Frenan atentado a la UAS; suspensiones provisionales blindan a la Universidad
Álvaro Aragón Ayala
Basado en el concepto del interés legítimo, más de 43 consejeros pararon en seco el atentado a la autonomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa interponiendo amparos indirectos contra la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa. Los Jueces de Distrito han decretado cuando menos cinco suspensiones provisionales que impiden al Congreso del Estado y al gobernador Rubén Rocha Moya usar la ley de marras en contra de la Casa Rosalina.
El director jurídico de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero, reveló que se están emitiendo suspensiones provisionales en los once Juzgados de Distrito, logrando la inhabilitación de la Ley. Los amparos indirectos plasman la inconstitucionalidad de la Ley de Educación Superior estatal y la violación a la Ley General de Educación Superior del Estado principalmente en párrafos tercero y cuarto del artículo 3° y el artículo 51° fracción octava y el artículo 59°.
Con varios decretos de suspensiones provisionales, Lizárraga Otero desmintió al presidente de la JuCoPo, Feliciano Castro Meléndrez, que con el apoyo de otros legisladores, realizan una campaña mediática contra la UAS y para restarle alcance jurídico a las resoluciones de los jueces de distrito y señaló que las suspensiones provisionales tienen un efecto individual y general, colectivo, y salvaguardan a toda la comunidad universitaria de cualquier intento de querer imponer la Ley de Educación Superior por encima de la autonomía de la máxima casa de estudios.
“Que quede claro. Los juicios de amparo interpuestos para evitar que se aplique la Ley de Educación Superior del Estado también protegen a la Universidad Autónoma de Sinaloa y si el Congreso del Estado incurre en desacato asumiría consecuencias administrativas y penales”, recalcó el director de Asuntos Jurídicos de la Casa Rosalina.
El asesor legal de la Universidad, abogado Alfonso Carlos Ontiveros Salas, informó que hay más de 43 recursos de amparo interpuestos por integrantes de la comunidad universitaria en los once juzgados de distrito de Sinaloa y como consecuencia ya existen suspensiones provisionales a la Ley de Educación Superior y se tiene la confianza que se va a tener la suspensión definitiva y el amparo contra esa ley aprobada por el Congreso.
Ontiveros exhortó al presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, Feliciano Castro Meléndrez, a que intente aplicar un acto de los que plasmaron en esa ley para que vea las consecuencias. “Yo invito a Feliciano Castro a que cometa un primer acto de violación a la suspensión otorgada y veremos cómo, incluso puede llegar hasta la Suprema Corte donde ordenen la destitución y sanciones penales”, puntualizó.
Sostuvo que la idea de todo esto no es oponerse nada más porque sí a la Ley de Educación Superior, sino a su carácter inconstitucional, porque violenta la autonomía y el derecho de la institución de nombrar a sus propios gobernantes sin que se involucren autoridades estatales.
Rechazó que la UAS se niega a ser auditada, como lo hizo ver la Auditora Superior del Estado, Guadalupe Rivera Félix, sino que solamente lo deben realizar los órganos autorizados y si quiere revisar algo, que se coordine con la Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano competente para fiscalizar a la máxima casa de estudios.
El abogado dijo que recientemente la Secretaría de la Función Pública informó que la Universidad Autónoma de Sinaloa es una institución revisada periódicamente y que sus finanzas están en orden y las voces que tratan de confundir la opinión social en sentido opuesto no están sustentadas en razonamientos válidos.
