Intrigas y mentiras. Gobierno sin moral. Las fortalezas en la UAS
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
Tiene razón el Gobernador, los bloqueos no resolverán la situación penal de los funcionarios perseguidos políticamente de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
El control de las instituciones estatales está en manos del Gobernador. La Fiscalía que dejó de ser autónoma para convertirse en un instrumento represivo del gobierno. El Poder Legislativo y la Auditoría Superior del Estado, otros paleros del Gobernador.
El Poder judicial cierra ese grillete de complicidades porque cuenta con Jueces de Control que se prestaron para dictar resoluciones contrarias a la legalidad siguiendo las indicaciones del propio Gobernador ¿Por ese motivo, el Gobernador tiene la razón?
La corrupción no está en la Universidad Autónoma de Sinaloa, esa la tienen que buscar en el Gobierno del Estado y seguro que la van a encontrar. Se robaron del despacho de Feliciano Castro un número considerable de cheques que fueron cobrados y no se sabe quien se los robó y quien los cobró. Alrededor de cien millones de pesos que la Fiscalía no los puede aclarar. Pero también está el homicidio en perjuicio de Atilano Román que la propia Fiscalía debe resolver ¿quién es el asesino?
Está también esa resolución criminal del Congreso al reservar la información de los gastos facturados por los funcionarios estatales por consumo de alimentos en los años 2021 y 2022, medida que resulta por demás ilegal porque es información pública que los ciudadanos deben conocer. Es gasto realizado con recursos públicos, pero para el Congreso y la Auditoría Superior del Estado no hay delito que perseguir ¿Dónde estará la corrupción Gobernador?
Tampoco se ha resulto por la fiscalía estatal el tráfico de plazas en la SEPyC, las rentas de la USE, el fraude al SAT y otros, pero tienden la cortina de humo difundiendo sin prueba alguna, que la corrupción está en la UAS. Por el contrario, la UAS si tiene pruebas con las resoluciones dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las que se tiene que la Auditoría Superior del Estado no es competente para auditar los recursos propios de la UAS y aun así el Gobernador ha ordenado que los procesos sigan su curso por un supuesto delito de abuso de autoridad inexistente ¿eso no es persecución política?
Por eso es que el Gobernador tiene la razón, porque de sus órdenes dependen las instituciones responsables de integrar carpetas de investigación plagadas de ilegalidades porque los hechos que las sustentan no configuran ningún delito y aun así las judicializan y dictan autos de vinculación a proceso de manera ilegal y arbitraria.
En las instituciones del Estado los funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa no serán reconocidos sus derechos individuales y humanos, porque las autoridades que deberían ser autónomas dejaron vergonzosamente de serlo para convertirse en bufones del Gobernador, mismas que les han vedado toda consideración y respeto a sus garantías constitucionales.
El bloqueo al que se refiere el Gobernador, Feliciano Castro y Ricardo Madrid, no constituye un bloqueo como lo afirman, es el derecho a la libre manifestación de una comunidad universitaria agraviada por las perversas ilegalidades y persecución política en contra del Rector Jesús Madueña Molina y otros funcionarios, que violentan el régimen de autonomía y autogobierno de la Universidad Autónoma de Sinaloa que la constitución y la ley le otorgan.
Tiene razón el Gobernador cuando dice que no es con bloqueos como se liberarán de la responsabilidad penal los funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa perseguidos por el Estado. En efecto, las instituciones represivas bajo el mando del Gobernador no actúan en la legalidad porque tuercen la ley a la conveniencia del amo que están sirviendo.
En los procesos ha quedado demostrado también que los recursos públicos con los que se llevaron a cabo las compras supuestamente ilegales, se hizo con recursos federales por lo que las autoridades estatales no tienen competencia para integrar carpetas de investigación y menos para judicializar asuntos de los que son competentes ¿no es actuar en la ilegalidad y con revanchismo político al remover al Rector Madueña Molina e integrantes del Comité de Adquisiciones con decisiones aberrantemente ilegales?,
La Universidad Autónoma de Sinaloa, es un ente público transparente y sujeto a la revisión de su presupuesto. Las cuentas las rinde a la Auditoría Superior de la Federación, instancia constitucional para revisar a la UAS.
La transparencia y la rendición de cuentas es una realidad en la Universidad Autónoma de Sinaloa. La intriga y las mentiras vienen del Gobierno del Estado porque no tienen otro discurso para justificar esa arbitraria persecución política en contra de los funcionarios universitarios, pero que al final saldrá la luz que seguirá iluminando el universo del águila dorada que viste a la Universidad de los sinaloenses con su lema: “Sursum Versus”.
