ASF halla desorden normativo en el Instituto Nacional de Migración
Carina García
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) acreditó la persistencia de lagunas legales y tramos de la política migratoria carentes de coordinación, por lo que recomendó legislar al respecto.
De acuerdo con el informe consolidado del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2021, a ese ejercicio se aplicó sólo una auditoria combinada de cumplimiento y desempeño, que arrojó como resultado 14 recomendaciones, y ninguna revisión financiera para conocer el ejercicio de los recursos erogados por el Instituto Nacional de Migración (INM).
Sin embargo concluyó en el apartado de “propuestas legislativas”, que es necesaria una “definición precisa de autoridades migratorias (y) marco normativo para coordinar las actividades migratorias que desarrollan secretarias federales y el Instituto Nacional de Migración (INM)”.
La indefinición de responsabilidades en política migratoria pegó a la pelea en Morena por la sucesión presidencial, luego de que la noche del 27 de marzo un incendio provocado en una estación migratoria ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua, derivara en la muerte de 40 migrantes.
Sin embargo las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) o de Gobernación (Segob) no han asumido responsabilidad directa.
Adán Augusto López dijo en entrevista con Radio Fórmula que la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Marcelo Ebrard, se encargaba del tema migratorio.
Sin embargo al día siguiente, la senadora Malú Micher exculpó a Ebrard de la responsabilidad, pues no es la SRE la responsable del área.
“Si bien hubo un decreto en 2019, hay otro decreto firmado por el secretario Adán Augusto en septiembre de 2022, donde se modifican y se le dan mayores competencias a la Secretaría de Gobernación en este país, lo mismo al INM, entonces no estamos en ningún momento evadiendo la responsabilidad”, afirmó.
En los próximos meses la ASF sí deberá entregar un informe sobre una auditoría a aplicar al INM, pero sólo se auditará la recepción de pagos de derechos por Servicios Migratorios, según el Programa Anual de Auditorías acordado a la cuenta pública 2022.
Sin embargo, la ASF no ha revisado la gestión del INM ni el ejercicio de los recursos asignados.
