Poder Judicial de Sinaloa: servidumbre y defensa de la injusticia
Ernesto Alonso López
En un país democrático, la independencia del poder judicial es un pilar fundamental para garantizar la justicia y el Estado de derecho. Lamentablemente, nos enfrentamos a un sistema político que, lejos de promover la verdadera democracia, sume al poder judicial en una servidumbre total a los intereses de la injusticia. En este artículo, examinaremos de manera crítica las características de un poder judicial sin voz propia, sometido y cómplice de la perpetuación de la injusticia.
Una de las principales características de este sistema judicial sin voz es su falta de autonomía frente a los demás poderes del Estado. En lugar de actuar como un contrapeso independiente, el poder judicial se pliega a las órdenes y presiones del poder ejecutivo y legislativo. Las decisiones judiciales se ven influidas por intereses políticos, prevaleciendo los designios del poder sobre los principios legales y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Otra característica alarmante es la ausencia de transparencia y rendición de cuentas. Este poder judicial sometido se protege a sí mismo, evitando investigaciones y sanciones a jueces corruptos o incompetentes. El nepotismo y la falta de mérito en los nombramientos judiciales son moneda corriente, socavando aún más la confianza de la ciudadanía en un sistema que debería velar por la equidad y la justicia.
Además, este sistema judicial se caracteriza por su lentitud e ineficiencia en la administración de justicia. Los casos se arrastran interminablemente, dejando a las víctimas sumidas en la incertidumbre y a los culpables en la impunidad. Esta situación beneficia únicamente a aquellos con poder y recursos económicos, quienes manipulan el sistema judicial a su antojo. Mientras tanto, los ciudadanos de menores recursos enfrentan barreras insuperables para acceder a una justicia equitativa.
Es imperante reconocer que un poder judicial sometido y sin voz propia constituye una afrenta directa a los principios democráticos y a la igualdad ante la ley. En lugar de ser un baluarte de los derechos y la equidad, se convierte en una herramienta al servicio de los poderosos y una barrera infranqueable para los más vulnerables. Para construir una sociedad verdaderamente justa, se requiere una reforma profunda y valiente del poder judicial, garantizando su independencia, transparencia y eficiencia. Solo así podremos recuperar la confianza en un sistema judicial que defienda los intereses de todos y no solo de unos pocos privilegiados.
