El expediente judicial que Marcelo Ebrard quisiera desaparecer
Miguel Badillo
A finales del sexenio de Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la PGR una red financiera encabezada por constructoras –entre ellas Coordinadora Vía Rápida Poniente y Solutions CMV– y en la que habría estado involucrado Marcelo Ebrard, aún secretario de Relaciones Exteriores y aspirante a la Presidencia. El expediente que la PGR determinó como “no ejercicio de la acción penal”, indica que el exjefe del gobierno capitalino les otorgó concesiones y permisos de terrenos expropiados para la realización de obras viales. Esas mismas compañías están conectadas con la construcción de desarrollos inmobiliarios en Santa Fe, donde exesposas, hermanos, amigos y personas cercanas a Ebrard adquirieron departamentos de lujo, presuntamente sin comprobar el origen del dinero con el cual realizaron las operaciones
Primera parte. El aún secretario de Relaciones Exteriores y aspirante a la Presidencia de la República, Marcelo Ebrard Casaubon, fue investigado a finales del sexenio pasado junto con sus exesposas y hermanos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría General de la República como presuntos beneficiarios de una red financiera identificada como un cártel inmobiliario de constructoras. El expediente, al que Contralínea tuvo acceso, indica que a estas empresas el exjefe del gobierno capitalino les otorgó concesiones y permisos de terrenos, previamente expropiados con motivo de “utilidad pública”, para la realización de obras viales en las delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, además la construcción de desarrollos inmobiliarios en la zona residencial de Santa Fe, en donde familiares, amigos y personas cercanas a Ebrard adquirieron departamentos de lujo.
La información de esa red financiera –que la UIF calificaba como un esquema de corrupción y presunto lavado de dinero– forma parte de un amplio expediente hasta ahora desconocido e integrado en dos averiguaciones previas (números SEIDF/CGI/013/15 y SEIDF/CGI/002/2016). Éstas fueron abiertas en la Subprocuraduría Especializada en Investigación Delitos Federales, cuya indagatoria está soportada con datos financieros, fiscales y patrimoniales contenidos en la denuncia penal UIF-2015.
De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo en el sexenio pasado por el principal órgano de inteligencia financiera del gobierno federal, se aportaron pruebas documentales y datos precisos sobre movimientos financieros, transferencias interbancarias, depósitos y retiros por cientos de millones de pesos que fueron triangulados entre las constructoras con el propósito, según la UIF, de ocultar el origen del dinero producto de actos de presunta corrupción y beneficiar a personas físicas y morales.
Sin embargo, a pesar de toda la información documental y testimonial recabada por la UIF y la SEIDF, en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto la PGR determinó el “no ejercicio de la acción penal”. Entonces, el encargado del despacho de la Procuraduría era Alberto Elías Beltrán, quien actualmente tiene dos carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General de la República (FED/UEAF/UNAI-CDMX-0000043/2019 y FED/FECC/FECC-CDMX/0000215/2021) por delitos de enriquecimiento ilícito, uso de recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y peculado (desvío de recursos públicos). Es decir, funcionarios de la PGR ahora acusados de corrupción ordenaron cerrar el expediente.
Además, en las indagatorias contra Ebrard estuvieron involucrados el exprocurador Jesús Murillo Karam, ahora preso y acusado de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia; así como el exfiscal Tomás Zerón de Lucio, quien tiene órdenes de aprehensión y huyó a Israel por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Para conocer la opinión de Marcelo Ebrard y darle el mismo espacio en esta investigación periodística antes de ser publicada, Contralínea lo buscó por conducto de su área de prensa y equipo de asesores, a quienes explicamos el contenido de la acusación que presentó la UIF en contra de Ebrard, su familia y empresas constructoras. A lo largo de estos meses se programó la entrevista periodística con el secretario, pero al llegar a su oficina el día pactado, se nos informó que Marcelo sólo recibiría al reportero sin el resto del equipo de compañeros que grabarían la misma en audio y video.
