Homex y Eustaquio de Nicolás: el abuso y la impunidad como modelo de negocio
Claudio González Caraza
La historia de uno de los fraudes empresariales más sonados en lo que va de este siglo tiene capítulos desconocidos. Eustaquio de Nicolás —el fundador de Homex, empresa que llegó a ser una de las más grandes desarrolladoras de vivienda de interés social en el México— es el protagonista de una historia de engaños que parecía haber terminado cuando su emporio se colapsó en el 2013. Pero su suerte no terminó ahí. De Nicolás, amigo del expresidente Enrique Peña Nieto desde que los dos iban en la universidad, se vio favorecido por un trato diferencial del gobierno de Peña ante acusaciones de defraudación fiscal. Al mismo tiempo, una empresa ligada a él fue la beneficiaria de decenas de contratos de obra pública en la pasada administración. Esta es la historia de un empresario que timó a sus clientes, a sus empleados, a sus inversionistas, y al estado mexicano. También es la historia de la respuesta de las autoridades ante estos engaños: la impunidad y el cobijo con dinero público.
Una maqueta engañosa
La maqueta enseñaba casas pequeñas pero atractivas dentro de una comunidad con jardines, juegos infantiles y calles limpias. Cuando Martha Medina conoció a los vendedores de Homex en el supermercado Soriana donde trabajaba como guardia, éstos le platicaron del conjunto habitacional Santa Fe, el cual estaba por inaugurarse en el municipio de Zumpango, Estado de México. El desarrollo tendría suministro de agua constante, una red eléctrica confiable, y un drenaje funcional. Los vendedores también le aseguraron que sería un lugar seguro para vivir en familia. Martha, que es madre soltera, quedó convencida y adquirió la vivienda tras años de acumular ahorros en su cuenta del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). Se mudó a Zumpango el 2011 junto con su hijo y su madre.
Homex, una compañía fundada en 1989 por el empresario sinaloense Eustaquio de Nicolás Gutiérrez, nunca terminó el desarrollo.
El municipio tampoco ha brindado, en todo este tiempo, los servicios públicos básicos a los miles de nuevos residentes que llegaron en los últimos siete años a las 2,600 casas que conforman el fraccionamiento. Los vecinos no tienen alumbrado público. El servicio de agua es intermitente: de cinco a nueve de la mañana y otra vez del mediodía a las cuatro de la tarde. No hay recolección de basura, lo que obliga a los vecinos a contratar camiones de carga privados a los cuales hay que pagar según el tamaño de los desechos. La mayor fuente de preocupación de los vecinos es, sin embargo, la seguridad.
El abandono y subsecuente invasión y vandalización de casas ha crecido con el tiempo. Ante las demandas de los vecinos, el municipio responde que el fraccionamiento, “no está municipalizado”. Es decir, no se hace responsable. Martha y sus vecinos viven en un limbo: la empresa que les vendió se desentendió hace mucho y el gobierno no se hace cargo.
El ayuntamiento de Zumpango no respondió a un cuestionamiento enviado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ni a múltiples llamadas para aclarar por qué el desarrollo de Santa Fe se encuentra desatendido por esa autoridad.
Este conjunto habitacional de Homex es solo uno de muchos en las mismas condiciones a lo largo del país.
Ilustración: Víctor Solís
Miles de viviendas malogradas
Durante los sexenios panistas, la vivienda de interés social tuvo un crecimiento sin precedente en México. Mientras se otorgaban créditos de vivienda al por mayor, los gobiernos municipales facilitaban el cambio de uso de suelo para posibilitar los desarrollos masivos. Lo que muchas veces no hacían era construir las vialidades, o llevar transporte público y brindar los servicios que los desarrollos iban a necesitar.
Tan pronto Homex escrituraba las casas a sus nuevos propietarios, el INFONAVIT hacía una transferencia a la empresa por el monto del contrato de venta (restando el enganche), aún cuando la casa no estuviera terminada o el proyecto no contara con servicios básicos. Esto permitía a la empresa deslindarse de cualquier responsabilidad mientras que el nuevo propietario se veía obligado a pagar la hipoteca al INFONAVIT, mes con mes, hasta que el saldo llegara a cero. “El crédito está a un plazo de 20 a 30 años”, explica Thelma Fong Sang, trabajadora social que ha atendido a inquilinos de decenas de conjuntos habitacionales en todo el país. “Pero las casas ni siquiera van a durar de pie tanto tiempo: tú entras por la puerta, le das una patada, y la tiras.”
