Estado de seguridad interior como nuevo paradigma
Carlos Ramírez
En medio de la vorágine del caos informativo por muchas agendas decisivas en discusión, la ceremonia para celebrar el 110 aniversario de la fundación del Ejército mexicano reiteró lo que se ha venido señalando y que no se ha querido entender: el tránsito estratégico del Estado de bienestar al del Estado de seguridad interior.
Los discursos del presidente de la República y del comandante del Ejército fueron muy claros en señalar que una de las misiones legales y constitucionales de las Fuerzas Armadas –la segunda– es precisamente –en palabras de López Obrador– la de “garantizar la seguridad interior” y que por origen constitucional desde Apatzingán a la fecha se “estableció como propósito organizar a los ejércitos y milicias nacionales para asegurar la tranquilidad del territorio nacional”.
La estrategia de seguridad Del Gobierno actual se basa en los principios de la seguridad interior, rompiendo la falsa acusación de militarización y asumiendo las funciones de un nuevo paradigma de búsqueda de la seguridad para el desarrollo y la democracia. “Básicamente”, dijo el presidente de la República el domingo 19 de febrero pasado, “la seguridad interior se entendía como el resguardo de la infraestructura del país y de las instituciones nacionales, así como garantizar la gobernabilidad”.
En su turno, el comandante del Ejército, general divisionario Celestino Ávila Astudillo, se refirió en su discurso al nuevo paradigma del Estado de seguridad interior: “deseo reiterar ante el pueblo de México que el Ejército, desde su creación en 1913, cumple con la función de defender la integridad, independencia y soberanía del territorio nacional, garantizando la permanencia del Estado de derecho y del desarrollo en nuestro país y sus instituciones”.
La doctrina militar fija los parámetros de la doctrina de defensa nacional y define con claridad la seguridad interior, aunque de cuando en cuando hasta los ministros y exministros de la corte desdeñan el cuerpo doctrinario militar para no reconocer una función estratégica de las Fuerzas Armadas. En la doctrina de defensa nacional se asume la seguridad de interior como la “condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”.
Lo que se desdeña como militarización o militarismo no es sino el establecimiento de la última línea roja de defensa del sistema democrático constitucional civil como parte de las funciones de seguridad del sistema/régimen/Estado, frente a la captura de instituciones y sectores gubernamentales y sociales por parte del crimen organizado violentando la integridad territorial del Estado y obligando a las autoridades a utilizar todos los instrumentos de poder institucional y legal para impedir que la delincuencia subordine a las instituciones y sus funcionarios a los intereses delictivos y se mantenga la sobrevivencia del Estado de derecho y la gobernabilidad democrática.
La falla civil ha permitido que de 1969 a la fecha el crimen organizado haya avanzado en la consolidación de un poder político clandestino y esté imponiendo sus reglas delictivas en el funcionamiento de la sociedad democrática, incluyendo la captura política vía elecciones de nuevos funcionarios, ante la pasividad en grado de complicidad de las autoridades electorales del INE.
La intervención de las Fuerzas Armadas como apoyo al funcionamiento actual de la Guardia nacional –los militares van siempre detrás o al lado de la Guardia– se circunscribe de manera exclusiva a actividades de seguridad pública, sin caer en la tentación de construir un poder político paralelo de mandos militares en zonas territoriales y aun corriendo el riesgo de que los funcionarios políticos sean en algunos casos cómplices del crimen organizado. Los poderes reales y formales del Estado continúan –para bien o para mal– en manos de políticos profesionales, sin mayor intervención de las Fuerzas Armadas en esas actividades.
La falta de comprensión del concepto de Estado de seguridad interior ha sostenido la campaña de conceptualización de “la militarización o el militarismo”, a pesar de que ya la Suprema Corte avaló la constitucionalidad de la participación de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la seguridad, incluyendo condicionamientos y reglas muy estrictas que impedirían cualquier tentación política de los militares, aunque el máximo tribunal judicial se siga negando asumir la doctrina de seguridad de Interior.