El encuentro con Marcelo
Una vez en su oficina, inexplicablemente Marcelo Ebrard declinó contestar preguntas relacionadas con su participación en esa red financiera de empresas que triangularon cientos de millones de pesos y de cómo éstas, al mismo tiempo, habían sido beneficiadas con concesiones y permisos de construcción durante su gestión al frente del gobierno capitalino. En el encuentro se le expuso que los documentos señalan que las mismas constructoras entregaron departamentos de lujo a sus hermanos, exesposas y amigos en la zona residencial de Santa Fe, en la Ciudad de México.
Visiblemente molesto, Ebrard se limitó a decir que la acusación en su contra era una venganza de Enrique Peña Nieto, porque éste lo responsabilizaba de haber filtrado información a la prensa sobre las propiedades del expresidente y de su exesposa Angélica Rivera. Afirmó que por esa persecución de Peña, él y su familia tuvieron que huir del país y refugiarse en París, Francia, en donde se mantuvo hasta que cerraron el expediente que nunca fue consignado a un juez federal.
Se le insistió de la gravedad de la acusación en su contra por los datos tan precisos que contenían los expedientes, más allá de que fuera desestimada por el Ministerio Público Federal y se cerrara el expediente, porque también involucraba directamente a su familia y empresas en delitos de presunto lavado de dinero y corrupción.
Sorprendido, Marcelo Ebrard dijo que de eso no hablaría y argumentó que ya la PGR había cerrado el caso al considerar que no había elementos y por eso se determinó el “no ejercicio de la acción penal”.
Se le explicó al hasta ahora secretario de Estado que esa no sería la primera vez que la PGR de Murillo Karam y Elías Beltrán cometían actos ilegales, pues en estos momentos ambos enfrentaban procesos penales por corrupción, abuso de poder y desvío de recursos públicos, entre otros delitos, por lo que era necesario que quien es uno de los aspirantes a ser presidente de México por el partido Morena explicara clara y contundentemente su participación y la de su familia en dicha red de financiera, pues según la UIF eran los beneficiados con dinero y departamentos de lujo.
También se le preguntó si consideraba que toda la información reunida por autoridades financieras era falsa, que explicara entonces porque sus hermanos y exesposas estaban en posesión de lujosas viviendas edificadas por las mismas empresas constructoras beneficiadas con concesiones y permisos que el mismo Ebrard les otorgó cuando fue jefe de gobierno. Los minutos transcurrían y nada convencía al secretario para que aclarara las inevitables dudas que surgían al leer el extenso expediente, más allá de que una autoridad ministerial lo exonerara jurídicamente. Marcelo Ebrard sólo pidió que fuera su abogado personal quien aclarara las acusaciones que en su momento le hizo la UIF y que ello era parte del expediente.
Así, días después el abogado del secretario fijó la fecha, hora y lugar de la entrevista periodística. No obstante, al acudir a la misma, con extrañeza, los reporteros supimos que también estaría presente durante la entrevista un notario público para dar fe de la misma. Una vez instaladas cámaras y micrófonos, el primero que intervino fue el notario público para exigir a los periodistas que una vez concluida la entrevista deberíamos entregar copia del audio y video grabados, así como una transcripción completa de lo que allí se dijera. Además, tomaron fotografías de las identificaciones de los periodistas y camarógrafos.
Ante estas arbitrariedades, los reporteros rechazamos la petición y le explicamos que todo el material que se generaría en la entrevista sería única y exclusivamente propiedad de Contralínea y, por lo tanto, la exigencia del notario era inaceptable. Esa petición no se atrevería a hacerla ni siquiera alguna autoridad del Poder Judicial o del Ministerio Público, así que la respuesta fue que nada se le entregaría al notario. La reacción del abogado de Ebrard también fue inmediata y dijo que si no entregábamos los materiales no estaban dispuestos a que se llevara a cabo la entrevista. La reunión se suspendió y el equipo de Contralínea se retiró de las oficinas del abogado.
Con estos antecedentes sin precedente y avalados por el propio Marcelo Ebrard, parecía que ya no habría más contacto con el secretario de Estado, pero días después el reportero que esto escribe recibió llamadas por separado de dos exfuncionarios públicos conocidos, uno federal y otro capitalino, quienes intervenían en este caso a petición directa del titular de Relaciones Exteriores, para intentar mediar por la delicada información que se publicaría.
