La UAS, defensa de la universidad pública
Ernesto Hernández Norzagaray
Ya lo razonamos en otra colaboración: la embestida contra las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa podría ser un laboratorio de un proyecto político de captura de las instituciones estatales de educación superior.
La conversión del artículo tercero constitucional y de la ley General de Educación Superior que garantiza la autonomía universitaria en un bodrio legislativo que pretende desaparecerla para ponerla al servicio del grupo gobernante en turno –Sinaloa está gobernada por Morena– ha provocado una tensión derivada del abuso de poder del Gobernador Rubén Rocha Moya quien, con una visión autocrática, pretende tener control absoluto de las instituciones del estado.
Ya lo ha hecho con el Poder legislativo y el Judicial, que, para muchos universitarios, dicta órdenes y crea el problema con el grupo dirigente de la UAS con quienes había ido alianza electoral en 2021 bajo la fórmula Morena-Partido Sinaloense y contribuyeron haciéndolo Gobernador.
Así, el pasado martes un Juez de control suspendió temporalmente a Jesús Madueña Molina, Rector de la máxima casa de estudios de los universitarios sinaloenses, bajo el supuesto de que él junto con otros cuatro funcionarios representan un obstáculo para realizar investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en la institución rosalina.
Este conflicto se inició en febrero de este año cuando habiendo fallado la seducción del Gobernador para que Madueña Molina accediera aceptar el proyecto de la inconstitucional ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa dio el siguiente paso –que, dicho de paso, es producto de una incongruencia, la Ley General de Educación Superior vigente es una hechura del Gobernador cuando como Senador presidió la Comisión de Educación– intervino la mayoría morenista en el Congreso del Estado para realizar las reformas a la Constitución local y su ley reglamentaria que, entre otras disposiciones, establece que en lo sucesivo las autoridades universitarias deberían aceptar la interferencia del Poder Ejecutivo y el Legislativo en los asuntos universitarios.
Que representaba simple y sencillamente institucionalizar la violación de la autonomía universitaria y, desde entonces, aumentó la tensión entre el Gobierno del estado y la Universidad, que con la separación del Rector alcanza el nivel de alarma en el ámbito nacional y se fortalece la hipótesis de que está en marcha el proceso de captura de la UAS y de ahí, para adelante, el resto de las universidades públicas estatales.
Ante tal despropósito político el pasado miércoles las autoridades universitarias y los sindicatos realizaron movilizaciones en los 20 municipios del estado y se calcula que participaron, aun con las inclemencias de clima prehuracanado, más de 100 mil universitarios en la calle en defensa del rector Madueña Molina y la autonomía universitaria.
Incluso, por el interés que suscitó la movilización dentro y fuera del estado, se calcula también que cientos de miles de cibernautas siguieron las marchas a través de las redes sociales lo que estaba pasando en las calles sinaloenses.
Ante esta alarma de emergencia la ANUIES emitió un pronunciamiento en defensa del Rector Madueña Molina y, de la autonomía de la UAS, al reconocer que es el Consejo Universitario la única instancia con competencias legales para suspender al titular de la máxima casa de estudios lo que significa que ven arbitrariedad y abuso del Gobierno de Rubén Rocha Moya y por ello, llaman a reconsiderar su actitud y buscar una salida institucional al conflicto.
En el mismo tenor las autoridades de la UNAM se pronunciaron por su vocación institucional la proximidad de la sucesión de Rector y los pronunciamientos en contra que ha hecho el Presidente López Obrador. Expresamente señala: “La decisión de carácter judicial mediante la cual se habría separado al Rector representa una inaceptable intromisión en la vida universitaria y una clara violación a la autonomía de la UAS, en virtud de que su designación y remoción es una prerrogativa exclusiva del del Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la institución, tal como lo dispone su Ley Orgánica. En este sentido, corresponde exclusivamente al Consejo Universitario determinar lo conducente, y no a una orden de autoridad judicial que pretende atropellar el principio de autonomía universitaria consagrado en la Constitución Política de nuestro país”.
Tanto las autoridades de la ANUIES, como las de la UNAM llaman a la conciliación entre las partes, sin embargo, no es un asunto fácil si lo que hay detrás del gobernador y el presidente López Obrador, es una concepción del poder que pasa por encima de las disposiciones que regulan la vida en las universidades públicas.
Las UAS, no tiene mucho margen de actuación, cuando lo que se le demanda es que renuncie a su autonomía y permita que con un interés político el Gobierno autocrático meta las manos en ella para encontrar -y, seguramente, lo encontrara porque ese es el objetivo- que le permite avanzar en el proceso de captura de la Universidad.
Claro, cabe también la posibilidad de que ante la presión instalada ya en los medios de comunicación nacional, los locales en su mayoría están bajo control, de un paso atrás para tomar aire y enfilar una estrategia de distensión que tiene como punto de partida el reconocimiento del abogado Robespierre Lizárraga, quien detentaba el cargo de secretario general y conforme a la ley orgánica de la institución, es el “encargado de despacho de la Rectoría” en tanto se resuelve el amparo que ha interpuesto el Rector ante las instancias federales.
Sin embargo, no podemos olvidar que la estrategia del Gobernador y la fiscalía estatal han abierto expedientes en contra de los más importantes funcionarios de la UAS y uno de ellos, es contra Robespierre Lizárraga a quien se le acusa que como Director Jurídico de la Universidad obstaculizó el acceso del personal de la Auditoria Superior del Estado alegando, precisamente, que representaba una violación a la autonomía porque la rendición de cuentas se hace normalmente ante la Auditoria Superior de la Federación.
En definitiva, el conflicto interinstitucional ha entrado a una fase donde los límites del estado le han quedado estrechos y será más claro cuando veamos cual es la estrategia del obradorismo frente a la sucesión en la UNAM y por lo pronto, lo que vemos, es que varios morenistas y filomorenista han levantado el brazo para decir quiero e, incluso, Claudia Sheinbaum tiene candidato(a) pero, eso, es otro tema con la misma intención de captura.
