Código político: autonomías, movilización y antidemocracia
Álvaro Aragón Ayala
Al cierre del año es importante realizar un análisis, una valoración, de los conflictos por los que atraviesan las universidades: la Universidad Autónoma de Sinaloa, que elige a sus autoridades con base en un sistema democrático ejemplar, y la Universidad Autónoma de Occidente, cuya elección del Rector descansa en un modelo antidemocrático que los diputados de Morena se han negado a reformar pese a la exigencia del total, del conjunto, de la comunidad universitaria.
Para entender el tema hay que precisar que el gobierno de Rubén Rocha Moya creó una confrontación con la Casa Rosalina al aprobar, con destino manifiesto, la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, violatoria a la autonomía de las universidades públicas, y la metió a una confrontación encauzando el linchamiento periodístico y la criminalización pública, política y judicial de los funcionarios de la institución, inventándoles delitos de corrupción.
Rubén Rocha generó así un conflicto en donde no existía y provocó una reacción en cadena de la comunidad universitaria rosalina que mandó la lectura de que la defensa de la autonomía compactó a los universitarios, los sumó y unió, alcanzando una fuerza demostrada en varias manifestaciones masivas con el poderío suficiente para desestabilizar y zambutir en la ingobernabilidad al gobierno rochista.
Los universitarios no tenían ningún problema con el gobernador Rubén Rocha hasta que decidió promulgar la Ley de Educación Superior del Estado y eligió estallar una “guerra sucia” contra la UAS y sus funcionarios construyéndoles demandas con el control de la Fiscalía, la UIPES, el SATES, la Auditoria Superior del Estado, para destituirlos e intentar encarcelarlos violando el Código Penal y el de Procedimientos Penales, la presunción de inocencia y el debido proceso.
El gobierno de Rocha Moya paga millones de pesos a medios de comunicación impresos, digitales, televisivos y radiales para mantener la narrativa de la corrupción universitaria, mientras los funcionarios de la UAS y su cuerpo de asesores jurídicos ya comenzaron a ganar amparos en los tribunales de distrito y en los tribunales colegiados en contra de la Ley de Educación Superior del Estado y los juicios penales que se han instruido en su contra.
Este diciembre, después de varias manifestaciones universitarias, a las que acudieron, a una más de 120 mil uaseños, y otra que “asustó” a los diputados del Congreso Local que por la presión determinaron no celebrar en una primera instancia -después lo realizarían- el segundo informe de labores del jefe del Ejecutivo Estatal, Rubén Rocha dio un paso lateral para direccionar a la Universidad Autónoma de Sinaloa recursos federales para que sume el monto económico que requiere la institución para el pago de los aguinaldos de los trabajadores en activo y los jubilados.
En una mesa de trabajo en la que no está bajo negociación la “transferencia de la autonomía” al gobierno del estado, el área de administración y finanzas del gabinete rochista sostiene reuniones con funcionarios de la UAS para establecer la normatividad del pari passu, programa mediante el cual la SEP-Federación se compromete a aportar la misma cantidad de recursos que aporte el gobierno estatal para cubrir los aguinaldos. El mismo sistema impuso la SEP en otras once universidades con presupuestos restringidos.
LA IMPOSICIÓN EN LA UAdeO
La Universidad Autónoma de Occidente atraviesa por el proceso de relevo de su Rectora, Sylvia Paz Díaz Camacho. El cambio de la máxima autoridad institucional descansa en un mecanismo de elección antidemocrático, violatorio a la autonomía universitaria, pero “ajustado” a la Ley Orgánica de la universidad Lince que tolera la participación de “personajes externos” en el proceso comicial Rectoral y en la vida interna de esa institución.
A diferencia de la UAS que goza de un sistema que involucra a todos los universitarios por medio de sus representantes, más de 225 consejeros universitarios, en la elección de su Rector (a) y la de las autoridades de las preparatorias, escuelas y facultades, en la UAdeO una Junta de Gobierno, integrada por 7 personas, 4 de las cuales no pertenecen a la Universidad Lince, decide el nombramiento de Rector o de Rectora. Los 4 son conocidos con el mote de “ los externos”.
En la Universidad Autónoma de Occidente se simula un proceso de auscultación en la comunidad universitaria para posteriormente pasar los nombres de los aspirantes a Rector “mejor calificados” a un Consejo Universitario atomizado, minúsculo, que es el que presenta las propuestas a la Junta de Gobierno, diseñada para que el gobierno del Estado, vía el Rector o la Rectora, no pierda el control político-administrativo de la Universidad Lince.
El consejo lo integran únicamente 2 maestros y 2 estudiantes por Unidad Regional, controlados por la Rectora. En la UAdO hay 14 programas educativos (escuelas) y sólo dos de ellas tienen representante ante el Consejo. En la Junta de Gobierno de la Universidad Lince tienen mayoría “los externos”, lo que permite controlar la elección y cerrar la posibilidad para que no llegue el que quieran los consejeros que sí pertenecen a la institución, pero que son minoría, y que también pueden obedecer las consignas de la Rectora en turno, en este caso.
En varias ocasiones la comunidad universitaria ha precisado ante los diputados de Morena que la autonomía de la UAdeO “nació muerta” en el 2018 toda vez que la Junta de Gobierno no representa a la comunidad universitaria y es un absurdo que participen en la Junta y en la vida interna de la institución superior “personajes externos”, en abierta violación a la autonomía universitaria y al cogobierno. Los legisladores se han negado a reformar la Ley Orgánica de la Universidad Lince.
