INE: desparecer Consejo General para romper bloque de poder
Carlos Ramírez
El pecado original del Instituto Nacional Electoral se ha convertido ya en un lastre a la funcionalidad y profesionalización de las actividades del organismo encargado de realizar las elecciones y contar los votos: el funcionamiento a través de un Consejo de notables que se convierten en una aduana para los partidos a partir de una definición del concepto de la democracia neoliberal.
La presencia del Gobierno en turno en las oficinas electorales ha sido uno de los pasivos que ningún presidente de la República se ha atrevido a modificar: la reforma política de 1946 del presidente Ávila Camacho creó el instituto verificador de elecciones en la Secretaría de Gobernación, el cual se transformó en Comisión Federal Electoral en 1951 y terminó en Consejo General del IFE/INE.
El genio político del presidente Salinas de Gortari decidió hacer cambios para que nada cambiara: la CFE se transformó en IFE y lo dejó bajo la presidencia del secretario de Gobernación, cuyo titular habría participado casi siempre como precandidato presidencial; en 1996, Salinas inventó la ciudadanización del Consejo Electoral y Zedillo desapareció al titular de Gobernación, pero la configuración selectiva de los consejeros por la mano dominante del presidente de la República, del PRI como partido hegemónico y el origen académico-intelectual sistémico de los consejeros permitió la continuación de la mano del Gobierno para seguir controlando al instituto.
La participación de los partidos en la configuración del Consejo General del IFE/INE creó una casta burocrática que depende de favores partidistas, cuyos consejeros presidentes hasta Córdoba fueron impuestos por el Ejecutivo federal en turno y con la coincidencia político-ideológica del concepto de democracia liberal –es decir capitalista, de mercado– como el marco de definición de las propuestas de los partidos.
La reforma política de 1977, ideada por el Jesús Reyes Heroles que habían negado la necesidad de que México transitara la democracia y que había sido pieza desechable del PRI en la sucesión presidencial de 1976, creó el marco referencial de institucionalización de los partidos a través del sometimiento al marco constitucional que había sido definido y defendido por el PRI. El Partido Comunista Mexicano se hundió en la desideologización cuando aceptó la institucionalidad priista de la reforma política.
Como Instituto que realiza y verifica elecciones, la autoridad electoral no necesita de una superestructura político-ideológica de consejeros que representan tendencias de los partidos o ellos mismos asumen enfoques de la democracia liberal intelectual. Por lo tanto, el IFE/INE fue diseñado por Salinas, Zedillo y Peña Nieto como una estructura de defensa del modelo de democracia procedimental funcional al sistema económico-productivo neoliberal de mercado, es decir, que Salinas creó el núcleo del IFE en función del Tratado de Comercio Libre con Estados Unidos que tendría que ahuyentar las tentaciones ya no se digan socialistas-comunistas, sino las populistas que estarían definiendo la llamada marea rosa de deslavados partidos rojos del viejo comunismo soviético y ahora chino.
Las intenciones del presidente López Obrador de reorganizar el INE para borrarlo como oficina ideológica supervisora de la democracia neoliberal solo pueden llegar a puerto seguro con una decisión que desaparezca al Consejo General y que deje al Instituto como un organismo encargado del padrón, de la instalación de casillas y de conteo de votos sólo con funcionarios sin definición ideológica, pasando el área de conflictos electorales –que deben de tener reglas menos autoritarias que las de tipo escuela primaria que inventó Woldenberg para satisfacción de Salinas de Gortari– a una sala especial de la Suprema Corte.
La nueva consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, se está encontrando de entrada que el modelo Woldenberg-Córdova ha convertido al organismo electoral en una comisaría política que impide la libre competencia de las ideas en los procesos electorales.
El Consejo General del INE es un obstáculo para el debate democrático en las elecciones.
