Candidatos municipales quedan fuera del protocolo de protección del INE y Gobierno, pese a ser más vulnerables
Animal Político
El esquema de seguridad diseñado por el Gobierno federal y el INE contempla las candidaturas federales y las de las nueve entidades que renuevan sus gubernaturas, pero no a miles de personas que competirán por cargos municipales y diputaciones locales que, según todos los estudios disponibles, son las más vulnerables frente al crimen organizado.
El protocolo que presentó la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, a los partidos el pasado 7 de febrero señala que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) proporcionarán y garantizarán la seguridad de los candidatos que contenderán a la Presidencia de la República, las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán; la Jefatura de Gobierno de la CDMX; así como a los candidatos al Senado y la Cámara de Diputados.
Es decir, se ofrece la intermediación del INE para atender las solicitudes de seguridad de las y los candidatos a 638 cargos públicos, pero según datos del propio INE, en las elecciones federales y locales de 2024 se votará para elegir 20 mil 375 cargos; entre los que destacan, mil 803 ayuntamientos de 30 estados (todos, salvo Durango y Veracruz) y mil 98 diputaciones de 31 Congresos locales (todos, salvo Coahuila).
Violencia contra candidatos en la elección 2024
En la que el INE llama “la elección más grande de la historia”, se elegirán, además, 14 mil 429 regidurías, mil 975 sindicaturas y 431 cargos municipales auxiliares.
De acuerdo con estudios del propio INE y de organizaciones como Data Cívica y su proyecto Votar entre Balas; la agencia Laboratorio Electoral; el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México e Integralia, es a nivel municipal donde más riesgo corren las candidatas y candidatos.
Data Cívica señaló en su último informe mensual que, de 105 asesinatos de políticos documentados en los últimos cinco años, el 86 por ciento fueron de personas que contendían a cargos municipales, el 10 por ciento a cargos a nivel estatal y el 4 por ciento eran candidatas(os) a diputaciones federales.
De los 30 homicidios que el INE registró contra aspirantes en las elecciones federales y locales de 2021, todos fueron contra precandidatos o candidatos a presidencias municipales, regidurías y diputaciones locales.
De los 16 homicidios que Laboratorio Electoral ha documentado entre junio de 2023 y febrero de 2024, 13 fueron contra aspirantes a cargos municipales.
Lee más: El INE solicitará al gobierno protección a candidatos amenazados; partidos ven insuficiente la medida
Sin embargo, el protocolo del INE y el gobierno federal está diseñado para aspirantes a cargos federales y a gubernaturas (incluida la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México), y sólo señala que se recomendará replicarlo a los gobiernos estatales y los Organismos Públicos Locales Electorales.
El INE instaló una mesa de coordinación con el gabinete de seguridad el pasado 5 de diciembre, en el que se habló de instalar mesas similares en los estados, a quienes corresponderá atender las solicitudes de protección hechas por candidatos a cargos municipales y diputaciones locales.
Hasta el momento, el INE no ha informado en cuantas entidades ya se instalaron dichas mesas de coordinación, o en cuáles ya se implementa el protocolo entre OPLE y gobiernos estatales.
En qué consiste el esquema de seguridad
El documento que entregó la consejera presidenta del INE a los representantes de los partidos la semana pasada describe como propósito “proveer de un esquema de seguridad” a las candidatas y candidatos que contenderán por los 638 cargos contemplados, y detalla que se trata de tramitar a través de los partidos un servicio de seguridad que se ofrecerá por Fuerzas Federales.
“La procedencia del servicio tomará en cuenta el nivel de riesgo (alto, medio y bajo), el cual se conforma por tres aspectos: 1. los resultados del análisis de riesgo formulado por la Guardia Nacional, 2. la incidencia delictiva de las entidades y 3. las amenazas a su persona que hayan recibido y denunciado ante la autoridad competente”.
El análisis de riesgo se llevará a cabo por la Guardia Nacional y, según se lee en el documento, la protección se otorgará a las candidatas y candidato a la Presidencia, y a quienes aspiran a una gubernatura, pero a las candidatas y candidatos al Senado y la Cámara de Diputados “solamente se les proporcionará seguridad a aquellos en que en el análisis de riesgo resulte alto y que previamente hayan recibido y denunciado amenazas”.
En los casos de alto riesgo se otorgará escolta con 10 elementos y 4 vehículos; en nivel medio, 8 elementos y 3 vehículos, y en nivel de riesgo bajo 2 elementos y 1 vehículo.
El INE entregó ya a los partidos políticos los formatos que deberán llenar para solicitar la protección de sus aspirantes cuando se presenten las amenazas.
