Quirino y Rubén Rocha y la gira de Obrador por el estado de la violencia
Álvaro Aragón Ayala
El viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará en Sinaloa, estado flagelado por la violencia y el crimen, la reunión de seguridad en Culiacán y supervisará después obras carreteras que se construyen en el municipio de Badiraguato, la tierra de origen del gobernador electo Rubén Rocha Moya, quien ha lanzado llamados a la pacificación y a quitarle el estigma del narco la entidad.
El mandatario federal realizará otra gira de trabajo por el estado que aún gobierna el priista Quirino Ordaz Coppel, cuya área de comunicación ha gastado más de mil millones de pesos para hacerlo aparecer como el mandatario mejor calificado en el país por las encuestas y para sobresalir en los medios como “amigo” del presidente Obrador, pese a que empujó en la pasada elección el proyecto del PRI-PAN-PRD, contrario a la Cuarta Transformación.
El gobernador le apuesta a la “amistad” para ser agraciado por la impunidad, el perdón y olvido dado los múltiples actos de corrupción que le han sido detectados por diputados locales de Morena y solapados por la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.
López Obrados presidirá la reunión de seguridad estatal en la que tradicionalmente se han maquillado o adulterado cifras para ocultar el Sinaloa bañado en sangre y en el que las autoridades responsables de combatir la inseguridad y el crimen usan falsas estadísticas para camuflar su incompetencia y complicidad criminal.
La gira del presidente de la República se realizará a tres meses de que tome posesión como nuevo gobernador de Sinaloa el morenista Rubén Rocha Moya, quien se pronunciado por quitar el estigma que asocia a Sinaloa con el narcotráfico, restablecer la paz y la seguridad, centrarse en la vocación social de esa entidad, que es producir alimentos para todo el país, y mejorar las condiciones de vida de campesinos, pescadores y de la población en general.
Los diputados locales tomarán posesión de sus respectivas curules el 1 de octubre. Los legisladores de Morena elaboran una agenda anticorrupción y exigirán en sus primeras sesiones que sean exhibidos los archivos sobre los evidentes actos de corrupción del gobierno de Quirino Ordaz, sobre quien pesan ya 43 auditorías específicas solicitadas por los ciudadanos y los diputados a la Auditoría Superior del Estado.
Rocha Moya será el primer gobernador de izquierda que tendrá Sinaloa, después de décadas de dominio absoluto del PRI. El morenista se prepara para tomar las riendas del estado, luego de arrasar bajo la fórmula MORENA-PAS en la elección de junio pasado, al lograr 56 por ciento de los votos -el más alto porcentaje obtenido entre todos los candidatos ganadores-.
El gobernador electo ha convoca a la sociedad a que participen en la construcción de “un estado de bienestar” y en la pacificación de Sinaloa, jurisdicción estatal atrapada por la violencia y el crimen, fenómenos anidados por las complicidades de las autoridades policiacas y la falta de capacidad de las autoridades estatales para hacerle frente a estos flagelos.
Tan solo en la última década de gobiernos del PRI, en Sinaloa han sido asesinadas más de 800 mujeres. Un documento “confidencial” de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública indica que tanto los feminicidios ocurridos en 2020 en el estado como los 24 registrados en lo que va de 2021 han sido cometidos con un alto nivel de violencia y ensañamiento.
Solo en el 2021, han sido emitidas más de 98 fichas para la búsqueda de mujeres desaparecidas, lo que significa que cada dos días “levantan” o plagian a una fémina.
El reporte criminal diario de Sinaloa registra una cifra espeluznante de “levantados”, desaparecidos, asesinados o de cuerpos de personas localizadas muertas en el monte, en caminos o carreteras o bien sepultados de manera clandestina, hallazgos que son atribuidos a los colectivos de búsqueda no a las corporaciones policiacas.
La semana pasada fueron encontrados asesinados en Sinaloa Municipio, José Román Rubio López, activista social y ex candidato a la diputación local por Morena, y Esteban López Beltrán, primo del ex gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, luego de que fueron privados de su libertad.
