La necropolítica comienza en el plato

Instituto Mora / Paula Estefanía Flores Arroyave

Estamos viviendo una época en la que la muerte no es una tragedia excepcional, sino una política administrada por los actores de poder, a nivel global, regional y local. Las imágenes que llegan desde Gaza, la violencia en las rutas migratorias o contra población migrante y las ejecuciones selectivas justificadas en nombre del orden muestran que ciertas vidas pueden ser sacrificadas sin que el mundo se detenga. No todas las vidas valen lo mismo y esa jerarquía es estructural.

A esta lógica, el historiador y teórico camerunés Achille Mbembe la llamó necropolítica: el poder de decidir quién puede vivir y quién debe morir. Pero hay una dimensión menos discutida de esta política de la muerte; aquella que no se dirige únicamente contra las personas, esa que no aparece en los debates sobre soberanía, seguridad o geopolítica. Esta es la que se ejerce cotidianamente contra los animales no humanos.

Si la necropolítica decide qué vidas humanas son prescindibles, el especismo establece, desde el inicio, que ciertas vidas simplemente no cuentan. Los animales no son considerados sujetos de derecho, sino recursos: alimento, materia prima, mercancía, espectáculo, fuerza de trabajo, insumo científico. Su muerte no requiere justificación extraordinaria; por el contrario, está incorporada al funcionamiento normal de la economía y la cultura en casi toda sociedad.

Cada año, decenas de miles de millones de animales son criados y sacrificados para consumo humano. A ellos se suman los utilizados para experimentación, entretenimiento, vestimenta, carga o los que son confinados de por vida en espacios de exhibición. No se trata de episodios excepcionales de violencia, sino de un sistema organizado de explotación que consideramos legítimo.

Aquí es donde la conexión se vuelve incómoda. Una sociedad que acepta que la vida puede valorarse en función de su utilidad, productividad o conveniencia, internaliza una jerarquía que no se detiene en la frontera de la especie. El especismo no es idéntico al racismo o al colonialismo, pero comparte con ellos una arquitectura ética y moral: la idea de que hay vidas plenamente protegidas y otras disponibles para ser usadas o eliminadas.

No se trata de comparar tragedias ni de diluir responsabilidades históricas, pero sí de reconocer que normalizar la dominación sobre los cuerpos animales constituye uno de los cimientos más profundos de nuestra ética política contemporánea. La pregunta, entonces, no es solo por qué toleramos la violencia cuando se ejerce contra ciertas poblaciones. La pregunta también es por qué nos resulta tan fácil aceptar que la explotación sistemática de miles de millones de animales sea parte del orden natural de las cosas.

¿Por qué el confinamiento, la reproducción forzada y la muerte industrializada nos escandalizan cuando afectan a cuerpos humanos, pero nos parecen prácticas normales cuando ocurren en granjas, mataderos, laboratorios o espectáculos? ¿En qué momento decidimos que hay vidas que no merecen respeto ni tienen dignidad, o que la capacidad de sentir dolor no es suficiente para merecer protección?

Nos indigna que el poder decida qué pueblos son sacrificables, pero rara vez cuestionamos qué especies lo son. Aceptamos, sin mayor conflicto, que miles de millones de animales vivan confinados, sean manipulados genéticamente, inseminados, mutilados y finalmente asesinados para sostener un modelo económico y hábitos que no son una necesidad biológica, sino una costumbre cultural.

Tal vez la necropolítica no comienza únicamente en los escenarios más extremos de violencia, en los conflictos armados ni en las fronteras militarizadas. Tal vez comienza mucho antes, en la aceptación cotidiana de que algunas vidas existen para ser usadas. Si normalizamos la idea de que la vida puede reducirse a recurso, ¿qué tan sólida puede ser nuestra defensa de la dignidad cuando esa misma lógica se desplaza hacia otros cuerpos?

La jerarquización de la vida es el hilo que conecta nuestras prácticas más íntimas con nuestras estructuras políticas más violentas. Cuando aprendemos que la vida puede evaluarse en términos de utilidad y rentabilidad, abrimos la puerta a que esa lógica se reproduzca en cualquier escenario de exclusión.

No basta con indignarnos ante la violencia cuando adopta la forma de guerra o represión estatal. La coherencia exige mirar también nuestras rutinas más normalizadas. Cada elección de consumo es un posicionamiento frente a la vida. Si sostenemos que ningún cuerpo debería ser tratado como desechable, entonces debemos preguntarnos qué estamos dispuestas y dispuestos a cambiar para que esa afirmación no sea solo retórica. 

Mientras sigamos aceptando que hay vidas destinadas a la explotación y la muerte por conveniencia, nuestra defensa de la dignidad seguirá siendo parcial. La pregunta no es si el cambio es incómodo. La pregunta es si estamos dispuestos a sostener una ética que no excluya a aquellos a quienes nunca hemos querido considerar.

En un mundo que discute qué vidas merecen ser vividas y cuáles son lloradas, tal vez la coherencia comienza por preguntarnos cuáles estamos dispuestos a dejar de sacrificar. ¡Liberación animal!