150 amparos y uno más. Gana la UAS: le asiste la razón jurídica
Álvaro Aragón Ayala
La fuerza y alcance de los amparos promovidos por la comunidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa ante los tribunales federales tienen como pilar fundamental la razón jurídica en el diferendo que se libra contra el Congreso Local y el gobierno del estado, quienes están empecinados en aplicar la Ley de Educación Superior de Sinaloa y atentar contra la autonomía de la Casa Rosalina. La UAS responde entonces por la vía jurídica a la criminalización de que son víctimas sus autoridades.
Ciento cincuenta suspensiones definitivas inhabilitan o “congelan” la Ley de Educación Superior hasta que no se resuelva el litigio sobre ilegalidad o legalidad de dicha ley. Los jueces de distrito conceden la razón jurídica a los universitarios. A la vez, una suspensión provisional, recién decretada por un juez federal, paraliza a la Comisión de Fiscalización del Congreso Local y a la Auditoría Superior del Estado.
El juez federal determinó estudiar a fondo la presunta “responsabilidad” esgrimida por la Comisión y la ASE en su intentona por auditar los ingresos propios de la UAS y determinó que no se emita ninguna resolución sobre esta agenda hasta que el tribunal federal realice un análisis profundo sobre la Constitucionalidad o Inconstitucionalidad de los actos cometidos en agravio de la Casa Rosalina.
La UAS enfrenta la amenaza de los promotores del caos y la diatriba que atentan contra la autonomía universitaria en la línea de fomentar iniciativas que alientan los boicots y actos vandálicos en los edificios y aulas universitarias como en el pasado en el que predominaba la barbarie por encima de la academia y la transmisión del conocimiento.
Contra la criminalización, el linchamiento y la persecución informativa, ante la conspiración y los ataques del gobierno estatal y el Congreso Local, la UAS ha recurrido a los amparos en el entendido de que este instrumento legal tiene por objeto resolver todas las controversias que se susciten:
I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos
reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte;
II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la
soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se
violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y
III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito
Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se
violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los
poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la Ley de Amparo.
La UAS trabaja con todas las herramientas legales a su disposición para “tumbar” demandas penales prefabricadas con “papel periódico” en perjuicio de funcionarios de la Casa Rosalina, buscando por todos los medios preservar el derecho de los estudiantes que no quieren ver alterada una actividad docente que representa, para ellos y sus padres, un notable esfuerzo.
La comunidad universitaria y sus autoridades luchan, además, contra una embestida que intenta entronizar en la UAS la ideología de la izquierda mocha que descalifica a la universidad pública estatal de libre acceso, pluralista, crítica, autónoma y gobernada democráticamente, para intentar imponer un modelo universitario con un gobierno externo, dirigido desde el Congreso Local y el Tercer Piso del Gobierno del Estado. La punta de lanza de este proyecto es la Ley de Educación Superior del Estado varada ya por 150 suspensiones definitivas de amparos promovidos por los universitarios ante las instancias federales.