El mapa de clientes que fueron engañados por Homex se extiende prácticamente a todos los estados donde operó la empresa: desde Baja California hasta Chiapas. Augusto, un ex-empleado de Homex que trabajó como supervisor de calidad en un desarrollo en el estado de Puebla relata algunas de las malas prácticas de Homex: “La gente de ventas se aprovechaba. Los clientes no sabían ni la ubicación de las casas que compraban. No existían ni muros cuando las vendían”. Reconoce que, “la calidad de las viviendas era muy mala”.
Al cuestionarle cómo es que el INFONAVIT permitía que los desarrollos se entregaran así, responde: “El INFONAVIT ni se presentaba. Nunca iban al fraccionamiento de Huejotzingo [Puebla]. Nunca tuvimos contacto con ellos”.
Bernardo, otro exempleado de Homex, señala que él trabajó en un proyecto de 500 casas en Chiapas. “De esas, entre doscientas o trescientas ni siquiera tenían prospectos de venta [posibles clientes interesados], pero las reportábamos como vendidas. También había casas que no se habían construido que ya estaban escrituradas a clientes. Los notarios y peritos que evalúan las casas firmaban todos los papeles para casas que ni siquiera existían”.
En entrevista el 5 de marzo del 2018, se cuestionó a Eustaquio de Nicolás sobre el estado actual del fraccionamiento de Santa Fe, en el municipio de Zumpango. “Yo no lo conozco [el fraccionamiento] pero debe de estar bien jodido”. También señaló que, “el modelo [de desarrollo de vivienda] debería de ser diferente. Nosotros bailamos al son que nos toca el gobierno. Si el INFONAVIT dice, ‘Yo quiero casas de 140,000 pesos’, pues hacemos casas de 140,000 pesos. Es una pendejada pero es lo que pedía el INFONAVIT”. Agregó que Homex tiene un plan para arreglar desarrollos que dejaron incompletos o en mal estado. La empresa no accedió a una entrevista para este reportaje.
Mientras tanto en Zumpango, Martha Medina está considerando abandonar su casa Homex como lo han hecho la mayoría de los que llegaron a ser sus vecinos. “Viendo la situación como está yo creo que voy a hacer lo mismo que hicieron los demás. No hay persona que quiera un traspaso, ni la venta por la situación en la que está el fraccionamiento. Voy a tener que perder el crédito. Yo se que voy a perder mi dinero, pero prefiero mil veces perderlo a seguir viviendo así”.
Fotografía del autor.
El hombre detrás de Homex
En agosto del 2012, cuando apenas había transcurrido un mes de la elección presidencial, el entonces candidato ganador, Enrique Peña Nieto, se tomó unos días de descanso en Baja California Sur. Su primera parada fue en Los Cabos. Después fue a Loreto, donde se hospedó en el hotel Inn at Loreto Bay, un exclusivo destino de playa que en ese entonces era propiedad de Homex.
En ese momento Homex era presidida por Eustaquio de Nicolás, quien ese año fue incluido entre los 100 empresarios más importantes de México en la lista de la revista Expansión. De Nicolás y Peña Nieto son amigos desde hace más de dos décadas, cuando coincidieron como estudiantes en la Universidad Panamericana. En el verano del 2012, mientras De Nicolás vacacionaba con el presidente electo, el gobierno de Estados Unidos investigaba a su empresa por un fraude financiero masivo cometido en aquel país.
Ese no era el único problema en puerta para el empresario mexicano. Unos meses más tarde, en agosto del 2013, la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó tres diferentes denuncias por defraudación fiscal en su contra. Los delitos por los cuales se le acusaba pueden ser castigados con hasta nueve años de cárcel.
Para fortuna de Eustaquio de Nicolás, la justicia mexicana no lo llamó a rendir cuentas. Las denuncias no prosperaron y más tarde la Procuraduría General de la República (PGR) decidió no ejercer acción penal por los casos de defraudación fiscal.
Su suerte no se terminó ahí. Tan sólo un mes después de que se presentaron esas tres denuncias, una empresa vinculada a De Nicolás comenzó a recibir contratos del gobierno federal a cargo de Peña Nieto. Expectras S.A. de C.V., compañía fundada por Eustaquio de Nicolás, recibió más de 700 millones de pesos en contratos de obra pública durante el sexenio pasado, esto de acuerdo con el portal de contratación pública Compranet.
