Sinaloa: sicosis en el PRI, PAN y PRD por reforma electoral
Álvaro Aragón Ayala
La reforma electoral propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, generó un estado de psicosis entre los dinosaurios del PRI y el PAN, lo que queda del PRD y los partidos “átomos” que le apuestan a sobrevivir sin presencia militante ni activismo político. En Sinaloa, el proyecto presidencial unió a la vieja “mafia del poder” asustada por temor a desaparecer del escenario político estatal con el nuevo mecanismo de elección de candidatos a diputados y Senadores.
De concretarse la reforma presidencial, eso sí, no solo acabaría con los privilegios de los partidos políticos que tradicionalmente abrevan del presupuesto público, sino que desaparecería la actual estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de los Organismos Públicos Locales (OPL) y de los Tribunales Estatales Electorales.
En Sinaloa, la oposición al proyecto de la Cuarta Transformación y los enemigos del régimen estatal, menguados en presencia y en representantes en el Congreso Local, ofrecieron ya la lectura del tamaño de su temor a la cancelación de los diputados plurinominales y la aparición de candidaturas de diputados y Senadores por listas que determinaría la fuerza o militancia ciudadana de los partidos que competirán en las elecciones.
Rechazados y enanizados por la sociedad que en cada proceso electoral les otorga menos votos, los representantes de partidos tradicionales, PRI, PAN y PRD, califican la reforma lopezobradorista, de concretarse, como un retroceso democrático, renuentes a acabar con la inutilidad de las OPL y los tribunales electorales, controlados por los gobernadores.
Aunque pregonan que desaparecerá el INE, no es verdad: de hecho, se transformaría: permanecería el órgano nacional encargado de organizar elecciones, pero dejarían de funcionar los OPL y los tribunales locales; un diagnóstico revela que representan no sólo doble gasto y de que sus resoluciones jurisdiccionales locales terminan casi siempre en la Sala Superior del TEPJF.
En los procesos electorales, no solo el Consejo General del INE ha abusado de sus “facultades especiales” y asumió innumerables funciones de los OPL, al grado de verse éstos como si fuesen órganos desconcentrados del Instituto, también los gobernadores y caciques locales tomaron posición en los OPL metiendo a incondicionales o familiares para atorar figuras políticas incómodas y proyectos no afines a la “mafia del poder”
Las funciones de las OPL, de concretarse la reforma de López Obrador, las absorbería totalmente el nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), cuya estructura central y desconcentrada no sería tan amplia ni permanente como ahora, sino se reduciría y se apoyaría en órganos auxiliares y temporales.
En proyecto de reforma contempla constituir el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, cuyos integrantes, así como los del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serían electos por el voto popular; la desaparición de las 200 diputaciones plurinominales y los senadores de lista. De igual forma se reducirían las dimensiones de los congresos locales y de las regidurías en los municipios.
En la propuesta se plantea la cancelación del financiamiento del gasto ordinario de los partidos políticos que solamente tendrían financiamiento de campaña; eliminar de la difusión en radio y televisión a la autoridad electoral, destinando los spots en radio y televisión únicamente a los partidos políticos.
En sí, se pretende la reforma de 18 artículos constitucionales y la inclusión de siete artículos transitorios. En estos se pretende la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas que asumiría la organización de todas las elecciones porque desaparecerán los institutos locales, así como los tribunales electorales locales para que el TEPJF sea la única instancia jurisdiccional. Se reducirá a siete el número de consejeros electorales.
La Cámara de Diputados se conformaría con 300 legisladores, eliminando las 200 diputaciones plurinominales, en tanto que en el Senado pasarán de 128 a 96, cancelándose los senadores de “lista” para dar respuesta a la demanda de un abaratamiento de la democracia en México. A nivel estatal, se establecerán rangos en los congresos locales según la población para que la integración sea entre 15 diputados locales como mínimo y 45 como máximo.
DIPUTADOS POR LISTA
La iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador plantea que todos los candidatos a diputados y senadores no compitan en los 300 distritos que actualmente tiene el país, sino que -sin necesidad de hacer campaña- para ganar solo necesitarían estar en los primeros lugares de una lista y que el partido nomine. De acuerdo al número de votos obtenidos por el partido será el número de legisladores que alcance.
En la legislación electoral actual para renovar la Cámara de Diputados (cada tres años) los ciudadanos tienen la posibilidad de votar directamente en su distrito por el legislador de su preferencia. Obviamente este tiene que hacer campaña en su distrito. El voto directo de los ciudadanos también sirve para elegir al presidente.
Lo que propone la iniciativa de reforma electoral de López Obrador quitaría esa posibilidad, pues los diputados ya no ganarían con el voto de los ciudadanos de un distrito, sino que en conjunto llegarían a la Cámara baja dependiendo de la suma global de sufragios que obtengan las listas que harán los partidos.
La reforma propone que ya no haya distritos, sino que -uniformemente- todos los electores de una entidad voten por los candidatos de un partido determinado. El número de candidatos dependerá de la población del estado. En la iniciativa del presidente se aclara que, de acuerdo con el número de habitantes, en Aguascalientes solo podrán elegirse a 3 diputados; mientras que en Chiapas serán 13, en la Ciudad de México 22; en el Estado de México 40; en Jalisco 20; en Guanajuato 15; en Nuevo León 14, etc. El número de curules se determinaría de acuerdo con la población de cada estado reportada en el Censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
