Informe: en el 2016 Obrador calificó de “corrupto” a Quirino Ordaz

Álvaro Aragón Ayala 

Quirino Ordaz Coppel llegó a su quinto y último informe de gobierno con los sellos distintivos de los gobiernos del PRI: la corrupción, la simulación y la falta de transparencia, con el dispendio de alrededor de mil 500 millones de pesos en publicidad y propaganda, invertidos para ocultar sus trapacerías y ser “valorado” por las encuestadoras y columnistas oficiales como el mejor calificado del país. Si se analiza en retrospectiva la afirmación de Andrés Manuel López Obrador, quien tildó de “corrupto” a Ordaz Coppel en su “destape” como precandidato del PRI al gobierno de Sinaloa, el término es oportuno y encaja para tasar su quehacer gubernamental. 

En función del líder nacional de Morena, el 25 de enero del 2016, en el mitin celebrado en el Paseo Olas Altas, en Mazatlán, señalando a Quirino Ordaz, Andrés Manuel López Obrador dijo: “El que acaba de ‘destapar’ el PRI, un corrupto que fue secretario de Finanzas de los gobiernos corruptos del PRI, los que se han dedicado a saquear a Sinaloa, y ahora quiere seguir robado al igual que Malova”.  

Con ese calificativo pronunciado por quien ahora es presidente de la República, con los señalamientos de corrupción de los diputados de Morena, cuando menos dos demandas penales, una en la Fiscalía Estatal y otra en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y 41 auditorías específicas solicitadas por ciudadanos, arribó Quirino Ordaz Coppel a su quinto y último informe de gobierno, apostándole a la estrategia mediática que lo ubica como “muy amigo del Presidente” para intentar escapar de la crítica pública y de una serie de investigaciones contables en torno al ejercicio del presupuesto estatal, manejado al arbitrio personal para beneficiar a particulares. 

Señalado desde su precandidatura de “corrupto” por López Obrador, el saldo de la administración de Quirino Ordaz Coppel no solo es fallido sino fúnebre, con 8 mil muertos de la pandemia; es la imagen de un gobierno colapsado, prendido de los delgados hilos de una publicidad engañosa, que le ha costado al erario estatal alrededor de mil 500 millones de pesos, distribuidos principalmente entre la prensa nacional que todos los días ataca al presidente Obrador. Pese a la inversión, la figura del gobernador se bate en el estercolero. 

No solventa observaciones 

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomienda a los gobiernos entrantes que practiquen “sin afán de venganza” auditorías a los gobiernos salientes basando en los reportes previos de la Auditoría Superior de la Federación, el Sistema de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera. El gobierno de la Cuarta Transformación suspendió por dos ocasiones, en el 2020 y el 2021, el Convenio Único de Coordinación Fiscal al gobierno de Quirino Ordaz y lo requirió para que regrese recursos obtenidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas con documentación falsa. 

De las “revisiones” de las Cuentas Públicas, la diputada local por Morena, Graciela Domínguez Nava, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 63° Legislatura, manifestó su inconformidad, desde el dictamen del 2018, por el manejo de los recursos públicos, pues lo calificó de opacos y plagados de irregularidades y de ser solapadas por la Auditoría Superior del Estado, organismo que opera bajo el control de Quirino Ordaz Coppel. “No es posible que la ASE emita una determinación técnica donde aprueba esta cuenta pública sólo porque maneja un universo muy grande de presupuesto”, precisó. 

El 25 y el 26 de abril del 2021, Domínguez Nava ratificó que el sello del gobierno de Quirino “ha sido la resistencia a la rendición de cuentas, obstrucción a la que se sumó la auditora Emma Guadalupe Félix Rivera, al ignorar los actos flagrantes de corrupción que llevaron a que las cuentas públicas de la administración estatal estén en espera de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la negativa del mandatario, que en vez de solventar las observaciones prefirió vetarlas”. 

Uso irregular de recursos y demandas 

Graciela Domínguez Nava y la diputada Yeraldine Bonilla, de la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso Local, demandaron penalmente ante la Fiscalía General del Estado al gobierno estatal por el delito de corrupción por haber construido el estadio de futbol Kraken en Mazatlán con dinero público y haber suscrito de manera “secreta” un contrato con la empresa “Atlético de Morelia” S.A. de C.V., para el uso del coloso deportivo por 10 años sin ningún beneficio para el estado. 

El Partido Movimiento de Regeneración Nacional presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales contra Quirino Ordaz Coppel y su candidato del PRI-PAN-PRD al gobierno de Sinaloa, Mario Zamora Gastélum. Al gobernador lo acusó de coaccionar el voto y de generar inequidad en la contienda electoral mediante la entrega masiva de tarjetas alimentaria “Puro Sinaloa” para orientar los sufragios a favor de Zamora. 

Quirino Ordaz fue acusado también de usar las aeronaves del gobierno estatal como si se trataran de taxis aéreos. De acuerdo al reporte de la Comisión de Fiscalización del Congreso Local, Quirino Ordaz tiene a su disposición tres helicópteros y dos aviones, que, según las bitácoras, del 2017 al 2019 realizaron mil 463 vuelos, a reserva de los que efectuaron en los años 2020 y 2021. Sobresalen los reportes donde las aeronaves van y vienen el mismo día de la ciudad de México a Culiacán como si se tratara de vuelos comerciales. 

Pese a la protección de la Auditoría Superior del Estado, Quirino Ordaz Coppel no ha podido ocultar el uso “personal” de 2 mil 809 millones de pesos en créditos de corto plazo, la oscuridad en el destino de 8 mil 300 millones de pesos en ingresos excedentes, 4 mil 200 millones de pesos en obras sin expediente y el uso de mil 500 millones de inversión pública en beneficio directo de cuatro particulares concesionarios de bienes públicos, y el desvío de mil 600 millones de aportaciones de trabajadores estatales no entregadas al Instituto de Pensiones, la desaparición de un fondo de ahorro de los trabajadores por mil 060 millones de pesos, la falta de entrega de 113 millones de aportaciones patronales de vivienda al ISSSTESIN y el regalo de 42.5 millones de pesos a una institución de asistencia privada de los Mochis que en el sexenio de Mario López Valdez se habían entregado en calidad de préstamo. 

Con estos saldos catastrófico y fallas en el sistema de salud, seguridad, obras públicas, desarrollo urbano, educación y el manejo desastroso de la pandemia que ha enlutado a miles de hogares sinaloenses, llega Quirino a su quinto y último informe de gobierno…