Ante la devastación minera, comunidades en resistencia
Margena de la O
A un día de que acabara mayo, en Huitziltepec ya habían caído las primeras dos lluvias del año y algunos campesinos preparaban sus tierras para la única siembra de maíz. Esta tierra reseca, sin una fuente ni sistema de riego, limita a los campesinos a la producción de temporada. Francisco García Carlos cree que en 15 días los campos de cultivo estarán cargados de semillas, para que en noviembre se cosechen los granos.
Algo tiene esta tierra árida que resulta benevolente. Huitziltepec es una pequeña comunidad nahua de no más de seis mil habitantes, pertenece al municipio de Eduardo Neri, en la zona centro de Guerrero, y es de las que más maíz produce en el estado. Cada hectárea provee de seis a siete o hasta ocho toneladas, cuando el promedio estatal es de 2.79 toneladas.
El territorio del pueblo abarca poco más de 14 mil 500 hectáreas y 40% de esa extensión se destina a la siembra de temporal, de acuerdo con la Presidencia de los Bienes Comunales de Huitziltepec. Con estos números es posible calcular la producción de la única cosecha al año.
El agua nunca ha sido un problema para los campesinos del pueblo, casi todos lo son. Pero la posibilidad de poseerla tienta a cualquiera. Con ese argumento de fondo, personal de la empresa Minaurum Gold ingresó en 2015 a este territorio en busca de minerales.
En ese entonces García Carlos era presidente de los Bienes Comunales de Huitziltepec. Ahora, ocho años después, a la mitad de su segundo periodo, recuerda aquel episodio en que un grupo de ingenieros llegó con unos documentos firmados por quien recién había asumido la Comisaría Municipal, Saúl Sánchez Núñez, autorizándoles realizar un “estudio” en los cerros.
Sánchez Núñez contó en su momento su versión. Tenía pocos días de haber sido elegido comisario municipal cuando miembros del entonces Comisariado de Bienes Comunales y representantes de una compañía lo citaron a una reunión, en la que le plantearon su interés por buscar fuentes de agua en el pueblo, pero necesitaban su autorización.
El comisario electo, entonces con 31 años, aunque todavía no tenía poderes para autorizarlo –era marzo y él iniciaba funciones en septiembre–, consideró que podría ser benéfico para el pueblo. Y firmó el papel sin leerlo.
Un día cualquiera, ya en funciones de comisario, Sánchez Núñez supo que llegaron a Huitziltepec unos hombres con equipo y maquinaria para hacer trabajos en el paraje de Totocualontitlán. Fue a ver de qué se trataba y le mostraron el documento que había firmado meses atrás. Esta vez sí lo leyó, era una autorización para una especie de rastreo en el territorio.
El comisario municipal asumió su error, pero la autorización para esa exploración sólo sería válida si contaba con la anuencia del pueblo acordada en asamblea; eso nunca pasó.
“Ya cuando la gente se dio cuenta que andaban trabajando, resulta que todo los firmaron nada más a oscuras, pues no le comunicaron a nadie”, dice a la distancia García Carlos, quien en aquel momento era autoridad.
Recuerda que reunieron más de tres mil firmas y las enviaron a las instituciones de gobierno para informarles con claridad su rechazo. “La mayoría es la que manda”, agrega García Carlos.
En el pueblo todavía hay huellas de ese intento de la industria minera por asentarse en Huitziltepec. En un borde de concreto estamparon: “Los vuelcos del destino”, nombre de la concesión otorgada por el gobierno federal.
