Caso UAS puede “reventar”el Tribunal de Justicia de Sinaloa
Álvaro Aragón Ayala
Los procesos penales armados por Rubén Rocha Moya en venganza porque los funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa rechazaron la Ley de Educación Superior del Estado, querellas que obran en manos de los jueces de control, están a un tris de “reventar” el Tribunal Superior de Justicia de Sinaloa, el cual pudiera ser objeto de “observaciones” y de sanciones por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El gobernador de Sinaloa ha gastado millones y millones de pesos para que, a priori, los medios de comunicación beneficiarios con contratos publicitarios juzguen, criminalicen, acusen y sentencien públicamente al Rector Jesús Madueña Molina, a funcionarios del Comité de Adquisiciones, al abogado general de la UAS, Robespiere Lizárraga Otero, y al dirigente del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda y su familia.
Esa inversión destinada a los ataques tiene como propósito que se pierda la idea original, la raíz del problema o el nacimiento del diferendo con la UAS, que consiste en la oposición de la comunidad universitaria a la aplicación de la Ley de Educación Superior del Estado, violatoria a la autonomía universitaria, y que prime la sospecha de la corrupción para intentar deshonrar a los funcionarios universitarios y a Cuén, vía, también, los procesos penales.
La perversa construcción de demandas en poder de los jueces de control, de los que se sabe reciben “línea” del gobernador Rubén Rocha Moya y de Enrique Inzunza Cázarez para vincular a proceso a los funcionarios de la UAS, tiene como origen a la impugnación legal realizada por los universitarios que impide al gobernador Rubén Rocha y su pandilla tomar por asalto a la UAS.
La estrategia de Rocha Moya está en “quiebra”. La sociedad sinaloense sabe de la cesión de millones de millones de pesos a algunos medios de comunicación para dibujarlo como una “blanca paloma”, imagen que contrasta con la realidad. El mandatario estatal no ha podido sembrar la idea de que quiere a la universidad, porque en cada paso que da emprende acciones destructoras en perjuicio de la Universidad del Conocimiento.
Los procesos leguleyos, sostenidos con “recortes de periódicos” o fotocopias de plataformas digitales y “testigos” comprados exprofeso pudieran “reventar” la poca credibilidad que le queda al Supremo Tribunal de Justicia, cuya figura rodó por los suelos cuando fungía como presidente magistrado Enrique Inzunza Cázarez, convertido ahora en uno de los operadores de la conspiración contra la UAS.
Constitucionalmente, el gobernador Rubén Rocha Moya y sus lacayos están impedidos para ejercer un poder sin límites sobre los individuos y las instituciones autónomas y no autónomas. Para evitar el abuso del poder, es fundamental, guste o disguste, que el Estado cuente con una división de poderes. Así, la parte orgánica de la Constitución es la que organiza al poder público.
La propia Constitución creó al Poder Judicial de la Federación, al cual confirió la defensa del orden constitucional, que queda garantizada mediante el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y la facultad de investigación prevista en el artículo 97 de la Constitución Federal. Es el Poder Federal el que pone limites a los atropellos que cometen los jueces locales en los estados.
Así, pues, si en el “Caso UAS” los jueces de control tuercen la ley por consigna del Poder Ejecutivo, no solo ellos pueden ser alcanzados por el imperio de la ley federal, sino que el propio Tribunal Superior de Justicia pudiera ser “intervenido” por el Poder Judicial de la Federación. El suceso sería histórico porque destaparía la cloaca del Tribunal de Sinaloa donde impera la corrupción, el trafico de la ley y el nepotismo.
