Rocha Moya genera conflicto con EEUU; Larry Rubin lo califica de “irresponsable”

Álvaro Aragón Ayala

Dada su tendencia a la caza de pleitos y su falta de oficio para gobernar que lo induce al ataque y la fabricación de imaginarios para judicializar el diálogo, el gobernador Rubén Rocha Moya le sumó a la pésima imagen de Sinaloa, capital mundial del fentanilo y caldera de violencia extrema, la generación de conflictos con repercusiones nacionales e internacionales.

Rocha Moya ha sido incapaz de gobernar Sinaloa con el estandarte de la paz y el encuentro respetuoso con la sociedad y con los ciudadanos participativos. El estado es un verdadero caos por las acciones que hacen repuntar la ingobernabilidad. La tesis indica que donde hay ingobernabilidad no hay gobierno.

En la etapa más álgida de su enfrentamiento con los productores de maíz, el gobernador trató de lavarse las manos del problema de la comercialización de grano culpando a los bodegueros, a los que calificó como una mafia, y luego a los industriales incitando a los agroproductores a tomar las instalaciones de Maseca, Cargill y Minsa.

“Gruma (Maseca), Minsa y Cargill están boicoteando nuestro programa y ellos son los responsables, no el presidente; ellos son los responsables de que tengamos problemas para que se venda a buen precio nuestro maíz. Y les digo a los que protestan, y se los digo en serio, más que buscar una cita con el presidente, los invito a que localicemos sus plantas y vayamos, yo voy con ellos, y vamos a tomarlas”, dijo.

De inmediato, Larry Rubin, que preside la American Society of México (Sociedad estadounidense en México), que representa a más de 2 millones de “gringos” que viven en México, a las empresas norteamericanas y las ONG´s estadounidenses respondió con dureza. Una de las tareas de Larry Rubin es proteger la inversión de los Estados Unidos en México, así como las empresas de la Unión Americana que operan en el país.

“Exigimos una rectificación de parte del gobernador debido a que este acto claramente incita al delito. Resulta inconcebible que un funcionario de su posición respalde la ilegalidad y el crimen. Estamos buscando al Gobernador para explicarle que sería más apropiado que se enfoque en el desarrollo de su estado y en atraer mayores inversiones, en lugar de realizar acciones como esta que únicamente ahuyentan a inversionistas serios que buscan contribuir positivamente en México”, escribió Rubin en su Twitter.

Y agregó: “Resulta sumamente irresponsable que Rubén Rocha, Gobernador de Sinaloa, haya sugerido una acción carente de legalidad en su estado, como la ocupación de bodegas pertenecientes a empresas estadounidenses. Estas compañías cumplen con sus obligaciones fiscales, generan miles de empleos y realizan inversiones en México”.

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) y la Cámara Nacional del Maíz Industrializado (Canami) llamaron a que en el conflicto con los maiceros se respete el Estado de Derecho, al considerar anormal que sea el propio gobernador Rubén Rocha quien incite a tomar instalaciones de Gruma, Cargill y Minsa.

A través de un comunicado, ambas organizaciones afirmaron que las medidas de Rocha atentan contra la certidumbre jurídica y la atracción de inversión.

“El llamado del mandatario estatal podría tener repercusiones negativas en todo el país, porque es contrario al Estado de Derecho. Esta no es la vía para resolver un conflicto y menos cuando se pretende tomar instalaciones de empresas que generan empleo, inversión y oportunidades”, afirmaron en conjunto.

Reclamaron que una situación como la que plantea el mandatario estatal podría provocar que, así como hoy se pretende atentar contra la industria del maíz, luego pueda suceder lo mismo con cualquier otra industria, por lo que llamaron a las autoridades federales y estatales a instalar una mesa de diálogo que permita encontrar una solución para el corto y largo plazo.

Rocha Moya no es el primer conflicto que genera. Dada la falta de resultados en la prevención y combate al crimen, la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal están bajo la permanente vigilancia de la Drug Enforcement Administration (DEA). Sinaloa es el principal introductor de Fentanilo a los Estados Unidos.

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