Demanda de México contra fabricantes de armas y su impacto en municipios
Martha Palma
Comunidades mexicanas que sufren violencia por armas de fuego, podrían beneficiarse de los pagos por daños restitutorios, que hagan productoras y distribuidoras de armas estadounidenses, bajo el término legal “Public nuisance”, que argumenta daños a la población en su conjunto.
El gobierno mexicano, a través de la Cancillería, presentó una demanda en contra de productores y distribuidores de armas ante una Corte Federal estadounidense en Boston, Massachusetts, el pasado 4 de agosto, a los que acusa de comercio negligente e ilícito del armamento que es traficado a México y llega a grupos criminales.
La demanda señala a once compañías, entre ellas destacan Smith & Wesson Brands, Inc.; Barret Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta U.S.A. Corp.; Colt’s Manufacturing Company LLC, Interstate Arms y Glock Inc.
Si bien dicho proceso legal puede demorar años, en caso de obtener un fallo favorable, el pago por daños restitutorios, que se espera sea por 10 mil millones de dólares, sería gestionado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y el Congreso de la Unión determinaría la forma de aplicar dichos recursos en los municipios afectados, ya sea mediante obras, proyectos o programas sociales.
Esta es la primera demanda en su tipo que hace un gobierno extranjero, contra fabricantes de armas estadounidenses.
El argumento central del litigio es que, desde hace varias décadas, las empresas demandadas son conscientes de que las armas que comercializan son traficadas y usadas en actividades ilícitas en México, inclusive en ataques en contra de las autoridades. Los demandados promueven su venta al público en general destacando sus características militares, permiten ventas múltiples a un solo comprador y facilitan las ventas entre particulares, en las que no se efectúan revisiones de antecedentes del comprador o del origen del arma.
“Hay ejemplos de litigios exitosos por daños a la salud pública contra empresas tabacaleras, mineras y farmacéuticas en Estados Unidos, y es muy factible que ahora, las compañías fabricantes y distribuidoras de armas, paguen por toda su negligencia”, opina Arturo Cervantes Trejo, titular de la Cátedra Carlos Peralta en Salud Pública de la Universidad Anáhuac.
La exigencia del Estado Mexicano se basa no solo en las muertes que genera el tráfico ilegal de armas sino en el grave impacto económico que tiene en áreas como seguridad, sanidad, comercio o turismo que, según cálculos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), podría ser entre 1.7 y 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
La violencia es un problema epidémico de salud pública, como toda enfermedad contagiosa, tiene grandes impactos a nivel municipal, pero hay formas de prevenirla, si bien el litigio estratégico es una herramienta contra la violencia por armas de fuego, también se pueden atender los problemas de seguridad, considerando todos los factores de riesgo y protección en el entorno social y familiar, refiere el académico.
“Se puede prevenir la violencia infantil y la violencia en los jóvenes, víctimas del crimen organizado, con bases científicas, queda en los presidentes municipales aplicar la ciencia y el conocimiento a su alcance”.
Recuerda que en 2020 hubo más de 36 mil homicidios, mismos que conllevan daños psicológicos y emocionales a las familias afectadas y a quienes quedan discapacitados por heridas con armas de fuego, además los costos sociales.
