Los derechos humanos en las campañas, entre balbuceos

Leopoldo Maldonado

Es llamativo que ni las candidatas ni el candidato presidenciales tengan en su plataforma de campaña los derechos humanos como tales. Pese a décadas de lucha por vigencia, en las narrativas del poder han resultado desdeñables. Seguramente dirán que en la “estrategia de campaña” no es atractivo hablar del tema, o bien, que están implícitos en algunas propuestas. Pero aun así su abordaje es pobre e insuficiente hasta el momento.

La narrativa del Presidente ha sido muy clara en colocar la lucha por los derechos humanos en una especie de repositorio ideológico neoliberal. La articulación social en torno a la defensa de estos derechos, dice el mandatario, solamente sirvió para crear organizaciones civiles que desviaron la atención de lo “realmente apremiante”. Para él siempre habrá una contradicción social primaria: ricos versus pobres. 

No yerra el Presidente en su diagnóstico cuando apunta a la desigualdad social y económica como fuente de muchos de nuestros males sociales. El problema es que, si bien la desigualdad forma parte de un piso mínimo importante en la comprensión de los problemas, no los agota. Así, la seguridad no mejorará atendiendo únicamente a los “ejércitos” de jóvenes en situación de pobreza (“las causas”, dice el obradorismo) sino entendiendo y atendiendo las complejas estructuras macrocriminales, el déficit institucional en el cumplimiento de la Ley, y un largo etcétera. 

El 1 de marzo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez posteó en X: “Desde los #DDHH hacemos votos para que se escuchen propuestas claras -sin descalificaciones- sobre cómo enfrentar la violencia, la impunidad y el aumento del control territorial delincuencial”. 

A ello, el Centro Prodh sumó en el hilo de X preguntas elementales que no han logrado esclarecer ni las candidatas ni sus vocerías, más allá de los lugares comúnes y generalidades: “¿Qué políticas se impulsarán para reducir homicidios? ¿Cómo se revertirá el protagonismo militar, reconstruyendo controles civiles externos sobre los castrenses? ¿Qué se propone para mejorar las fiscalías, pues son éstas -no la #SCJN- el real nudo de impunidad? ¿Qué medidas se adoptarán para enfrentar la crisis de desapariciones y el rezago forense, con participación de las familias? ¿Cómo se relanzará el sistema nacional de atención a víctimas, poniendo a las personas al centro? ¿Cómo se respetará el espacio cívico para que periodistas y actores civiles puedan realizar su labor sin estigmatizaciones desde el poder?”.

También es posible sumar preguntas sobre problemas apremiantes: ¿Cómo se van a articular salvaguardas al derecho a la tierra y territorio de comunidades indígenas azotadas por los megaproyectos? ¿Cómo se va a garantizar el derecho a un medio ambiente sano en dichos territorios? ¿Cómo se van a restañar las garantías institucionales de los derechos a la educación y a la salud? Ello por mencionar algunas.

La candidata Claudia Sheinbaum hace una mención genérica y prácticamente sin ningún desarrollo ulterior: “Se respetarán los derechos humanos y nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir al pueblo de México”, “Respetaremos y garantizaremos el respeto a la libertad religiosa, política, social, cultural y sexual de nuestra sociedad. Y combatiremos cualquier forma de discriminación, no al racismo y no al clasismo en México”. 

Amén de las propuestas en materia de seguridad que podrían llevar implícitas algunas cuestiones de derechos humanos, el proyecto político de Moren prevé “replicar” los éxitos en seguridad pública de la Ciudad de México a escala nacional. No es ni será fácil por la complejidad y multiplicidad de contextos en el país donde se han asentado verdaderos co-gobiernos criminales y por la diversificación de las economías ilegales cuyo flujo constante de capital es el sostén perpetuo de las estructuras organizativas delincuenciales. Pero además, tampoco es de presumirse los niveles altos de impunidad que se mantienen en la capital del país, situación que se comparte a nivel nacional.  En este entendido tampoco son muy claras sus 100 promesas sobre la relación con el poder militar.

Del lado opositor, no es extraño que las fuerzas de la coalición opositora que abanderan a la candidata Xóchitl Gálvez mencionen entre balbuceos los derechos humanos: cuando gobernaron su relación con la garantía y respeto de los derechos fundamentales fue sumamente conflictiva. Peor aún avanzan hacia un discurso efectista de “combate” y “mano dura” que siempre habilita abusos de poder. Han presentado ahora “15 puntos” en seguridad que deberán revisarse con lupa. Destaca la mención genérica a la protección de la prensa y la defensoría de derechos humanos, sin aterrizarlo.

Más allá de todo lo anterior, resulta preocupante que los derechos humanos como tales sean un balbuceo imperceptible en la narrativa de las campañas. Cuando en 2011 se decidió transitar en plena forma a una democracia constitucional, los derechos humanos se pusieron en el centro de la vida pública. Siendo así, las personas son el núcleo esencial de la acción del Estado, con especial énfasis en las víctimas. 

A ello las organizaciones de la sociedad civil han abonado con diagnósticos precisos acompañados con propuestas de políticas públicas. Dichas propuestas son una verdadera reestructura de Estado en clave de derechos humanos. Pero eso no parece un plan a futuro para las fuerzas políticas más allá de una narrativa manida y vacía. 

Si las políticas de Estado (seguridad, educación, salud) no se articulan bajo el manto programático de los derechos humanos, es muy probable que sigamos padeciendo una relación clientelar, corporativa, opaca, y autoritaria entre sociedad y Gobierno.