Las universidades ya no aguantan más austeridad
Alvaro Aragón Ayala
Las universidades públicas estatales llegan a la puerta de la discusión del Presupuesto Federal 2027 con una advertencia que ya no puede ser ignorada: el modelo de financiamiento está agotado. Después de décadas de presupuestos insuficientes, crecimiento de matrícula, mayores obligaciones laborales, expansión de servicios y acumulación de pasivos pensionarios, las instituciones ya no tienen margen para soportar otra ronda de austeridad sin poner en riesgo su operación académica.
El momento es particularmente importante. A partir del 8 de septiembre de 2026, con la entrega del Paquete Económico 2027 por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados, comenzará formalmente el análisis legislativo de los ingresos y del gasto federal. Es ahí donde debe colocarse el problema universitario: no como una petición extraordinaria de dinero, sino como una discusión nacional sobre la viabilidad financiera de la educación superior pública.
El problema viene de lejos. Durante las últimas cuatro décadas, el financiamiento universitario ha estado marcado por crisis económicas, presupuestos insuficientes, programas extraordinarios que aparecen y desaparecen y una creciente dependencia de decisiones anuales de los gobiernos. El Estado mexicano -Federación y entidades federativas- no ha construido una política de financiamiento suficientemente estable, sostenible y de largo plazo para las universidades públicas.
Durante años se utilizó una fórmula que combinaba un presupuesto ordinario con bolsas extraordinarias condicionadas al cumplimiento de determinados objetivos. Esa estrategia permitió avances importantes en infraestructura, investigación, bibliotecas y un ajustado incremento de la matrícula, pero dejó pendientes problemas de fondo, especialmente los relacionados con pensiones, jubilaciones y el crecimiento de las obligaciones laborales.
Después vino el cambio de orientación. Las universidades pasaron de competir por recursos para mejorar su calidad a competir por recursos para sobrevivir. El financiamiento extraordinario se redujo, desaparecieron o se limitaron programas específicos y aumentó la presión para que las propias instituciones generaran recursos. El resultado fue una paradoja: se les exigió ampliar cobertura, mejorar indicadores, investigar, innovar y atender a más estudiantes, pero sin proporcionarles recursos equivalentes al crecimiento de sus responsabilidades.
La austeridad que se ha exigido, además, no distingue entre una universidad financieramente sana y otra que arrastra pasivos históricos; tampoco distingue entre una institución pequeña y otra que atiende decenas o cientos de miles de estudiantes. Si el presupuesto se mantiene prácticamente inmóvil mientras aumentan la matrícula, los costos laborales, la infraestructura, la tecnología y las obligaciones pensionarias, el recorte se convierte en un problema académico y social.
La experiencia acumulada demuestra también que no existe una solución mágica. Las universidades tienen responsabilidades que deben atender: transparencia, rendición de cuentas, eficiencia administrativa, saneamiento financiero, revisión de sus sistemas pensionarios y corrección de cualquier irregularidad que pudiera existir. Pero una cosa es exigir responsabilidad institucional y otra muy distinta pretender que la austeridad sustituya indefinidamente al financiamiento público.
La discusión presupuestal de 2027 debería partir precisamente de esa realidad. México ha construido un sistema de educación superior mucho más grande que el que existía cuando fueron diseñadas las actuales reglas de financiamiento. Hay más estudiantes, nuevas exigencias tecnológicas, mayores necesidades de investigación, infraestructura más costosa y responsabilidades sociales mucho mayores. No se puede pedir una universidad del siglo XXI con un financiamiento diseñado para las universidades del siglo pasado.
El viejo principio de “hacer más con menos” tiene un límite y cuando se rebasa, hacer más con menos significa simplemente hacer menos: menos mantenimiento, menos investigación, menos contratación de jóvenes académicos, menos infraestructura, menos capacidad tecnológica y, finalmente, menor calidad educativa. Ese deterioro no siempre aparece inmediatamente en una hoja contable; aparece después en los laboratorios que no se construyeron, en los investigadores que emigraron, en los edificios que no se repararon y en los estudiantes que dejaron de recibir determinados servicios.
El propio recorrido histórico documentado sobre las universidades públicas muestra cómo la austeridad ha producido deterioro de infraestructura, insuficiencia de apoyos para proyectos, presión sobre las condiciones laborales y restricciones para incorporar nuevas generaciones de profesores e investigadores.
Por eso, el Presupuesto 2027 representa una oportunidad para cambiar la lógica. No, de hecho, no se trata de entregar cheques en blanco a las universidades, sino de establecer reglas claras: financiamiento suficiente, metas verificables, transparencia absoluta, saneamiento de pasivos, corresponsabilidad de los gobiernos estatales y mecanismos permanentes para atender los problemas pensionarios.
La Federación tampoco puede trasladar toda la responsabilidad a las universidades. Si durante décadas permitió que determinados esquemas laborales y pensionarios se desarrollaran dentro de las instituciones públicas, hoy tiene una responsabilidad en la construcción de la solución. Del mismo modo, los gobiernos estatales deben asumir su parte. La educación superior pública es una responsabilidad del Estado, no una carga que pueda abandonarse en el presupuesto universitario.
Si México quiere educación superior gratuita, cobertura amplia, investigación científica, innovación tecnológica y universidades capaces de formar a las nuevas generaciones, tiene que financiar esas obligaciones. Que no se confunda, entonces. El Estado debe cubrir con recursos adicionales la gratuidad y pagar las aulas, los laboratorios, los profesores, la investigación, la infraestructura, la tecnología y los servicios universitarios.
El país no necesita otra campaña de austeridad universitaria, sino un nuevo pacto financiero con sus universidades públicas. Uno que combine disciplina, transparencia y rendición de cuentas con suficiencia presupuestal y visión de largo plazo. La discusión del Paquete Económico 2027 debe comenzar con una verdad elemental: las universidades públicas estatales ya no aguantan más austeridad. Si se les sigue exigiendo crecer, incluir, investigar, innovar y educar con presupuestos insuficientes, la factura no la pagarán los trabajadores y estudiantes y, finalmente, todo México.
