Posibles delitos fiscales, malos manejos y corrupción: los casos abiertos contra Ildefonso Guajardo

Arturo Ángel

El exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, procesado hace unas semanas por presunto enriquecimiento ilícito, sigue bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por presuntas irregularidades en su gestión y en sus finanzas personales que habrían derivado en posibles fraudes y corrupción.

De acuerdo con autoridades federales consultadas por Animal Político los hechos que se indagan van desde posibles desfalcos que ascienden a más de 800 millones de pesos y que no han sido solventados, hasta la mala gestión de una empresa de producción de sal estatal que “destruyó su valor económico” al punto de quedar en riesgo de quiebra.

Por estos hechos la FGR tiene en curso al menos tres carpetas de investigación y se esperan nuevas denuncias en próximas semanas. A partir del 1 de septiembre Guajardo asumirá su rol como diputado federal y obtendrá el fuero que lo protege de acciones penales en su contra.

En caso de que en alguna de las indagatorias se reúna evidencia suficiente para hacer una imputación en contra del exfuncionario, los fiscales responsables tendrán que solicitar al Congreso que se analice la factibilidad de un juicio de procedencia para retirar la protección constitucional al exfuncionario y solo después de ello podrían imputarle algún delito.

Por su parte, Ildefonso Guajardo respondió a este medio que no ha incurrido en irregularidad alguna y que, al igual que en el caso del presunto enriquecimiento por el cual se le procesó, cuenta con elementos de información para esclarecer cualquier señalamiento de las autoridades.

Animal Político detalla algunos de los casos abiertos en curso contra la gestión de Guajardo a partir de la información proporcionada por las autoridades y la respuesta del propio exfuncionario.

La sal… pérdidas millonarias

De acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre 2013 y 2018 – durante el periodo en que Guajardo fue titular en la Secretaría de Economía – la empresa estatal Exportadora de Sal S.A. de C.V.  (ESSA) adscrita a dicha dependencia sufrió pérdidas y devaluaciones millonarias.

Un informe publicado en 2019 por los auditores advirtió que en el sexenio pasado el gobierno (que es dueño del 51% de la empresa) no implementó los mecanismos necesarios para corregir situaciones claramente desventajosas con las que operaba dicha compañía, que es una de las mayores productoras de sal en el mundo.

Aunque problemas como el bajo precio por el que se obligó a esta empresa a vender la sal a uno o dos compradores exclusivos se originaron en administraciones anteriores, los auditores destacan que correspondía al gobierno darles una solución. El resultado fue una severa crisis y pérdidas cuantiosas.

“En términos de los indicadores de rentabilidad, ESSA no fue rentable; además, destruyó su valor económico por 526 mil 522 millones de pesos, y aumentó su riesgo de quiebra” indicaron los auditores.

Además de la mala gestión comercial, la Auditoría tiene observaciones sin solventar por malos manejos que ascienden a más de 255 millones de pesos en esa empresa, recursos cuyo destino debe ser esclarecido o, en su caso, regresados al erario.

En 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP presentó ante la FGR cuatro denuncias por posibles hechos de corrupción y hasta lavado de dinero en relación con la operación de ESSA. La FGR agrupó los casos e inició una carpeta de investigación que está en integración en contra de los funcionarios que resulten responsables.

Sobre estos hechos Guajardo reconoció que la empresa ESSA operó con baja rentabilidad y estuvo en riesgo de quiebra, pero lo atribuyó a dos razones: malas decisiones sobre el precio de la sal y otros rubros que se tomaron en décadas pasadas, y la corrupción en que incurrió el funcionario que habían designado como director de la empresa, Jorge Humberto López Portillo Basave.

El exsecretario de Economía recordó que fue su propia administración la que denunció penalmente a Portillo Basave por haber comprado una embarcación sin autorización del consejo de la empresa y con un valor muy superior al del mercado. Una operación que causó un desfalco de 8 millones de dólares al erario. Ello sumado a contratos que favorecieron a otra empresa particular en detrimento de Exportadora de Sal.

“Nosotros hicimos acciones para poner orden. Fuimos de las pocas secretarias que presentamos una denuncia por corrupción a un miembro de la propia administración y al final profesionalizamos el proceso para nombrar al director (…) pero recibimos una mala administración y tuvimos un director que inicialmente dispuso de manera incorrecta del patrimonio. Un exfuncionario que hoy está prófugo de la justicia”, dijo Guajardo.

Enriquecimiento y, ahora, fraude fiscal

El pasado 9 de julio un juez federal vinculó a proceso a Ildefonso Guajardo por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito luego de que la Fiscalía General de la República lo acusara de contar con recursos que no reportó oportunamente en sus declaraciones y que no se justifican con sus ingresos.

El caso se inició primero por una auditoría de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que identificó inconsistencias en su situación patrimonial como, por ejemplo, una obra de arte adquirida y no reportada correctamente por el exfuncionario. El caso fue denunciado ante la FGR que, a su vez, localizó una cuenta en el extranjero con un saldo equivalente a poco más de 8 millones 169 mil pesos.