[pdf-embedder url=”https://www.nexos.com.mx/wp-content/uploads/2018/12/querella-1.pdf”]
Amigos desde la universidad
Peña Nieto y Eustaquio de Nicolás se hicieron amigos cuando estudiaban en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. Los dos se hospedaron, al mismo tiempo, en una casa ubicada en la colonia Florida donde vivían más de 100 estudiantes. Ambos mantuvieron una relación cercana incluso fuera de las aulas.
En 2007, por ejemplo, cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México, De Nicolás lo invitó a él y a su familia a su yate. En esa ocasión, según lo relata el propio De Nicolás, navegaron las aguas de Baja California Sur y fueron a ver ballenas. “No es que todas las mañanas le hable”, matiza el empresario sinaloense. “Desde que es Presidente lo he visto una vez. A los dos meses que entró de Presidente lo vi, o al mes, y no lo he vuelto a ver”.
Cuando en agosto de 2012, Peña Nieto visitó el hotel de la empresa Homex, Inn at Loreto Bay, esta desarrolladora de vivienda era una de las tres más grandes del país. Ese año reportó que había vendido 52,486 casas en el 2011.
De estas vacaciones que tomó el entonces presidente electo quedó una fotografía. Se trata de una imagen de Peña Nieto con Eustaquio de Nicolás y un tercer personaje: el entonces alcalde de Loreto, Jorge Avilés, quien se encargó de hacer pública la foto, junto con un comunicado de prensa enumerando una serie de supuestos acuerdos en materia turística.
Enrique Peña Nieto y Eustaquio de Nicolás (derecha) en Loreto, Baja California Sur en agosto del 2012 (Fuente: Zeta Tijuana)
Defraudación sin sanción
Tan sólo unos meses después del encuentro en Baja California, parecía que los buenos tiempos para Homex y para Eustaquio de Nicolás estaban por terminar. La empresa comenzó a incumplir con pagos de sus deudas y en mayo del 2013 fue demandada por un acreedor. Sus acciones venían en picada y era investigada —por un delito financiero estratosférico— por la Securities and Exchange Commission (SEC), la dependencia del gobierno de Estados Unidos que se encarga de vigilar el buen funcionamiento de los mercados de valores.
En su investigación, la SEC, máxima autoridad del mercado financiero de EUA, usó fotos satelitales, para demostrar que Homex en realidad no había construido viviendas que meses atrás había reportado al mercado como vendidas.
Además, en agosto de ese 2013, la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó las tres denuncias en contra de Eustaquio de Nicolás ante la PGR, por una defraudación fiscal calculada en 149.5 millones de pesos, según consta en los expedientes números 419/2013, 448/2013 y 449/2013.
En las querellas, la Procuraduría Fiscal pidió ejercer acción penal contra el poderoso fundador y presidente de Homex. No obstante, el curso de esas investigaciones fue singular: las tres averiguaciones previas debieron presentarse ante un juez quien valoraría las pruebas para detener a Eustaquio de Nicolás y abrir un juicio, pero eso nunca sucedió.
[pdf-embedder url=”https://www.nexos.com.mx/wp-content/uploads/2018/12/querella-2.pdf”]
En dos de esas querellas se acusa al empresario de haberse quedado con los impuestos que descontó a sus trabajadores y que tenían que haber sido entregados al fisco. La ley contempla un castigo de tres a nueve años de cárcel por ese delito. La tercera querella fue por deducciones de impuestos falsas.
No se ejerció acción penal. La Procuraduría Fiscal, incluso, reclamó por escrito a la PGR para que siguiera adelante con las investigaciones, pero fue en vano, según fuentes del gobierno con conocimiento de primera mano del asunto. En julio de 2017 ya se habían cumplido los cinco años que marca la ley como plazo entre la comisión del delito y el ejercicio de la acción penal. Los expedientes fueron archivados.
El abogado penalista Agustín Acosta, socio del despacho Carrancá, Araujo, Acosta & Riquelme, se mostró sorprendido por este caso. “Se trata de un procedimiento profundamente anómalo e irregular porque normalmente las querellas fiscales se tramitan como temas prioritarios para el Estado y suele haber una gran coordinación entre la PGR y la Procuraduría Fiscal”, dijo en entrevista MCCI.
