sentencias por delitos abominables, cuando ningún juez penal ha dictado condenas en su contra.

Por paga, por el usufructo de los contratos de publicidad/propaganda que les otorga el gobierno rochista que no escatima en proveerlos de dinero, algunos medios de comunicación publican relatos inventados por el propio gobernador acusando de corrupción a los Cuén y bajo la consigna del mandatario estatal desencadenan juicios de valor, los juzgan y los sentencian.

Exacto: el colmo de la persecución es que los Cuén Díaz fueron ya sentenciados, señalados como culpables y “condenados” por Rocha y sus periodistas y medios de comunicación que con sus publicaciones violan los Derechos Humanos y la presunción de inocencia de los Cuén para quedar bien con quienes les paga.

La dinámica del linchamiento informativo de Rubén Rocha contra la familia Cuén Díaz es usado por los regímenes dictatoriales para generar odio y repudio social en contra de líderes políticos o universitarios, personas comunes, instituciones y colectivos sociales, con el propósito de justificar la criminalización y la fabricación de demandas y para abrir la posibilidad de matarlos o encarcelarlos.

Así, el gobierno puede asesinar y meter a prisión al que le venga en gana, al que le estorba o critica, con el pretexto de que son odiados por el pueblo. O sea, crea el escenario para la represión criminal apoyado por periodistas y medios de comunicación dispuestos a vender su alma al diablo por dinero y concesiones del poder.

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