Sin más respuestas de parte del secretario, la única petición de Contralínea sigue siendo que Marcelo Ebrard dé la cara y explique su relación en esta red que la UIF consideró como un grave caso de corrupción.
La averiguación previa SEIDF/CGI/013/15
El 4 de mayo de 2015 y el 26 de enero de 2016, la UIF formuló ante la PGR denuncias de hechos que dieron lugar a la radicación de las averiguaciones previas SEIDF/CGI/013/15 y su acumulada SEIDF/CGI/02/2016. En la primera denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera indica que descubrió operaciones financieras irregulares en las que habrían intervenido personas cercanas a Marcelo Luis Ebrard Casaubón, incluidos familiares de éste, y que se traducían en elementos para establecer que las conductas desplegadas podrían ser constitutivas del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
La UIF refirió que se efectuaron operaciones a través del sistema financiero mexicano por montos elevados de dinero realizados mediante transferencias electrónicas, y se utilizó el sistema comercial para realizar operaciones de compra-venta de inmuebles edificados por empresas o personas morales que fueron beneficiadas por concesiones otorgadas por el gobierno del Distrito Federal, sin que se aprecie en los registros de los circuitos financieros el pago del valor de los mismos.
Además, se recibieron recursos y bienes inmuebles por personas ligadas al exjefe de gobierno Marcelo Ebrard por vínculos corporativos, financieros o familiares; de ahí que existiera la probabilidad de que se hayan realizado operaciones con recursos que tienen un origen presuntamente ilícito y que se operaron supuestamente con la finalidad de ocultar el origen, localización, destino o propiedad de los mismos.
De las empresas involucradas en los hechos, la UIF encontró que Coordinadora Vía Rápida Poniente, SAPI de CV, empresa integrante de un conglomerado de personas morales, entregó sin justificación alguna a Solutions CMV, SA de CV, 69 millones de pesos a través de la simulación de un contrato de obra a precio alzado, y esta última dispersó los recursos a través de transferencias realizadas a empresas en las que tienen participación personas del círculo cercano del exjefe de gobierno del Distrito Federal.
Según la UIF, a través de una compleja forma de operación, se habría dado una contraprestación al beneficio otorgado durante la gestión de Marcelo como jefe del gobierno capitalino por las concesiones otorgadas para la construcción de vías de comunicación y permisos para la edificación de complejos inmobiliarios. La autoridad consideró que seguramente las empresas constructoras involucradas retribuyeron activos a personas vinculadas a Ebrard Casaubón, ya sea por una relación familiar o bien derivada de un carácter corporativo con familiares de este mismo, además de recibir la propiedad de diversos bienes inmuebles.
Otra hipótesis de las autoridades financieras es que con la entrega de activos y la transmisión de derechos sobre bienes inmuebles por parte de las personas morales que fueron privilegiadas por el otorgamiento de concesiones y permisos, sí fue cubierto el pago de los bienes inmuebles por algún otro medio diverso al que se reveló en las bases de información de la UIF; no obstante, tales recursos muy probablemente tienen su origen en el mismo esquema de corrupción, calificaba la institución. Esto es que el dinero con el que se efectuó el pago del precio de los departamentos fue suministrado aparentemente por el mismo grupo de empresas a través de la persona moral Solutions CMV.
En un tercer análisis del principal órgano de inteligencia financiera del país, es que las personas morales beneficiadas por concesiones y permisos realizaron una reducción a los precios de los inmuebles, cuya propiedad se transmitió a las personas físicas con quienes el ahora aspirante presidencial tenía una relación de cercanía, ya sea por tener parentesco consanguíneo o por afinidad o por compartir vínculos corporativos con sus familiares.
En la segunda parte de esta investigación periodística daremos cuenta de nombres de familiares, amigos y personas cercanas a Marcelo Ebrard que fueron beneficiados, ubicación de los domicilios de los departamentos de lujo, identificaremos la red empresarial que participó en movimientos de cientos de millones de pesos y en la construcción de inmuebles en áreas residenciales y proporcionaremos la información que hizo creer a las autoridades hacendarias que se trató de operaciones sospechosas de triangulación de recursos similares al blanqueo de capitales.
