A 5 años de la 4T, un poder central que devora pesos y contrapesos

Dalila Escobar

El paso de Andrés Manuel López Obrador por la Presidencia de la República causó un retroceso de más de tres décadas en la manera de gobernar, advierte analista.

Centralizada y dedicada a debilitar pesos y contrapesos del poder, la administración del político tabasqueño se ha ocupado en desprestigiar al resto de posiciones críticas a él, pero al mismo tiempo en justificar las irregularidades y carencias de quienes, con sus actos, expresan lealtad al mandatario.

Para Karolina Gilas, integrante del Equipo de Investigación del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, y politóloga de la UNAM, aún es complicado definir qué tipo de régimen se originó con la llegada de López Obrador. Para abundar, recurre a una imagen: es como ubicarse en medio de una barda y “nos estamos asomando entre la democracia y del otro lado miramos algo más cercano a un régimen dictatorial, un régimen de corte autoritario, como que todavía no decidimos dónde queremos aterrizar”. 

La también integrante de la “Red de Politólogas – No sin mujeres” afirma: “Yo creo que sí está construyendo una Presidencia como las que ya no solíamos tener desde mediados de los 90, mucho más centralizada y que pretende debilitar a los diferentes pesos y contrapesos. Podemos pensar en el Poder Legislativo, el Judicial, pero también en todos los órganos autónomos, por supuesto, como el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y el Instituto Nacional Electoral (INE)”.

El control llega hasta los gobernadores que, de acuerdo con Gilas, han perdido el peso político como actores centrales que habían logrado con la transición, y que en la actualidad, al ser dominadas por Morena y en la lógica de responder y satisfacer los deseos del presidente, han dejado de servir a la articulación de los intereses estatales y se alinean a lo dictado desde el poder central.

“Creo que está construyendo ese tipo de Presidencia más abarcadora; además, con políticas públicas con una visión muy neoliberal porque lo que ha hecho en estos cinco años es privatizar al Estado, no fortalecerlo”, apuntó. 

Una de las principales críticas que hace es a la política de transferencias directas, que son necesarias para atender carencias, pero “es un mensaje del Estado que dice ‘te vamos a dar mil o dos mil pesos, pero es tu problema y tú arréglate’, cuando sabemos que con esos mil o dos mil pesos mensuales o bimestrales no hay manera de resolver estos problemas de fondo”.

También maestra en Ciencias Políticas por la Universidad de Szczecin (Polonia), Gilas expone que la principal preocupación es el uso de recursos públicos y el mismo aprovechamiento de la figura presidencial con fines que no son de neutralidad. 
“A mí en lo particular me preocupa la relación que hay entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en este sexenio porque esa mayoría oficialista con la que cuenta -que en principio no es ni extraño ni fuera de lugar, ni necesariamente negativo, hemos tenido presidencias que han contado con importantes mayorías en el Congreso- es muy peculiar en cómo percibe o entiende su función frente al Ejecutivo, y creo que lo hemos podido observar en numerosas declaraciones por parte de algunos de los legisladores, en particular morenistas, cuando dicen con claridad que ellos están ahí para apoyar al Ejecutivo; y a mí me parece que justo no es por ahí la cosa”. 

Un hecho natural es que los legisladores compartan ideas cuando son del mismo partido que el presidente, “pero creo que aún así se espera y se exigiría en una democracia que los legisladores tengan una visión más crítica a las ideas del Poder Ejecutivo y, lo mínimo, un ejercicio propio, profundo, del trabajo legislativo; es decir, analizar, revisar, ponderar en qué medida esas propuestas son buenas, constitucionales y contribuyen al desarrollo del país”, explicó. 

En realidad, afirma, no hay mayor escrutinio frente a lo que envía el Ejecutivo al Legislativo, y el riesgo de esa posición son algunos de los resultados que se han observado en decisiones que terminan en acciones de inconstitucionalidad en el Poder Judicial, donde, a su vez, tienen que trabajar en medio de ataques desde el atril presidencial.

Esto ha sucedido con los temas de militarización, energéticos y electorales que terminaron en acciones de inconstitucionalidad. 

“Y justo sobre esa relación con el Poder Judicial, en particular con la Suprema Corte, hay un antes y un después de la Presidencia del ahora exministro Zaldívar, quien ha tenido una muy clara posición cercana a las transformaciones que está proponiendo el presidente López Obrador y fue mucho más dócil”. 

A diferencia de lo que piensa el mandatario federal, la también autora del libro Sistema de comunicación política a partir de la reforma 2014. Serie Temas Selectos de Derecho Electoral apunta que la situación cambió con la llegada de la ministra Norma Piña porque, sin necesariamente buscar confrontar al presidente, hace un contrapeso, que es exactamente el trabajo de este Poder y que al mismo tiempo es una buena señal de democracia, que se opaca con los ataques del mandatario federal. 

“El Poder Judicial tampoco está ahí para hacer feliz al presidente ni al Congreso. Está para vigilar la Constitución y proteger derechos, y si al final del día el presidente no va a estar contento con esas decisiones, bueno, pues eso tiene que ser así, para eso se busca una estructura tan compleja que permita desde diferentes ángulos la creación de esos balances, pesos y contrapesos para que nadie se quede con demasiado”, afirmó. 

Desacatos de Presidencia

Al llegar las críticas, explica Gilas, “cuando un poder empieza a minar la legitimidad, la validez, la legalidad, las decisiones del otro estamos frente a un problema importante en la democracia”; aparte está el desacato en el que de manera recurrente cae el presidente López Obrador en resoluciones importantes, el ejemplo está en el Tren Maya. 

