Se avecina ola legal contra el plan B de reforma electoral
Javier Divany, Karyna Soriano y Fernando Merino
Legisladores de oposición, partidos políticos, organizaciones civiles, ciudadanos y trabajadores electorales están listos para presentar una cascada de recursos legales para suspender, de entrada, el Plan B de la reforma electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que ayer entró en vigor al publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
Acciones de inconstitucionalidad, por parte de las Cámaras Legislativas y partidos políticos; controversias constitucionales en el caso de entidades federativas o instituciones, amparos en lo que respecta a trabajadores y hasta un amicus curiae o amigo de la Corte para que ciudadanas y ciudadanos respalden las acciones e impugnaciones de terceros, conforman el abanico de la ruta legal.
El primer saque arrancará con acciones de inconstitucionalidad por parte de las Cámaras Legislativas, y el objetivo es conseguir una suspensión para efectos, con el fin de que no se ejecute acción alguna en tanto no se resuelva el fondo del asunto, aunque haya sido publicado el decreto, explicó a El Sol de México Juan Francisco Torres Landa, abogado e integrante de Unid@s, las distintas organizaciones que convocaron a la marcha y a la concentración para defender al Instituto Nacional Electoral (INE).
La bancada del PRD en la Cámara de Diputados interpondrá junto a sus aliados del PAN y del PRI una acción de inconstitucionalidad, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra el Plan B, la próxima semana, adelantó a este medio el coordinador del grupo, Luis Espinosa Cházaro.
“He acordado con el PAN y el PRI que en conjunto vayamos a una acción de inconstitucionalidad como bloque legislativo, que se estará presentando durante la semana que entra”, añadió Espinosa Cházaro, quien estimó que la Corte debería emitir un fallo a más tardar en mayo.
Estimaciones previas a la publicación de la reforma electoral en el DOF, prevén un recorte de 86.4 por ciento a la estructura administrativa del INE
Por separado, el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, publicó un tuit en que el indicó: “Se publicó el tóxico Plan B en el Diario Oficial de la Federación, pero todavía falta camino por recorrer. En el PAN lo impugnaremos ante la SCJN, porque claramente viola la Constitución”.
Los dirigentes de los partidos políticos del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y Jesús Zambrano, del PRD, también anunciaron que presentarán en su calidad de institutos políticos acciones de inconstitucionalidad contra la reforma electoral, con el fin de evitar lo que consideraron un golpe a la democracia.
Esta estrategia legal se sumará a la controversia constitucional que interpuso el INE, el pasado 1 de febrero, en contra de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidades Administrativas, modificaciones que forman parte del primer paquete de reformas del Plan B, por invadir facultades y transgredir la autonomía del árbitro electoral. El máximo tribunal ya admitió a trámite dicho recurso.
Asimismo, al juicio que interpuso ayer el INE ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra de la destitución de Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del órgano electoral, la cual fue consumada este jueves con la publicación del Plan B en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
De acuerdo con el instituto electoral, el cese ordenado en un artículo transitorio del decreto es inconstitucional, porque invade la facultad del Consejo General de nombrarlo, además de que es una ley privativa, es decir, en contra de una persona en específico.
El Instituto ya prepara el nombramiento de Roberto Haycher Cardiel Soto, titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica, como encargado de despacho, en lo que se resuelve el recurso con el que esperan restituir a Jacobo Bonilla, cuyo encargo concluía hasta 2026.
Además del recurso que interpuso Jacobo Molina, empleados del INE, principalmente de Juntas Locales y Distritales preparan sus propios recursos legales ante su eventual despido. David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo del INE en Michoacán, dijo que 149 trabajadores preparan sus amparos administrativos laborales ante los juzgados de distrito.
A los recursos se suma un procedimiento ciudadano por parte de los organizadores de las movilizaciones para defender al INE. “Vamos a promover el amicus curiae o el amigo de la Corte, que es un vehículo para que ciudadanos que no tienen legitimación procesal puedan aportar, respaldar acciones de terceros, como lo estamos haciendo frente a un proceso de recabar firmas que al día de ayer ya son 200 mil individuos que van a apoyar estas impugnaciones, especialmente la controversia constitucional que ya planteó el Instituto Nacional Electoral, que es motivo de impugnación principal”, indicó el empresario Gustavo de Hoyos, integrante de Unid@s.
En entrevista con El Sol de México, dijo que buscan recabar más de un millón de firmas para acompañar el recurso y hasta ahora llevan 200 mil rúbricas.
Por su parte, Torres Landa dijo que las partes afectadas con la reforma pueden interponer a partir de hoy y hasta los próximos 30 días los distintos recursos legales para impugnar la reforma electoral que recorta la estructura del INE, principalmente en las Juntas Ejecutivas y Distritales, que apoyan al órgano en los estados y los 300 distritos y que, en el caso de estas últimas, sugieren instalación de casilla y brindan capacitación.
Según estimaciones hechas previamente, se prevé un recorte sustancial a la estructura administrativa del INE; se eliminaría 84.6 por ciento de las poco más dos mil 500 plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), además de plazas operativas. Con esto, el SPEN quedará sólo con 379 puestos.
Prevén despidos en estados
En el caso de Michoacán, donde laboran 203 funcionarios electorales, se contempla el despido de 193 servidores, mientras que en Tabasco, de los 35 miembros del SPEN en la Junta Local, serían liquidados 26.
“Entre muchos de estos funcionarios que estarán causando baja, se encuentran precisamente personas que fueron fundadoras de la institución y que han acumulado años de conocimientos”, dijo la Vocal Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, Elizabeth Tapia Quiñones.
En San Luis Potosí, el vocal ejecutivo local del INE, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, explicó que son tres las plazas que se mantendrían en las juntas locales: la de vocal Ejecutivo, la vocalía del Registro Federal de Electores y la de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Las dos plazas que desaparecen son la de vocal Secretario y la de vocal de Organización Electoral.
Chiapas es uno de los estados que prevé recortes mayores, con el despido de mil 200 trabajadores, entre miembros del SPEN y operativos, de acuerdo con la vocal de Organización Electoral en el estado, Flor Denisse Pérez Chávez.
Estado de México —la entidad con el padrón electoral más grande del país— perderá hasta 92 por ciento de las mil 602 plazas que tiene, estimó el vocal ejecutivo en la entidad, Joaquín Rubio Sánchez.
“Seremos trabajadores de maquila electoral, entonces, lo que falta es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare si es válido que en México se viole la Constitución o si declaran inválida esta reforma, el proceso electoral se organizará exactamente como se está organizando en estos 32 años”, reclamó el vocal de la junta local de Aguascalientes, Ignacio Ruelas Olvera.
Esta preocupación es compartida por la vocal ejecutiva de Durango, María Elena Cornejo Esparza, quien señala que con la reducción de estructura, sobre todo de las juntas distritales, una persona hará el trabajo de cinco, incluyendo la coordinación de los módulos de atención ciudadana donde se expiden las credenciales de elector.
“Está en riesgo la calidad de la atención a la ciudadanía, también está en riesgo que los módulos pasen a establecimientos que corresponden a dependencias públicas, puesto que ahí se maneja información sensible, datos personales y biométricos de la ciudadanía”, señaló Cornejo Esparza.