Eustaquio de Nicolás, al ser consultado para este reportaje, aseguró que en noviembre del 2013 pagó el monto defraudado. Como evidencia, presentó copias fotostáticas de transferencias al SAT por 180 millones de pesos. El SAT informó a MCCI estar imposibilitado de corroborar si esos pagos se realizaron.
Aun si el monto defraudado se hubiera pagado, la PGR tendría que haber seguido adelante con el proceso penal y llevar estos asuntos ante un juez. El abogado experto en materia fiscal, Ramiro González Luna, lo explica: “Si el pago del monto defraudado sucede después de que la autoridad fiscal haya detectado el acto delictivo, no se borra la conducta criminal. Por lo tanto, en términos del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, párrafo noveno, este pago no puede ser considerado como espontáneo. Es por eso que la PGR debió de haber continuado con el proceso y ejercer acción penal. Sin lugar a dudas. En este caso es clarísimo.”
Para este reportaje se pidió a la PGR que aclarara el motivo del no ejercicio de la acción penal. A pesar de múltiples intentos, la dependencia nunca respondió al cuestionario enviado por MCCI.
[pdf-embedder url=”https://www.nexos.com.mx/wp-content/uploads/2018/12/querella-3.pdf”]
Acción penal no, contratos sí
En septiembre de 2013, un mes después de que la Procuraduría Fiscal presentó las denuncias, la empresa Expectras —fundada en 2011 por Eustaquio de Nicolás— comenzó a recibir contratos del gobierno federal para construir obra pública. La mayoría se los otorgó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
A partir de ese momento y hasta junio del 2014, Expectras recibió un total de 44 contratos por 700 millones de pesos de distintas instancias del gobierno federal. El 60.5% de ese monto fue asignado de manera directa, es decir, sin licitaciones de por medio, de acuerdo a información pública del portal Compranet.
En entrevista con MCCI, De Nicolás aseguró que actualmente ya no es socio de Expectras. No obstante, dos distintas fuentes dentro del gobierno, consultadas por separado, aseguraron que él era un visitante recurrente en las oficinas de la SCT. Según estas fuentes, las visitas eran especialmente frecuentes después de algún desastre natural.
Tan sólo entre noviembre del 2013 y enero del 2014, por ejemplo, la SCT entregó 21 contratos a la empresa Expectras, para reconstruir caminos y carreteras afectadas por el huracán Carlotta en Oaxaca. Estos contratos se financiaron con recursos del el Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN).
— ¿En esta administración gestionaste contratos para Expectras en la SCT? – se le insistió varias veces, durante una entrevista, a De Nicolás.
— A lo mejor, al principio sí, con Murrieta. —respondió el empresario, después de la tercera vez.
Raúl Murrieta fue subsecretario de infraestructura en la SCT, desde diciembre del 2012 hasta agosto del 2016. Luego de su salida, no se dieron más contratos a Expectras, de acuerdo con los registros públicos del sistema Compranet.
Antes de eso, Murrieta fungió como subsecretario de administración y secretario de finanzas en el Estado de México, cuando Peña Nieto fue Gobernador. El secretario de Comunicaciones y Transportes durante toda esta administración ha sido Gerardo Ruiz Esparza, un hombre cercano al ex mandatario.
Eustaquio de Nicolás mostró a MCCI documentos para comprobar que cedió sus acciones en Expectras a su socio Islas Ibarra, desde el 4 de julio del 2012. El traspaso se formalizó ante notario público el 30 de noviembre del 2012, un día antes de que Peña Nieto asumiera la Presidencia.
Negocios al amparo del poder
Gene Towle, analista del sector de vivienda en México, explica que todas las grandes empresas de esta industria tienen a un “encantador de serpientes” encargado de las relaciones políticas. En el caso de Homex, asegura, Eustaquio fue ese “encantador de serpientes”, su talento lo ha llevado a formar muy buenas relaciones con políticos a lo largo del país.
Este hombre de negocios también procuró acercarse al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien ahora está preso por asociación delictuosa y lavado de dinero. El propio De Nicolás describió su relación con Duarte: “conocí a Javier cobrando algunas cosas que me debía el gobierno de Veracruz. A Luis Mario [Islas], un compadre mío, le debían un montón de dinero. [Duarte] No es ni mi amigo.”
