AMLO dará acceso a los archivos de Ayotzinapa a familiares de los 43 normalistas desaparecidos
Europa Press
El Gobierno mexicano informó a los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 que dará acceso a todos los archivos del caso, incluidos los militares, entre el 4 de enero y el 4 de marzo por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Comprometido con los principios de verdad, memoria y justicia”, destaca la misiva recibida por los familiares, firmada por el presidente de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, Félix Arturo Medina, y difundida por la Presidencia mexicana.
Medina, quien también es el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, reiteró a las familias de los desaparecidos “el compromiso del Gobierno de México de trabajar sin descanso hasta dar con el paradero de sus hijos y de llevar a cabo las acciones necesarias para el esclarecimiento de los lamentables hechos ocurridos a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero”.
En su escrito, Medina señala que el gobierno federal ha actuado con “total transparencia y se ha entregado toda la información que se ha solicitado, como se ha informado por escrito y de forma directa”.
La decisión satisface una de las demandas clave de las familias de los desaparecidos, aunque el Gobierno considera fundamental que la apertura no sea indefinida.
Los 43 estudiantes de la escuela rural para formación de maestros de Ayotzinapa desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 después de ser perseguidos a tiros y detenidos por policías, que los entregaron a un grupo criminal por causas no esclarecidas en lo que muchos consideran un claro ejemplo de un caso de desaparición forzosa por parte de las fuerzas mexicanas.
La hipótesis oficial de que fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula fue refutada por los expertos, que consideran que no existen evidencias científicas para sostenerlo. A esto se suma el informe de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia, que apunta a que la desaparición de los estudiantes fue un crimen de Estado.