El gobierno pidió a Iberdrola cesar los arbitrajes para comprar las 13 centrales
Diana Nava
El gobierno federal pidió a Iberdrola terminar con los arbitrajes internacionales que la española había comenzado y con todos los procesos legales que ésta abrió en juzgados y tribunales mexicanos como parte del acuerdo para comprar 13 de las centrales que la compañía tiene en el país.
Fuentes relacionadas con el proceso y funcionarios han dicho a Expansión que esta petición fue incluida en el acuerdo al que se sometieron ambas partes para concluir la adquisición, y que hasta ahora se mantiene como privado.
Iberdrola y el gobierno mexicano han mantenido una fuerte disputa legal en todo lo que va del sexenio, derivado principalmente de los cambios legales promovidos desde la administración federal, como el aumento en las tarifas de porteo (de distribución) que pagan las centrales privadas, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y modificaciones relacionadas con las plantas de autoabasto –que Iberdrola posee en gran número–.
La española abrió al menos dos procesos de arbitraje en un tribunal internacional en los últimos años. Uno de ellos relacionado con la central Topolobampo III –que se incluye en el paquete de adquisiciones, y que aún no ha entrado en operación– y otro más en relación con la planta El Carmen y un desacuerdo por un pago de gas que la estatal CFE le distribuyó durante la tormenta de Texas de febrero de 2021.
Ni la CFE ni Iberdrola han dado a conocer el cese de los procesos. Aunque la estatal ha dado a conocer en sus últimos estados financieros una disminución en el número de arbitrajes que enfrenta, sin dar más detalles al respecto.
La eléctrica española también tenía abiertos procesos en los juzgados especializados en competencia económica. Uno de ellos relacionado con la sanción histórica de más de 9,000 millones de pesos que el regulador del mercado le impuso en junio del año pasado a uno de los activos de su filial Iberdrola Monterrey. La compañía solicitó un amparo para evitar el pago de la multa.
Todos estos procesos, según las fuentes, tuvieron que ser finiquitados para continuar con el resto de pasos para concluir el acuerdo en diciembre próximo. Iberdrola fue consultada, pero un portavoz de la compañía declinó hacer comentarios.
Una fuente del gobierno federal, que habló bajo condición de anonimato, dijo que el cese de los procesos legales también fue necesario para que las autorizaciones que Iberdrola tenía pendientes en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) pudieran ser resueltas y entonces el proceso de compra pudiera avanzar.
“No es que realmente Iberdrola se quiera deshacer de sus litigios. El asunto de fondo es que la regulación de la Comisión Reguladora de Energía dice que las migraciones –un proceso para modificar los permisos– no se pueden llevar a cabo en tanto tengan conflictos legales con la CRE”, dijo la fuente. “Y entonces ahora ellos mismos han estado desistiendo de estos procesos”.
Ayer Expansión informó que el regulador del mercado ya concluyó con todos los procesos regulatorios para el cierre de la compra.
Iberdrola es probablemente la compañía privada que más procesos legales ha iniciado en desacuerdo a la política energética actual y algunas modificaciones que han cambiado el modelo de negocio del sector privado. La española y el gobierno federal han enfrentado disputas en todo lo que va del sexenio.
Iberdrola y el gobierno mexicano acumulaban años de disputas y procesos legales que les llevaron incluso a cortes internacionales. “Hemos tenido algunas discrepancias, pero el diálogo lo puede todo, el diálogo y la buena voluntad”, dijo el presidente López Obrador en el video cuando anunció la compra.
El acuerdo se anunció de manera sorpresiva en abril pasado por un monto de alrededor de 6,000 millones de dólares. Las plantas serán operadas por la estatal CFE, aunque el gobierno federal es quien aportará los recursos para su adquisición.
La compra se ha anunciado como parte de un plan para que la CFE recupere participación en el mercado de generación eléctrica, uno de los principales objetivos presidenciales.