“Una gran pregunta y un gran problema de nuestro sistema es ¿quién sanciona al presidente?, nadie lo puede hacer más que el Congreso con un juicio político” y, de nuevo, se está ante un Legislativo con mayoría al servicio del Ejecutivo, donde, además, el mandatario busca el Plan C para arrasar con mayoría calificada. 

Para lograr el control del Poder Judicial, López Obrador propone tres elementos más: la reforma al Poder Judicial, con la cual busca una elección popular de sus integrantes; la inminente designación presidencial de una ministra más afín a su movimiento, para tener cinco votos en su favor ante cualquier controversia, y la idea de crear otro tribunal dentro de la Corte, lejos del Consejo de la Judicatura Federal, para vigilar y sancionar la actuación de integrantes del Poder Judicial. 

“Tiene que terminar en algún punto, no podemos tener infinitas instancias revisoras, que en este caso es la Suprema Corte”, dice la analista. 

La nueva propuesta sería estrictamente política y no jurisdiccional; es decir, no del trabajo legalmente bien hecho, sino del que se tenga desde una percepción política.

En el discurso el presidente dice que su administración impulsa la democracia. Para los especialistas “es una palabra muy bella, un ideal que muchos quieren realizar y que, a lo largo de la historia, y desde diferentes posiciones ideológicas, se le ha dotado de definiciones. Guardando las proporciones, agrega la investigadora, la Unión Soviética decía que era una democracia, Cuba hoy dice que es un régimen democrático y pues eso no es cierto”. 

Impacto verde olivo

Otra herencia que dejará López Obrador, “la más preocupante”, es la protección y empoderamiento que dio a las Fuerzas Armadas, que debería representar, dice, una alarma para quien lo suceda, por abrirles una puerta que será difícil de cerrar y revertir. 

“Va a ser una transformación muy difícil de deshacer; yo sí me sumo a estas voces muy críticas a la militarización. Me parece que, salvo cuestiones absolutamente excepcionales, las fuerzas castrenses no deben ser utilizadas en los trabajos de seguridad civil por mil razones. Una de las primeras, y más importante, es la capacitación, la finalidad a la que responden, que no los preparan para manejar los casos civiles y que también históricamente nuestro país y otros países siempre sabemos en qué clase de abusos deriva el involucramiento de las fuerzas castrenses en tareas de seguridad civil”.

No sólo eso, en su poder tienen también el manejo de un gran número de actividades, desde la construcción de obras para después controlarlas, hasta las aduanas, así como la formación de elementos para la seguridad pública, aunado al amplio reconocimiento del presidente al grado de llamarlos “el ángel de la guarda del pueblo de México”, y al titular de la Secretaría de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, como “un hombre incorruptible”. 

“Parece ser que una de las ideas que tiene el presidente López Obrador es que el Ejército lo hace mejor porque no discuten, no se quejan y sólo ejecutan. Yo creo que eso en el fondo genera más problemas justo por esa lógica de ejecútese, hágase sin una reflexión, cuestionamiento o discusión, propios de los procesos democráticos.

Karolina Gilas también cuestiona la efectividad en reducir los recursos económicos al dejar las obras en manos castrenses, pues se ha demostrado que los costos que se proyectaron para las obras se han multiplicado en gran medida. 

Otro aspecto es generar la idea de que las Fuerzas Armadas son absolutamente libres de los vicios, corrupción y otras irregularidades, lo cual no es real y bajo ese panorama se observa que será muy difícil que esas funciones regresen a manos civiles, alerta la experta. 

Ataques a la prensa

Los medios de comunicación también han sido blanco de ataques del presidente. El mandatario no acepta cuestionamientos y, en cambio, denuncia a la prensa de colocarse en uno de los extremos. 

“Es muy sensible ante la crítica, y en lugar de asumirla, reconocerla y procesarla, ataca siempre y le niega la legitimidad a quienes critican. Insisto, es muy preocupante para una democracia, que implica no estar atacando y negando la legitimidad a cualquiera”, afirma la autora de la publicación Libertad de expresión en el ámbito electoral en México a la luz de los estándares internacionales. 

Como gran pendiente de este gobierno, Gilas también menciona el respeto y la defensa de una agenda de mujeres, pese a que el mismo López Obrador se ha proclamado “el presidente más feminista”. La deuda que la 4T tiene con el feminismo no sólo es por la descalificación a movimientos que se han manifestado para recordarle sus derechos, sino que se les ha abandonado en las políticas públicas. Esta realidad también se observa al interior de su gabinete. 

“El presidente en su visión es una persona profundamente conservadora, creo que tiene que ver por supuesto con sus valores tradicionales, de cuál es el lugar de la mujer en la sociedad. Y pese a que tenemos paridad en el Congreso y en posiciones incluso relevantes en el gobierno, eso no implica que estén en la igualdad de condiciones en las que han estado los hombres. 

“Por ejemplo, cuando Olga Sánchez Cordero llegó a la secretaría de Gobernación, muchas funciones se fueron de ahí. Cuando Adán Augusto López la reemplazó, muchas de esas funciones regresaron; pero hoy otra vez se fueron con Luisa María Alcalde. Las relaciones del poder siguen en el fondo y, en su mayoría, en las manos masculinas”, crítica la académica.

En materia de feminismo en el contexto de las campañas presidenciales, la doctora Karolina Gilas, también enfocada en la investigación sobre la representación política de las mujeres y grupos subrepresentados, violencia política de género, sistemas electorales y derecho electoral, observa que de las dos mujeres que hoy contienden por la Presidencia de la República ninguna tiene una agenda feminista. 

Ni Claudia Sheinbaum ni Xóchitl Gálvez tienen vínculos o sensibilidad real frente al movimiento feminista y a sus demandas, asegura.