Los miedos de Rubén Rocha a la mesa de diálogo y negociación

Álvaro Aragón Ayala

Rubén Rocha Moya pretende “reventar” la mesa de diálogo y negociación ordenada por Andrés Manuel López Obrador para buscarle solución al diferendo Gobierno del Estado-Universidad Autónoma de Sinaloa por el temor fundado de que el presidente de la República y Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, le ordenen detener la persecución política-judicial contra los directivos de la Casa Rosalina y que desmonte las falsas carpetas de investigación y las demandas que obran en la Fiscalía Estatal de Justicia y en los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia de Sinaloa.

Los asesores jurídicos de Rubén Rocha, entre los que sigue figurando el exsecretario general de Gobierno y candidato al Senado de la República por Morena, Enrique Inzunza Cázarez, valoraron los inconveniente políticos y jurídicos de acudir a una mesa de diálogo y negociación con las autoridades de la UAS en la que participen funcionarios de la Segob, personal del área jurídica de la Presidencia, funcionarios de la Subsecretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e incluso personal de la Auditoría Superior de la Federación, y concluyeron que se les caería el montaje armado contra los directivos de la Universidad.

Si no es así ¿Por qué, entonces, quienes se autonombran los “zares de la anticorrupción” contra los directivos de la UAS y que figuran como los cerebros de la creación de la Ley de Educación Superior del Estado, declarada por los jueces federales inconstitucional por violar la autonomía universitaria, y sobresalen como los autores de la fabricación de las demandas penales se niegan participar en una mesa de diálogo y negociación si, se supone, que les asiste la razón jurídica? La respuesta es contundente: porque saben que el perverso entramado político-jurídico contra las autoridades universitarias está sustentado en falsedades.

La mesa de diálogo y negociación ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como propósito ir a la raíz del problema, buscar el origen del conflicto y establecer verdades jurídicas, políticas y administrativas para determinar a ciencia cierta quién de las dos partes, Rubén Rocha o la UAS, posee la razón jurídica para, a partir de ahí, tomar decisiones contundentes. O se regresa y contínua el “caso UAS” siendo atendido por la Fiscalía estatal y los juzgados locales, con sus vertientes a los tribunales federales, o de plano se cierran todos los casos y se deja en paz a los directivos de la Casa Rosalina.

Rubén Rocha se opone a la mesa de diálogo y negociación porque sabe que no es de su competencia el control financiero-administrativo-político de la UAS ni ninguna la ley lo faculta para vigilar y fiscalizar a la UAS en su ejercicio presupuestal ni en su proyección académica. Está consciente de que la Universidad no depende del Gobierno Estatal ni de la estructura orgánica de la Secretaría Estatal de Educación y Cultura. La UAS es una institución autónoma que se rige por la Constitución General de la República y la Ley General de Educación Superior, y su quehacer está normado por la SEP Federal, la SHyCP y la Auditoría Superior de la Federación.

El gobernador de Sinaloa sabe bien, también, que en la mesa de diálogo y negociación, la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Educación Pública determinarán que el origen del diferendo Rubén Rocha-UAS es la emisión de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, la “Ley Rocha”, diseñada para romper la autonomía y tomar por asalto la Casa Rosalina y que su rechazo motivó la despiadada persecución política y judicial contra los directivos universitarios.

Rocha Moya no quiere ir a la mesa de dialogo y negociación porque funcionarios de la SEP, SHyCP y de la Auditoría Superior de la Federación establecerán ahí, que el gobierno del Estado, la Fiscalía Estatal, el SATES, la UIPES y la Auditoría Superior del Estado, no tienen por qué entrometerse en la vida interna de la UAS ni tienen facultad legal para revisar o auditar el ejercicio de su presupuesto mucho menos para estipular daños patrimoniales a la máxima casa de estudios.

Dado que es la Auditoría Superior de la Federación la única facultada para dictaminar si los directivos de la UAS incurren en desvíos o en daño patrimonial a la institución y a la hacienda pública federal y de que sólo un fallo de esta naturaleza apoyado por las auditorías federales puede derivar en demandas penales contra los directivos universitarios en la Fiscalía General de la República y que, por tanto, las querellas que armó Rubén Rocha con el apoyo de “investigaciones periodísticas” y la Fiscalía General de Justicia del Estado carecen de argumentación jurídica y son falsas, son montajes.

Aunque ya el asunto de la Ley de Educación Superior del Estado está en los tribunales federales y la mayoría de las demandas penales son revisadas por jueces federales, Rubén Rocha rechaza la mesa de diálogo y negociación en la ciudad de México porque de acusador pasaría a acusado obligándolo a dejar en paz a la UAS y a cancelar su proyecto que pretende encarcelar, violando todo tipo de leyes, a los directivos de la institución de educación superior. El gobernador quiere “encerrar” en Sinaloa el “caso UAS” porque en su estado manosea las leyes y ejerce un férreo control de la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia y otras dependencias.

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