Los juicios políticos contra Estrada Ferreiro los “direccionará” la Suprema Corte de Justicia
Álvaro Aragón Ayala
Adicionalmente a la falta de una eficaz operación política y la negativa de Jesús Estrada Ferreiro a recibir apoyo económico del gobierno estatal y la posición del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Feliciano Castro Meléndrez, cuya “lambisconería oficial” le genera al gobernador Rubén Rocha Moya inconveniente innecesarios y complejos, es fundamental precisar que las solicitudes de juicios políticos contra el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, no se resuelven con las definición políticas de los diputados del Congreso Local. Los destinos de los juicios los determinarán las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los casos, más allá de las demandas o las declaraciones de los dirigentes de partidos políticos y sus legisladores y la postura mediática de Estrada Ferreiro, alcanzó el rango eminentemente jurídico y constitucional, aunque los juicios políticos tomaron estatura de un “interés político” por procesar la destitución de Estrada Ferreiro, cargándole ahora una denuncia penal, necesaria para “fortalecer” la toma de la decisión del futuro Jurado de Acusación del Congreso Local. Sin embargo, la denuncia está en proceso, con el derecho a la presunción de inocencia a favor de Estrada: no es aún determinante ni vinculatoria.
El juicio político es un instrumento jurídico-legislativo, vinculado a la materia penal, para quitar el fuero y destituir a los funcionarios públicos por delitos del orden penal o por violaciones graves a la Constitución para que puedan ser sometidos al imperio de la ley. El Congreso del Estado, erigido en Jurado de Acusación resolverá si ha lugar, o no, a formular acusación. Si llega a proceder, el servidor público quedará separado de su cargo. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, constituido en Jurado de Sentencia, resolverá en definitiva.
Sobre Jesús Estrada Ferreiro no existía ninguna acusación grave en la Fiscalía General del Estado ni en la Fiscalía General de la República que fundamentara o precisara el motivo para enjuiciarlo, primero política y luego penalmente. Pero ya la hay: Julio Sergio Alvarado Andrade, presidente de una de las Federaciones de Abogados de Sinaloa, y Ricardo Beltrán Verduzco, de la Alianza Mexicana de Abogados, presentaron una denuncia contra el alcalde en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción por los “resultados” de la auditoría del 2020, en la cual el ayuntamiento de Culiacán aparece como activo de varias observaciones.
Los dirigentes de los dos gremios de abogados solicitaron también ante la Oficialía de Partes del Congreso Local juicio político contra Estrada Ferreiro por “incapacidad mental” para gobernar, actos de abuso de autoridad y “presunto desvío de más de 40 millones de pesos y 10 millones de pesos más de las participaciones”. Suman entonces ya dos las peticiones de juicio político: la primera provino de la asociación civil “Pueblo Unido por Culiacán” inconforme por “la negativa de aplicar descuentos a adultos mayores, jubilados, pensionados y discapacitados de la tarifa de agua potable y por la afectación a viudas de policías”.
Diputados del Congreso Local aprobaron la reforma al artículo 50 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa que incorpora a las personas adultas mayores, pensionados, jubilados y discapacitados el beneficio de pagar tarifas diferenciadas en un 50 por ciento, si sus consumos bimestrales son de 50 metros cúbicos, bajo un esquema de “acreditación del derecho” y la “definición de los requisitos” que no deberán ser onerosos o dilatorios para las personas que lo soliciten.
Los legisladores aprobaron, además, reformas a la Ley de Seguridad Pública del Estado que contemplan la homologación de los salarios de las policías municipales con los de los Policías Estatales, beneficio que se “traslada” también a la homologación de las pensiones y jubilaciones; las modificaciones a la ley garantizan pensiones del cien por ciento a las viudas de los policías independientemente de la causa de muerte y de la antigüedad laboral.
Igualmente, de acuerdo a las modificaciones a la ley, la pensión por invalidez total permanente se otorgará a los integrantes de las instituciones policiales que se inhabiliten física o mentalmente por su condición laboral en activo, independientemente de la antigüedad que tengan y será equivalente al cien por ciento de la remuneración que perciban al momento de ocurrir la tara física o mental que le impida el desempeño de sus funciones al cien por ciento de su capacidad.
El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, presentó una controversia constitucional en la Suprema Corte de la Nación contra el decreto emitido por el Congreso del Estado que reforma la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, por considerar que afecta la economía del ayuntamiento generándole un “boquete” de 400 millones de pesos anuales a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado, condenándola así a la quiebra.
También presentó otra controversia constitucional para “tumbar” la Ley de Seguridad Pública, sobre todo en lo que respecta en la homologación de los salarios de policías municipales porque es anticonstitucional, dijo, y porque no hay dinero para pagar el monto de esa prestación. La SCJN notificó ya al Congreso del Estado sobre la aceptación de la controversia para echar abajo las reformas realizadas a la Ley. El munícipe argumenta una extralimitación del Congreso del Estado al “etiquetar” la homologación de pensiones para viudas de policía.
El gobierno de Jesús Estrada Ferreiro no ha aceptado el apoyo económico del gobierno del estado para cumplir con los descuentos establecidos por la Ley de Agua Potable ni tampoco para solucionar el problema de los jubilados y pensionados de la policía. Los dos casos se dirimen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tanto, que la acusación penal contra el alcalde radica en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.
Jurídicamente, las dos controversias constitucionales y la demanda penal obligan al Congreso del Estado a mantener “en suspenso” los dos juicios políticos. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación valida las dos leyes, la del agua potable y la de seguridad, el Congreso Local poseerá argumentación jurídica para declarar procedente el juicio político de Estrada Ferreiro, pero solo para compelerlo a que cumpla con lo que mandatan las reformas a las leyes, pero forzará al Poder Ejecutivo y al Poder Ejecutivo a que anualmente le otorguen al ayuntamiento de Culiacán más financiamiento público para cumplir con sus obligaciones en materia de suministro de agua potable y pago de pensiones y jubilaciones a policías.
En dado caso de que Estrada Ferreiro pierda las controversias en la SCJN, los afectados tendrán como instancia el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para exigir los descuentos al agua potable y el pago de las jubilaciones y pensiones y la homologación de salarios de los policías municipales con los de los agentes estatales. Si llegara a proceder la demanda en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, esta instancia deberá turnar su fallo al Congreso Local para que este a su vez abra el juicio político y que el alcalde, ya retirado de sus funciones, pueda hacer frente a las acusaciones ante un tribunal de alzada.
Pues bien, de proceder los juicios políticos, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro estaría sometido a la revisión política de las fuerzas del Congreso Local y a la revisión jurídica de su actuación, una en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la otra en la Fiscalía Contra la Corrupción y en el Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa.
Si los juicios resultan favorables a Estrada Ferreiro y logra comprobar que las manifestaciones en su contra y las solicitudes de juicio político fueron realmente fabricadas o armadas por el presidente de la JuCoPO tendrá argumentos jurídicos para demandar juicio político y desafuero del también coordinador de la bancada de Morena Feliciano Castro Meléndrez.
“El caso Estrada” será “direccionado” por la Suprema Corte de Justicia con las resoluciones que emita. De nada sirven los ataques mediáticos que nacieron por una confrontación política generada por la falta de una operación política eficaz ….
