Once años violando la ley y Rubén Rocha lo quiere convertir en magistrado del STJ
Álvaro Aragón Ayala
Durante casi once años, bajo la protección de Enrique Inzunza Cázarez, el ministro de culto en retiro Adán Alberto Salazar Gastélum ha venido fungiendo como “Juez de Control” del Tribunal Superior de Justicia de Sinaloa pese a estar inhabilitado por la ley por violar la Constitución General de la República y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y, desde hace más de un año, de finales del 2022 para acá, en su estado fuera de la ley ha sido usado por el gobernador Rubén Rocha Moya para darle curso al montaje de demandas penales contra funcionarios públicos municipales y directivos de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Pese al arropamiento de Inzunza Cázarez, expresidente del Tribunal Superior de Justicia y todavía secretario general de Gobierno, y ahora también por Rocha Moya que le dicta la consigna de perseguir y acosar penalmente a los que él señala como anti-rochista, calificados también como “enemigos del Estado”, el pasado y presente de Adán Alberto Salazar alcanzó a los diputados de Morena del Congreso Local dispuestos a violar la Constitución y las leyes para “certificar” su elevación, de “Juez de Control” a magistrado del Tribunal, sin importar que acabarán por hundir en la inmundicia a la LXIV Legislatura convertida en Tribunal de la Inquisición y el garrote del gobernador.
Por estar inhabilitado por la ley, todas las resoluciones emitidas por Adán Alberto Salazar -vinculaciones a proceso, medidas precautorias, etc.- carecen de validez jurídica. Por ostentar el cargo al margen de la ley, el “Juez de Control” debería ser destituido y puesto a disposición del Ministerio Público para abrirle proceso, sin embargo, se le quiere premiar con una magistratura en el STJ.
Sobre Adán Alberto Salazar, directivos de la UAS han anexado a sus demandas de amparo interpuestos en los Tribunales Federales en respuesta a la fabricación de delitos, una serie de documentos en los que se comprueba la dualidad de funciones del “Juez de Control” y ministro religiosa -actualmente en retiro-, precisando que en agosto del 2023 comenzó a “convocar a Dios” en iglesia cristiana “Manantial de Vida”, sin renunciar a su carrera judicial violando así la Constitución y la Ley de Asociaciones Religiosas y la Ley de Culto.
El ex alcalde y abogado, Jesús Estrada Ferreiro, interpuso el 3 de octubre del 2023 el recurso de queja administrativa 44/2023-DFO ante Jesús Iván Chávez Rangel, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia con pruebas que demuestran la ilicitud del actuar de Adán Alberto Salazar, acreditando, con documentación certificada, el impedimento legal para que funcione como “Juez de Control” y magistrado.
El 20 de diciembre del 2023, el ex alcalde de Culiacán presentó ante la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa denuncia contra Adán Alberto Salazar por hechos que son constitutivos de delitos y sancionados por la Constitución General de la República, la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público, la Constitución Estatal de Sinaloa, la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos del Estado de Sinaloa, el Código Penal del Estado de Sinaloa, el Código Nacional de Procedimientos Penales y por violaciones a la Convención de Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El 9 de enero del 2024, Estrada Ferreiro hizo llegar también a la Fiscalía General de la República una querella contra Adán Alberto Salazar Gastélum por delitos cometidos contra la sociedad, precisando que el “Juez de Control” y ministro en retiro incurre en delitos de contemplados en el Código Penal Federal, específicamente en materia de abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público y delitos cometidos por servidores públicos en contra de la administración de justicia.
El artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos atendiendo el principio histórico de la separación del Estado y las Iglesias, establece que la ley reglamentaria respectiva concretará la siguiente disposición: inciso C). – “…los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos”.
La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en su artículo 14 dispone que los ciudadanos mexicanos que ejerzan el ministerio de cualquier culto no podrán desempeñar cargos públicos superiores, a menos que se separen formal, material y definitivamente de su ministerio (…) cuando menos tres años antes del día de la aceptación del cargo respectivo.
Adán Alberto Salazar ya era Juez cuando tomó la determinación, a motu proprio, de convertirse, el 6 de agosto del 2013, en ministro de culto. Violó entonces la Constitución y la sigue trasgrediendo flagrantemente protegido por Enrique Inzunza Cázarez, Rubén Rocha y Jesús Iván Chávez Rangel, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia.
1.-la Iglesia Evangélica Manantial de Vida (o cristiana) cumplió con los requisitos para funcionar como asociación religiosa y su registro y reglamento apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de agosto del 2013 (REG.NUM.SGAR/3796/2013).
2.- En el registro aparece el Juez Adán Alberto Salazar como socio, secretario y tesorero de la Iglesia Cristiana “Manantial de Vida”.
3.- Aldo Alberto Trapero Maldonado, coordinador de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Gobernación confirmó mediante el oficio SEGOB_UT/02126/2023 que sí, que Adán Alberto Salazar Gastélum aparece en los registros de esa asociación religiosa con las calidades de ministro de culto y secretario, pero, aclaró que el 9 de abril del 2021 causó baja como ministro de culto (AR-02-R/1493/2021).
Entonces, Adán Alberto Salazar no puede estar en funciones de “Juez de Control” porque violó la ley al constituir una iglesia cristiana en su desempeño como servidor público y porque aún no ha cumplido tres años de su retiro como ministro de culto que le exige la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público para poder desempeñar cargos en la función pública. Pese a que será hasta el 9 de abril, después de casi once años de estar violando la ley, en la que podrá ser designado “juez” o magistrado, Rubén Rocha Moya ordenó a los diputados de Morena “certificarlo”, avalarlo, para que forme parte de los funcionarios de primera línea del Tribunal Superior de Justicia de Sinaloa.
