Sinaloa: patrullas compradas a sobrecosto durante la administración de Rubén Rocha
Luis Herrera
Los vehículos que fueron adquiridos durante el año 2022 por el Gobierno de Sinaloa, que encabeza el mandatario Rubén Rocha Moya, para ser utilizados en el ámbito de la seguridad pública, fueron obtenidos a sobreprecio, generando así una afectación multimillonaria para el erario, según lo determinó la Auditoría Superior de la Federación.
Los sobreprecios que no pudo justificar el Gobierno de Rocha Moya fueron detectados por la Auditoría Superior de la Federación, al comparar los costos unitarios que había programado esa autoridad para el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), con respecto a los que terminó pagando en los hechos.
Los “pagos en exceso” que fueron encontrados por la Auditoría Superior y que ocasionaron un daño para la hacienda pública por más de 22 millones de pesos, estaban presentes en las compras que se hicieron de vehículos y motocicletas tanto para la Secretaría de Seguridad Pública como para el ámbito de la Procuración de Justicia.
El Gobierno del Estado de Sinaloa, indica el órgano auditor, programó recursos del FASP para ser invertidos en el Programa con Prioridad Nacional (PPN) denominado “Equipamiento e Infraestructura de los elementos policiales y las Instituciones de Seguridad Pública”, específicamente en el subprograma “Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública”.
“Para la adquisición de 5 motocicletas con un costo unitario de 240 mil pesos, 34 vehículos con un costo unitario por 710 mil pesos y 26 vehículos municipales con un costo unitario por 569 mil pesos; sin embargo, adquirió 3 motocicletas con valor unitario de 400 mil pesos, 26 vehículos con un costo unitario de 929 mil pesos y 14 vehículos municipales por 1 millón 057 mil pesos cada uno”.
Las compras realizadas para la procuración de justicia, no obstante, también arrojarían sobreprecios.
“Programó 21 vehículos con costo unitario de 307 mil pesos de los cuales adquirió 17 por un costo unitario de 380 mil pesos; además, en el subprograma ‘Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos’ programó 3 refrigeradores de laboratorio con un costo unitario de 28 mil pesos de los cuales adquirió 2 por 42 mil pesos cada uno”, indica el documento.
El informe de la Auditoría Superior permite señalar por cada compra a cuánto ascendió el sobreprecio detectado. De esta manera, comenzando por las adquisiciones de la Secretaría de Seguridad Pública, puede indicarse que las motocicletas que debieron costar 240 mil pesos cada una, terminaron costando 400 mil pesos por unidad, por lo cual el sobreprecio fue de 66.70 por ciento (se programaron cinco unidades, pero solo se compraron tres).
Los vehículos para la dependencia del estado que debieron costar 710 mil 600 pesos cada uno, en los hechos tuvieron un precio individual de 929 mil 200 pesos, por lo cual el sobrecosto detectado fue del 30.80 por ciento (se planificó la compra de 34 unidades, pero solo se adquirieron 26).
El sobreprecio que presentaron los vehículos municipales adquiridos fue el más grave de todos. En este caso, cada unidad debió costar 569 mil 200 pesos, sin embargo, en realidad el Gobierno de Rocha Moya pagó un millón 057 mil 100 pesos por cada vehículo, por lo cual el sobrecosto fue de 85.72 por ciento (se programó la adquisición de 26 unidades, pero solo fueron 14).
Procuración de Justicia
Las adquisiciones que realizó el Gobierno del mandatario Rocha Moya, para las labores de Procuración de Justicia en Sinaloa, presentaron los siguientes sobreprecios específicos, según la información del órgano auditor federal.
En el caso de los vehículos que debieron costar cada uno 307 mil 800 pesos, tuvieron un valor individual real de 380 mil 300 pesos, por lo cual el sobreprecio detectado fue del 23.50 por ciento (el Gobierno estatal había previsto la adquisición de 21 unidades, pero solo se compraron 17 finalmente).
Los hallazgos de la Auditoría Superior muestran que las compras con irregularidades para el ramo de la seguridad pública en Sinaloa, no fueron exclusivamente de vehículos y motocicletas, sino también de equipos especializados como los refrigeradores de laboratorio. Al respecto, cada uno de estos refrigeradores debió tener un costo de 28 mil 600 pesos, no obstante, su valor real individual fue de 42 mil 800 pesos, es decir, un sobreprecio del 49.50 por ciento (la autoridad proyectó comprar tres, pero solo fueron dos).
“De lo anterior, se verificó que no se rebasó el monto asignado a los subprogramas, sin embargo, no se justificó el motivo por el cual se adquirió un menor número de bienes a un precio superior al programado, lo que generó pagos en exceso por 22 millones 482 mil pesos, tampoco se presentó la autorización por parte del SESNSP de las adecuaciones a las unidades y montos originalmente convenidos, ni se alcanzaron las metas programadas; en incumplimiento del Convenio de Coordinación del FASP, suscrito entre el Gobierno estatal y la Federación”, concluyó la Auditoría Superior de la Federación.
La observación
Con base en estos sobreprecios que caracterizaron a las compras que efectuó el Gobierno de Rocha Moya durante el 2022, dentro del ramo de la seguridad pública, la Auditoría Superior emitió esta observación por un monto millonario:
“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 22 millones 482 mil 904.78 pesos, más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no justificar la adquisición de un menor número de bienes a un precio superior al programado y por la falta de la autorización, por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de las adecuaciones a las unidades y montos originalmente convenidos, en incumplimiento del Convenio de Coordinación del FASP, entre el Estado y la Federación”.
