Culiacán, 2ª llamada de una obra que podría culminar el 2 de junio

Facundo Rosas

Lo sucedido el 22 de marzo del año en curso en Culiacán, Sinaloa, con el “secuestro” de 66 personas durante la madrugada y parte de la mañana, más que otro “Culiacanazo” como el de octubre de 2019, parece ser una segunda llamada de una obra de corte político y delictivo que podría ser puesta en escena en vísperas del 2 de junio, con la tercera llamada.

La primera llamada tuvo lugar los días 5 y 6 de junio de 2021 antes y durante la elección intermedia en la que resultó electo el actual gobernador de Sinaloa, en la cual fueron “secuestrados” o “levantados” un estimado de 200 personas, entre operadores (9) y militantes del PRI para que no pudieran hacer su labor en favor de su partido los primeros y para que no pudieran ejercer su sufragio los segundos.

No puede entenderse de otra manera, ya que al igual que en 2021 en ésta ocasión la mayoría de las víctimas fueron liberadas horas después sin pedir rescate alguno a sus familiares y sin daños físicos aparentes.

El común denominador de ambos sucesos (octubre de 2019 y marzo de 2024) es que ninguna de las personas “secuestradas” ha querido ratificar su denuncia ante la autoridad correspondiente, ya que sienten temor fundado de sufrir alguna consecuencia después de haber sido sustraídas de sus domicilios durante la madrugada.

Lo anterior pese a la llegada de entre 600 y 900 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, que en los hechos son lo mismo, a la capital sinaloense para patrullar por aire y tierra y de esta forma ejercer una suerte de presión para que las víctimas fueran liberadas, lo cual finalmente sucedió pero sin que se registrara rescate alguno o fuera detenido algún presunto responsable.

Al cierre de ésta entrega seguían sin ser liberadas 8 de las 66 personas “secuestradas”, “privadas de la libertad” o “desaparecidas”, entre ellas 3 mujeres, sobre quienes ya fueron elaboradas sus respectivas fichas de búsqueda.

Quedan pendientes las labores de investigación que permitan dar respuesta a las denuncias presentadas al inicio del “secuestro” masivo ante la Fiscalía General del estado, con la dificultad que representa el hecho de que la mayor parte de las víctimas tan pronto regresaron a sus casas tomaron sus cosas y las abandonaron, presumiblemente en busca de resguardo con familiares o conocidos en colonias o comunidades diferentes del sitio donde fueron privadas de su libertad, sin saber por el momento cuál fue la verdadera razón.

Queda en el aire la identificación del hilo conductor que permita unir patrones y tendencias para dar con el modus operandi y así identificar a los presuntos responsables, lo cual obviamente no se logrará solo con patrullajes masivos, que además no fueron suficientes para rescatar a una sola víctima, peor aún en el transcurso del operativo de presencia se generó un enfrentamiento que trajo consigo la muerte de un elemento de la GN.

También queda sin aclarar la identidad de las “bandas” que de acuerdo al presidente de la República se encuentran confrontadas y cuyas consecuencias se tradujeron en el secuestro de 66 personas. De no existir confrontación alguna, estaríamos ante un “round de sombra” de un grupo criminal que planea y mide sus capacidades, además combate con un enemigo imaginario previo a una pelea que esta próxima a llegar.

Solo una cosa parece ser segura, que las autoridades continuarán sin ejercer el uso legítimo de la violencia para que el Estado mantenga su viabilidad, como lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de que de ella emanan, y de paso brindar seguridad y bienestar a la población.

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