Se autodescalifica para ser ministra
Carlos Marín
La consejera jurídica del Ejecutivo federal, María Estela Ríos González, comete la imprudencia de documentar supina ignorancia de las atribuciones de los ministros y el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia, delatando lo inconveniente y peligroso de que el presidente López Obrador la imponga como sustituta de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en el pleno del máximo tribunal constitucional.
Sueña un impedimento para que el ministro Javier Laynez Potisek se excuse de presentar el proyecto de resolución de la acción de inconstitucionalidad que interpuso medio centenar de senadores de oposición contra la extinción de fideicomisos del Poder Judicial.
Quiere que su petición se turne al pleno para que resuelva la improcedente solicitud.
Laynez resolverá si admite o no a trámite la acción de inconstitucionalidad contra el decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para desaparecer los fideicomisos cuyo valor asciende a 15 mil millones de pesos.
Ese dinero lo ambiciona la 4T desde antes de que Otis azotara Acapulco y otros municipios de Guerrero, y que después prometió destinarlos al auxilio de la población afectada.
“Con el escrito de cuenta, fórmese y regístrese el expediente físico y electrónico relativo al impedimento que plantea la consejera Jurídica del Ejecutivo federal (María Estela Ríos González), a quien se tiene por reconocida la personalidad que ostenta en representación del Poder Ejecutivo federal, en el que manifiesta: Vengo a solicitar que el ministro Javier Laynez Potisek se excuse para conocer de la acción de inconstitucionalidad señalada al rubro.
Laynez todavía no la ha admitido a trámite pero, pasándose de lanza, la consejería se adelanta con tan descocada petición.
En el recurso, los senadores alegan que la extinción de los fideicomisos atenta contra la Constitución y la separación de poderes y además busca debilitar al Poder Judicial.
López Obrador propuso a la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, catafixiar los fideicomisos por la aprobación íntegra del presupuesto solicitado por el PJF para 2024. La señora le respondió tener la mejor disposición de dialogar para convenir la manera de respaldar a los damnificados, dejando claro que lo que no se puede violar son los derechos laborales de sus trabajadores (garantizados en seis de los 13 fideicomisos).
Ríos González desconoce que en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales no proceden los impedimentos, debido a que no están previstos en la ley reglamentaria.
La Corte ha permitido, pero solo de manera excepcional, la procedencia de impedimentos, únicamente cuando estos son planteados por la propia ministra o ministro, pero nunca cuando son solicitados por un tercero (casos extraordinarios llegan a ocurrir cuando una ministra o ministro ha participado en la elaboración y aprobación de alguna norma impugnada).
