¿Y AHORA? ¿DE QUÉ HABLARÁ LA OPOSICIÓN?
Alvaro Aragón Ayala
La crisis que durante meses tuvo como eje pivotante al gobernador Rubén Rocha Moya y al senador Enrique Inzunza Cázarez mutó en su correlación de fuerzas. Con Rocha apartado del foco del poder, la asunción de Graciela Domínguez Nava a la gubernatura interina, Imelda Castro Castro posicionada como figura central de la estrategia de Morena rumbo a 2027 y la declaración de Inzunza como senador independiente, se reconfiguró la “topografía” del conflicto. Este repliegue de los actores que hasta ahora concentraban el desgaste político obligaría a la oposición a revisar, con carácter inmediato, su diseño comunicacional estratégico. Si pretende conservar vigencia y evitar la neutralización de su proyecto rumbo a 2027, tendría que encontrar un nuevo centro de gravedad para su discurso.
La oposición explotó con eficacia un blanco de alta rentabilidad política: la figura de un mandatario sometido a un intenso desgaste mediático y a señalamientos de dimensión internacional. Pero, desde la lógica de la inteligencia estratégica, cuando un el gobierno modifica su dispositivo y retira de la primera línea a las figuras desgastadas, continuar concentrando el fuego sobre esos personajes podría reducir progresivamente el rendimiento político de la ofensiva. El diagnóstico -inseguridad, desapariciones, crisis económica y presunta infiltración criminal- habría alcanzado un punto de saturación política. De ahí que, estratégicamente, la oposición podría dejar de hablar únicamente de lo que habría ocurrido para comenzar a explicar qué Estado propondría construir, cómo recuperaría la seguridad y de qué manera reconstruiría la gobernabilidad.
Con base en los principios de desplazamiento de agenda y comunicación estratégica, el primer movimiento previsible de la oposición sería trasladar el conflicto de lo individual a lo sistémico. La narrativa podría evolucionar del “caso Rocha” hacia el cuestionamiento de las instituciones, controles y decisiones políticas que, a juicio de sus críticos, habrían permitido la acumulación del poder y el deterioro de la seguridad. El objetivo ya no sería únicamente el actor, sino el sistema de decisiones. En esa lógica, Morena podría convertirse en el adversario político de fondo toda vez que la oposición intentaría sostener que el relevo de personas no necesariamente equivale a una depuración institucional.
Morena, entonces, podría emprender una maniobra de desvinculación defensiva: individualizar las responsabilidades políticas y jurídicas, separar a los personajes desgastados del partido y presentar la llegada de nuevos perfiles como un punto de inflexión. El ascenso de Imelda Castro podría ser utilizado para proyectar una etapa distinta, mientras el gobierno interino de Graciela Domínguez buscaría concentrarse en la gobernabilidad y en la administración de la transición. La eficacia de esa estrategia dependería de que el oficialismo lograra instalar la percepción de una renovación real, mientras que la oposición probablemente intentaría demostrar que existe continuidad en las estructuras, decisiones o prácticas que pretende cuestionar. El choque narrativo, entonces, podría resumirse en dos mensajes contrapuestos: “cambio de personas” frente a “cambio de régimen”.
En esta nueva fase, el concepto de “narcopolítica” podría experimentar una transformación dentro del discurso opositor. Utilizado exclusivamente como calificativo personal, corre el riesgo de agotarse y convertirse en una disputa de descalificaciones. Estratégicamente, podría resultar más eficaz convertirlo en una categoría de auditoría pública-institucional: preguntar cómo funcionan los controles de confianza, las policías, las fiscalías, los sistemas de inteligencia, la supervisión patrimonial y los mecanismos de prevención de infiltraciones criminales. Los manuales de inteligencia parten de una premisa básica: no basta con identificar al actor; es necesario reconstruir la red, los vínculos, las vulnerabilidades y las condiciones que hicieron posible una determinada conducta. La oposición podría intentar llevar la discusión precisamente hacia ese terreno: no solamente quién fue señalado, sino qué tan resistente es el Estado frente a cualquier forma de captura institucional.
No obstante, la oposición enfrentaría una paradoja estratégica. La polarización intensa puede consolidar al electorado propio, pero también limitar la posibilidad de penetrar en sectores moderados e independientes. Mantener indefinidamente el ataque personal contra Rocha o Inzunza podría producir rendimientos político-electorales; abandonarlo por completo significaría renunciar al capital político acumulado durante la crisis. Una estrategia más rentable podría consistir en utilizar el pasado como evidencia y el futuro como oferta: seguridad, desapariciones, recuperación económica, protección de policías y ciudadanos, reconstrucción institucional y pacificación. En sí, convertir la denuncia en propuesta electoral de gobierno.
La movilización convocada para el domingo 13 de septiembre podría convertirse, en ese diseño, en un vector de fuerza dentro de la agenda pública. La cercanía de la protesta con el inicio formal del proceso electoral podría medir capacidad de convocatoria, densidad organizativa, penetración territorial y reconocimiento de liderazgos. Pero los manuales de inteligencia estratégica permiten distinguir entre masa y estructura: una multitud demuestra capacidad de concentración; una organización demuestra capacidad de permanencia. Por ello, la oposición podría intentar que las movilizaciones no concluyan en la fotografía de un día, sino que evolucionen hacia redes ciudadanas, agendas sectoriales, comités, propuestas y liderazgos capaces de sobrevivir a la coyuntura. El descontento sería el combustible; la organización, el mecanismo para transformarlo en poder político.
Sin embargo, la sociedad podría rechazar una apropiación partidista demasiado evidente de las movilizaciones; en cambio, una agenda capaz de incorporar víctimas, comerciantes, empresarios, académicos, trabajadores, colectivos de desaparecidos e instituciones sociales como la Iglesia tendría posibilidades de adquirir mayor transversalidad. Si la protesta fuese absorbida prematuramente por intereses electorales, podría perder legitimidad ciudadana; si consiguiera preservar una identidad social y, posteriormente, traducir sus demandas en propuestas, podría transformarse en un actor político de consideración.
La llegada de Graciela Domínguez a la gubernatura interina constituiría, desde esta perspectiva, un desafío táctico para la oposición que exigiría mayor precisión. Asumir de antemano que su administración no sería una simple prolongación del esquema anterior podría facilitarle al gobierno una respuesta defensiva y restar credibilidad al discurso opositor. Algo similar ocurriría con Imelda Castro: el reposicionamiento de una figura distinta obligaría a la oposición a dejar de combatir exclusivamente a los personajes del pasado y a exigir definiciones sobre el futuro. Estratégicamente, podría resultarle más rentable obligar a Morena a responder sobre seguridad, economía, justicia, desaparecidos y reconstrucción institucional que limitarse a recordarle permanentemente el desgaste de Rocha.
El desenlace del proceso 2026-2027, por tanto, difícilmente podría anticiparse únicamente desde la lógica de la crisis que está quedando atrás. La oposición podría intentar pasar de una guerra de desgaste personal a una competencia por el encuadre del futuro de Sinaloa. Morena buscaría probablemente demostrar que puede cerrar una etapa, renovar sus figuras y conservar su base electoral; la oposición tendría que decidir si pretende prolongar el expediente Rocha o utilizarlo como punto de partida para construir una alternativa. La salida de los actores centrales del conflicto podría modificar la confrontación política. Quien logre imponer la narrativa sobre lo que Sinaloa necesita después de la crisis podría terminar ocupando el verdadero centro de gravedad de la elección de 2027.