Aunque asegura que no era su amigo, la cercanía con el gobierno veracruzano rindió frutos: de los 38 contratos recibidos por Expectras en ese Estado, al menos una docena fueron entregados a través de licitaciones en donde los concursantes simulaban competencia.
Miguel Ángel Ardavín, ex director general de Expectras, dijo a MCCI que cuando él se dio cuenta de la simulación en las licitaciones, despidió al responsable de orquestar esta trampa; sin embargo, advirtió que no tenían motivos para renunciar a esos contratos. Los negocios seguían en pie.
Eustaquio de Nicolás (camisa azul) y el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte (primero de izquierda a derecha) en reunión en julio del 2011 (Fuente: página de Pinterest de Javier Duarte de Ochoa).
¿Un futuro despejado?
Después de su colapso en el 2013 ha habido cambios importantes en Homex.
En octubre de ese año salieron diversos consejeros que habían acompañado a la empresa por largos años.
Salió, por ejemplo, Wilfrido Castillo Sánchez Mejorada (de Quálitas y quien fungió como Presidente del Comité de Auditoría de Homex) quien en entrevista para este reportaje señaló que él nunca se enteró, “de absolutamente nada,” relacionado al fraude financiero de la empresa. “Para mí ha sido una sorpresa enorme”. También aceptó que en sus casi diez años como consejero de Homex, nunca visitó un desarrollo de la empresa.
Otro consejero que dejó Homex fue Luis Harvey (fundador de Nexxus Capital y temprano impulsor de Homex) quien participó en el consejo por casi 15 años. En entrevista, Harvey también se deslindó de las malas prácticas de la empresa tanto en sus manejos financieros como en las promesas incumplidas con sus clientes. En entrevista telefónica señaló que, “para nosotros a nivel consejo es muy difícil saber qué pasa en cada proyecto individual. No tienes idea. No hay manera de saber. Si te están diciendo [los directivos] que está pasando una cosa, tú no lo vas a ir a corroborar”.
Tanto Castillo como Harvey agregaron que otras empresas en el sector también hubieran sufrido las mismas acusaciones de fraude si hubieran cotizado en mercados de valores en EEUU. “En México la norma es la impunidad. Lo única razón por la que a Homex le está pasando esto es porque se listó en Nueva York,” apuntó Harvey.
En la primera mitad del 2014, después de incumplir en múltiples ocasiones con su obligación de presentar reportes financieros al mercado, Homex fue suspendida tanto de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) como de la New York Stock Exchange. En junio de ese año, empezó su proceso de concurso mercantil (en el cual se busca una renegociación con acreedores para poder salvar a la empresa) ante el juez Jaime Páez Díaz en el Juzgado Primero de Distrito en Sinaloa.
Pasaron catorce meses en los que Homex reestructuró su deuda y se recapitalizó, y en octubre del 2015, la empresa sinaloense salió de concurso mercantil. El 23 de ese mes, Homex reanudó su cotización en la BMV muy por debajo de su máximo histórico. En una carta enviada a la Bolsa, Eustaquio de Nicolás atribuyó la salida de concurso mercantil al, “arduo y tenaz trabajo llevado a cabo por todos los involucrados en este proceso”.
Mientras en EUA Homex está impedida de cotizar en mercados públicos, en México la empresa sigue cotizando en la BMV y se ha mantenido como proveedora para quienes adquieren su vivienda a través de créditos otorgados por instituciones que cuentan con recursos públicos. Según el reporte anual de la compañía de 2016 los ingresos por vivienda obtenidos a través de INFONAVIT representaron el 55% del total, en tanto que los del FOVISSSTE son 37% de sus ventas. Ese año, los acreditados del INFONAVIT compraron 866 casas Homex en Baja California, Veracruz, Guanajuato, Puebla y el Estado de México.
El 13 de febrero de este año se anunció la salida de Eustaquio de Nicolás de la presidencia del consejo. En entrevista con MCCI, De Nicolás dijo que él tomó esa decisión al ver que Homex, “tenía un futuro sin tantos nubarrones. Tenía que entrar una nueva etapa que se viera que ya no era mi empresa, que era una empresa pública.” En una segunda entrevista con MCCI, De Nicolás agregó que, “para mí lo que es importante es que entregué una gestión transparente”. En las publicaciones más recientes de la BMV, De Nicolás todavía aparece como consejero de la empresa.
