Gobierno de Rubén Rocha reprobado en transparencia

El Gobierno del Estado de Sinaloa ha reprobado en transparencia en los procesos de contratación en obra pública.

El artículo 4 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas establece 30 parámetros de transparencia obligatorios para contratación por licitaciones públicas, así como 28 para adjudicaciones directas, pero las dos principales dependencias que construyen están reprobadas en los indicadores: la Secretaría de Obras Públicas y el Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa (ISIFE).

En Obras Públicas la puntuación de transparencia sobre procesos de licitación pública es un cumplimiento del 45.3 por ciento. Mientras, la puntuación de transparencia sobre procesos de adjudicación directa es del 20.4 por ciento.

En el caso de ISIFE, la puntuación de transparencia sobre procesos de licitación públicas es un cumplimiento del 21.5 por ciento, en tanto que la puntuación de transparencia sobre procesos de adjudicación directa es del 6.6 por ciento.

Esa reprobación no es menor, y como ejemplo es que hay por lo menos 76 obras que no cuentan con contratos o algún otro documento que permita conocer quién construyó y cuánto se les pagó.

Iniciativa Sinaloa, organización civil especializada en temas de transparencia y rendición de cuentas, elaboró la tercera edición del Índice de Transparencia de Obras Públicas (ITOP), cuyos hallazgos son reveladores respecto a la resistencia del gobierno de Rubén Rocha Moya sobre estos rubros.

“Es importante la revisión de estos indicadores de transparencia, específicamente el cumplimiento en las obligaciones de la plataforma Compranet Sinaloa, porque de esta manera podemos advertir ante un incremento de opacidad y si las autoridades están incurriendo en ciertas prácticas o irregularidades en materia de contrataciones públicas”, dijo Marlene León Fontes, Directora de Iniciativa Sinaloa.

Se revisó un periodo de 18 meses de gobierno (del 1 de enero de 2022 al 30 de junio de 2023), los cuales abarcan 495 obras contratadas por la Secretaría de Obras Públicas y otras 453 por el Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa (ISIFE).

Fueron 30 indicadores para los procesos de licitaciones públicas y 28 para los procesos de adjudicación directa. El resultado: se observa un panorama de opacidad sobre $2,634,466,402.25 (2 mil 634 millones 466 mil 402.25 pesos) entre ambas dependencias.

“Creemos que es fundamental que el gobierno de Rubén Rocha Moya eleve sus niveles de cumplimiento en materia de transparencia, tanto para ISIFE como para la Secretaría de Obras Públicas, porque de esta manera a los ciudadanos nos garantiza que las obras se están realizando correctamente y el recurso que se está destinando para este fin se está utilizando de manera adecuada y con total transparencia”, señaló León Fontes.

LOS HALLAZGOS
Los procesos de transparencia son elementales para conocer cómo se gasta el dinero público, pues este debe ser usado esencialmente para obras con beneficio social, entre ellas que no haya calles con baches o carreteras en poblados alejados de centros urbanos.

Durante 2022 Iniciativa Sinaloa hizo la misma revisión del ITOP en dos ocasiones. En la primera ocasión se tuvo un resultado del 7.24 por ciento en transparencia, pero en la segunda revisión se hizo un esfuerzo desde la Secretaría de Obras Públicas, llegando a superar el 10.72 por ciento. Sin embargo, la mejora se suspendió.

En un periodo de 18 meses que abarca la administración de Rubén Rocha Moya, la Secretaría de Obras Públicas en Sinaloa llevó a cabo la contratación de empresas para un total de 495 obras.

Entre esas, hay 25 obras de las cuales no se ha transparentado el contrato o documento que establezca el monto asignado y permita conocer qué empresas las ganaron. De las 458 obras restantes, que se conoce que sí se llevaron a cabo, se utilizó un total de $1,967,657,755.74 (mil 967 millones 657 mil 755.74 pesos) del presupuesto.

El desglose de los fondos revela que se realizaron 205 licitaciones públicas, con un gasto de $1,827,756,964.85, y 253 adjudicaciones directas, que absorbieron $139,900,790.89 MXN. A pesar de la inversión, la puntuación de transparencia en procesos de licitación pública es del 45.3%, mientras que en adjudicación directa es del 20.4%.

La revisión de este 2023 sobre los apartados de transparencia incluyó al Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, que emprendió la contratación de empresas para 453 obras en el mismo periodo de 18 meses, con solo una obra declarada desierta.

Se encontró también que en 51 procesos de contratación de obra no se cuenta con contrato o algún documento publicado en el portal de Compranet que establezca el monto asignado o el nombre de la empresa ganadora.

De las 401 obras ejecutadas, se utilizó un total de $666,808,646.51. El desglose muestra que se realizaron 34 licitaciones públicas, con un gasto de $182,726,519.03, y 367 adjudicaciones directas, con un uso de $484,082,127.48.

En este caso, la transparencia también es un desafío, con una puntuación del 21.5% en licitaciones públicas y del 6.6% en procesos de adjudicación directa.

La revelación de estas cifras destaca la importancia de una mayor transparencia y rendición de cuentas en la ejecución de proyectos públicos en el estado, siendo crucial para fortalecer la confianza de la ciudadanía en la gestión gubernamental.

Para ello, Iniciativa Sinaloa realizó una serie de recomendaciones dirigidas al Poder Ejecutivo y Legislativo con la intención de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas desde las Contrataciones Públicas, tales como:

*Cargar en el sitio CompraNet Sinaloa toda la información obligatoria en los procesos de contratación de obra pública;

*Acelerar los procesos de investigación interna ante las omisiones por falta de transparencia; Integrar a la brevedad posible los Comités de Obras Públicas;

*Involucrar a la participación de los testigos sociales en los procesos de contratación;

*Dar a conocer las estructuras de las empresas participantes en los procesos de contratación, pues ello facilita evitar algún conflicto de interés o identificar patrones de asignación de obras a una misma empresa y sus socios;

*Sancionar a quien resulte responsable por las omisiones en materia de transparencia;
*Integrar a la legislación de carácter obligatorio la publicación de los estudios de mercado y la lista de los beneficiarios finales, y

*Revisar la legalidad de cada una de las contrataciones realizadas bajo la modalidad de adjudicación directa.

(INICIATIVA SINALOA)

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