Modificaciones a la Ley Orgánica de la ASE; explota de la risa la auditora
Álvaro Aragón Ayala
En plena mecanización del Congreso Local como instrumento para ajustar cuentas políticas y orientar la criminalización de políticos y funcionarios no alineados, nacieron, ahí, en el “corazón” del Poder Legislativo, reformas a la Ley Orgánica de la Auditoría Superior del Estado que no cambian en nada el escenario del combate a la corrupción.
Los diputados del Congreso Local aprobaron modificaciones a la Ley Orgánica de la Auditoría Superior del Estado para acortar los tiempos en la ejecución y “presentación” de las auditorías, para así, supuestamente, acelerar la detección de irregularidades en el manejo de los presupuestos públicos y poder, aparentemente, combatir “a tiempo” la corrupción.
Sin embargo, los miembros de la LXIV Legislatura dieron ya sobradas muestras de que no combatirán la corrupción dando a entender que las denuncias de las fuerzas sociales de Sinaloa en torno a una serie de latrocinios son solamente parte de un espectáculo y de que están a salvo los ladrones del erario público.
Las reformas, obviamente, ocasionaron que explotara de la risa la titular de la Auditoría Superior del Estado, Ema Guadalupe Félix Rivera, diestra en la práctica de las “auditorías patito” o las fiscalizaciones a modo y sagaz en la simulación al combate a la corrupción y responsable de evitar que se apliquen responsabilidades a ex funcionarios y funcionarios públicos en activo especialistas en el rapiñaje.
La nueva Ley Orgánica de la Auditoría Superior del Estado contiene reformas de modo, pero no de fondo. Incluye un enfoque “tecnocrático de la corrupción” y no toca la raíz del problema: la dominación y la impunidad. No profundiza en materia de transparencia y puntual rendición de cuentas. Deja abiertas muchas “lagunas” para escapar del brazo de la ley.
La Organización de las Naciones Unidas, en el Programa Global contra la Corrupción, define el fenómeno de la corrupción como un “comportamiento de los individuos y funcionarios públicos que se desvían de las responsabilidades establecidas y usan su posición de poder para satisfacer fines privados y asegurar sus propias ganancias”.
En sí la corrupción no es individual, es estructural. No se circunscribe únicamente a la extorsión de los ciudadanos por órdenes superiores o por inercias políticas y organizacionales. La corrupción es igual al abuso del poder más impunidad y menos participación ciudadana. El fenómeno obstaculiza el desarrollo de estructuras estatales justas y sustentables.
En Sinaloa, priva la corrupción y la impunidad por la incompetencia, la complicidad, los enjuagues y pactos políticos arraigados que varan el trabajo de la Auditoría Superior del Estado, de los Órganos de Control Internos y de la Secretaría de la Transparencia, convertidos en órganos sincronizados que solapan el saqueo del erario público.
Por años, es sabido que la corrupción florece en los procedimientos de adjudicación directa, la compra de bienes y servicios a empresas consideradas por el Servicio de Administración Tributaria como “fantasmas”, las subcontrataciones, subrogaciones, externalizaciones, contrataciones flexibles, el tráfico de influencias, la evasión fiscal, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo, etcétera.
Las “limitadas” reformas a la Ley Orgánica de la Auditoría Superior despiden el olor a la burla social; la ASE es controlada por un ex gobernador altamente corrupto y sus socios, en tanto que el saqueo de los dineros públicos prevalece en Mazatlán, Cosalá, El Fuerte, etcétera. Las normas jurídicas no son respetadas por las instituciones confeccionadas para su vigilancia.
Lo más deleznable es que el Congreso Local, hacedor de las modificaciones a la ley, opera en “secreto” asuntos de interés público de alto calado y direcciona vendettas políticas usando a la ASE como punta de lanza o de presión, recibiendo, a la vez, el auxilio de la Fiscalía General de Justicia instrumentalizada para que actúe, en un ejercicio de pleno abuso de poder, pronta y expeditamente contra políticos y funcionarios incómodos.