Luego de conseguir que el juez abriera el proceso penal la FGR dio parte de sus hallazgos a la Procuraduría fiscal de la SHCP la cual inició un expediente en contra de Guajardo por una presunta defraudación fiscal como resultado de estas operaciones.

En caso de que dicha procuraduría fiscal corrobore las anomalías relacionadas con estas operaciones se presentaría una nueva denuncia ante la FGR.

Sobre estos señalamientos Guajardo dijo a Animal Político que las irregularidades que se le imputan parten de operaciones que en su momento ya aclaró ante las autoridades. Señaló, por ejemplo, que recibió depósitos de 800 mil pesos de su hermano Julio Guajardo por un préstamo y de 400 mil pesos de otro amigo por préstamos hechos con anterioridad, al igual que otras transferencias como resultado de la venta de unos autos usados.

Respecto a la obra de arte (un cuadro) Guajardo dijo que la compró en 2010 y cometió el error de no declararlo en ese año cuando era legislador ya que por su dimensión se quedó en la galería que se lo vendió. Al recibirlo y reportarlo en su declaración 2015, se generó una discrepancia sobre el origen del recurso.

Pese a ello la SFP envió una denuncia ante la FGR la cual, en su indagatoria, incorporó la cuenta abierta en el extranjero con la cantidad ya referida.

“Yo tengo también cómo probar ese depósito que vienen de una herencia y venta de una casa, pero la fiscalía no me dio la oportunidad de probar esa observación y cuando el caso ya llega al juez no tuve tiempo para solicitar todos los documentos. Entiendo que por eso pudo surgir el tema fiscal, pero tengo todos los elementos para aclarar algo. Todas las observaciones son resultado de cosas que yo mismo declaré”, dijo Guajardo.

Costosa… ¿remodelación o reconstrucción?

Otro hecho de la gestión de Guajardo que se encuentra bajo investigación de las autoridades son los trabajos relacionados con obras de remodelación que se hicieron en el sexenio pasado al edificio sede de la SE, las cuales ascendieron poco más de 450 millones de pesos. Los trabajos, sin embargo, presentaron retrasos, presuntos sobrecostos, y daño al ambiente.

De acuerdo con la revisión que lleva a cabo los órganos internos de control de la administración actual de la SE, se firmaron hasta cinco contratos para llevar a cabo estas obras con la finalidad de reparar un hundimiento que presentaba el edificio ubicado en la colonia Condesa, y que ponía en riesgo su seguridad estructural.

Los trabajos pactados a la postre se extendieron debido a siete convenios modificatorios que elevaron los costos en más de 70 millones. Esto sin que se aplicaran, según la administración actual, las penas correspondientes.

La ASF también identificó, por su parte, irregularidades en otro de los contratos. Por ejemplo, señaló que no se obtuvieron los permisos correspondientes de impacto ambiental antes del arranque de las obras, y tampoco se presentó un plan de manejo de residuos peligrosos pese a que se generaron 85 toneladas de materiales que contenían asbesto.

Sobre estos hechos Guajardo recordó que la sede de la SE es un edificio viejo y que presentaba daños estructurales que ponían en riesgo a los trabajadores, una situación que fue ignorada por varios de sus antecesores. Y aclaró que lo que se hizo “no fue una remodelación sino fue una reconstrucción completa”.

“Nosotros tuvimos que desalojar el edificio, se licitó todo el proceso y lo que se hizo fue dejar solo el esqueleto para hacer un reforzamiento estructural. Es una obra que ha ganado premios incluso. Al final el constructor intentó cobrar trabajos adicionales que no le autorizamos. Si yo hubiera tenido un arreglo con el constructor no le hubiera negado todo eso” dijo el exfuncionario.

Presunta estafa empresarial

En el sexenio pasado la Secretaría de Economía a través del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) entregó más de 650 millones de pesos de un fondo destinado a emprendedores y pymes a varias confederaciones empresariales. Todo ello a través de la firma de convenios y sin licitaciones.

El problema es que actualmente no hay certeza de donde quedó ese dinero. La actual administración de la SE dijo que hay un proceso de evaluación y seguimiento que no concluye, pero que la información aportada hasta ahora no es suficiente para comprobar el manejo correcto de los recursos.

La FGR inició una carpeta de investigación con relación específicamente a cinco convenios firmados con la Concamin la cual está en fase de integración. Se prevé que la Auditoría presente en las próximas semanas dictámenes técnicos que identifiquen a los funcionarios responsables de estos hechos.

Cabe señalar que en el arranque del actual sexenio el Inadem fue eliminado bajo el argumento de que era una instancia que privilegiaba el uso de intermediarios en la entrega de apoyos, y que operaba con sospechas de corrupción.

Con Información de Animal Político