Cuando Tere Guerra pidió a la PGR que investigara a Enrique Inzunza
Álvaro Aragón Ayala
La renuncia a la candidatura a la diputación por el Partido del Trabajo por el Distrito Electoral Local No. 14 de Elizabeth Ávila Carrancio a raíz de las presiones gubernamentales por su posición en defensa de los derechos de la mujer y en contra de Enrique Inzunza Cázarez, impuesto por Rubén Rocha Moya como candidato de Morena al Senado de la República, desencadenó la protesta de colectivos feministas 8M, La Costilla Rota y se Buscan Feministas. El gobernador sigue quitando y dando posiciones para proteger al exmagistrado y expresidente del Tribunal Superior de Justicia y secretario general de Gobierno con licencia.
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En la campaña por el Senado, Enrique Inzunza recibe el apoyo de su compañera de fórmula Imelda Castro Castro y la candidata a diputada plurinominal María Teresa Guerra Ochoa, ex titular de la Secretaría de la Mujeres. Años atrás, Elizabeth Ávila, quien fungió como titular del Instituto Sinaloense de las Mujeres, y Tere Guerra, tomaron el “caso Enrique Inzunza” como un agravio para las mujeres de Sinaloa.
Sin embargo, Tere Ochoa dejó abierta la puerta a una negociación política a su favor al intentar llevar las acusaciones de acoso, hostigamiento sexual y violencia de género, enderezados por la Jueza Ana Karina Aragón Cutiño contra Enrique Inzunza en funciones de magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, al terreno de un pleito personal entre Juan José Ríos Estavillo, en aquel entonces Fiscal General, e Inzunza Cazarez. No lo logró. Elizabet Ávila se sostuvo en apoyar a la Jueza Ana Karina.
El día 2 de mayo del 2018, fuera de la jugada política, con el membrete del Colectivo de Mujeres Sinaloenses, Tere Guerra sostuvo que la Procuraduría General de la República debería investigar la denuncia penal por acoso sexual en agravio de Ana Karina Aragón Cutiño, alta funcionaria del Tribunal de Justicia del Estado, en virtud que se involucra en este delito al presidente del Poder Judicial, Enrique Inzunza Cázares, dijo.
Señaló que cuando el Fiscal General de Justicia de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, divulgó el caso, expuso tanto a la agraviada como a parte demandante en el escrutinio público, y señaló que priva un conflicto de interés en Ríos Estavillo, por lo que es recomendable que sea la instancia judicial federal la que investigue el delito de acoso sexual.
Guerra Ochoa manifestó que el hecho de que juezas, jueces y magistrados hayan salido a defender la integridad y la conducta del titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, implica una exoneración anticipada.
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En el 2021 el caso dio un viraje insospechado: Rubén Rocha corrió al Fiscal General Juan José Ríos Estavillo y colocó ahí, en esa posición, a una empleada de Enrique Inzunza, la ex jueza Sara Bruna Quiñónez. A Teresa Guerra la instaló en el INSMujeres que fue transformado en Secretaría de las Mujeres, y a Enrique Inzunza lo nombró su secretario general de Gobierno. En el 2024, Rocha Moya realizó otros movimientos en busca de la impunidad de Inzunza.
Presiona e impone a Inzunza como candidato de Morena al Senado de la República y a Tere Guerra como candidata a diputada plurinominal con el número 1 en la lista. En esa posición segura, en el Congreso Local intentará nombrarla líder de la bancada de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política para que lo proteja a él como gobernador y ataque a los directivos de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
En cambio, a Elizabeth Ávila le quitó la candidatura a diputada por el PT porque es crítica del régimen rochista y declarada “enemiga del Estado” y porque el 10 de octubre del 2023 lo comparó con “varguitas”, el personaje central de la película “La Ley de Herodes”, y lo acusó de proteger a Juan de Dios Gámez Mendívil y al propio Inzunza pese a estar acusados de acoso sexual. Acusó también a Tere Guerra, quien fungía como titular de la Secretaría de la Mujer, de actuar de manera agresiva contra las mujeres que están levantando la voz.
