Juicio político contra el diputado Feliciano Castro ¿Por qué? por sabotaje y motín
Álvaro Aragón Ayala
En respuesta a la amenaza de instaurarle juicio político para desaforarlo, el alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro y su cuerpo de asesores exploran la viabilidad y la argumentación jurídica para demandar penalmente al diputado Feliciano Castro Meléndrez, coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política y solicitar contra él un juicio político por incurrir, se dice, en delitos contra la seguridad interior del estado y por atentar contra el ayuntamiento de Culiacán generando un clima de violencia política.
Esas son las vías que frisan en los “machotes” de dos anteproyectos de demandas contra Feliciano Castro que, una vez convertidas en demandas, obligarían a frenar, de acuerdo a la hipótesis jurídica y política, el “terrorismo legislativo” que se ejercería sobre el presidente municipal de Culiacán, blanco, también, de la presión mediática. La otra alternativa para parar la intentona de desafuero del edil sería la inmediata “solución política” con la intervención del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández. El nuevo asesor jurídico de la Presidencia Municipal, Jesús Armando Liógon Beltrán, se constituyó en el enlace con el alto funcionario federal y operador político del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Jesús Estrada Ferreiro acusó al presidente de la JuCoPo, Feliciano Castro Meléndrez, de ser el autor intelectual y a la vez el operador de las manifestaciones que se realizan contra el ayuntamiento de Culiacán y la buena marcha de la función municipal, provocando caos en pleno centro de capital del estado, donde se ubica el edificio de la Presidencia Municipal. En este sentido, la vía legal contra el diputado de Morena se fincaría en la irracionalidad jurídica del Poder Legislativo Estatal que incidiría en “agredir” y “atentar” contra una autoridad municipal electa y legalmente constituida.
En la narrativa de los sucesos atribuidos a Feliciano Castro como “cabeza” visible de las manifestaciones y la escalada de acusaciones contra Jesús Estrada Ferreiro y el ayuntamiento de Culiacán, encajarían cuando menos dos delitos graves y otros ilícitos “menores” y violaciones a la Constitución General de la República.
El Código Penal de Sinaloa establece que incurre en el delito de sedición los que en forma tumultuaria resistan o ataquen a la autoridad con el propósito de separar de su cargo o impedir el desempeño de éste, a algún servidor público estatal o municipal: a quienes organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de sedición, se les sancionará con prisión de uno a cuatro años.
El Código Penal de Sinaloa tipifica el delito de motín y especifica que se aplicará la pena de tres meses a cuatro años y de treinta a trescientos días multa, a quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente, y perturben el orden público con empleo de violencia en las personas o sobre las cosas, o amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación: a quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de motín, se les aplicará la pena de uno a cinco años de prisión y de sesenta a quinientos días multa.
La Constitución Política de Sinaloa y la Constitución General de la República incluyen a los diputados locales como sujetos a juicio político para sancionar su responsabilidad. En el “machote jurídico” se fijan dos vías de carácter penal en el “Caso Feliciano”: interponer la demanda en la Fiscalía General del Estado o en la Fiscalía General de la República dado que los delitos que se le imputarían al diputado local están contemplados también en el articulado del Código Penal Federal.
La solicitud de juicio político en el Congreso Local es “posibilidad no viable” ya que “sería ridículo” que Feliciano Castro sea aceptado en este procedimiento esta instancia o Poder, pues es él quien controla la LXIV Legislatura, aunque la demanda obligaría a la “suspenderlo temporalmente” de su cargo. Igualmente, mientras se dirime y resuelve la demanda, serían separados otros dos diputados señalados como “involucrados” en los actos de motín y sabotaje contra el ayuntamiento. Otra vía sería instalar la petición en la Cámara Federal de Diputados por violaciones graves a la Constitución General de la República.
El alcalde de Culiacán señala que Feliciano Castro organiza las manifestaciones y la recolección de firmas para intentar desaforarlo, firmas que recepciona y valora el Congreso Local, del que es coordinador de los diputados de Morena y presidente de la JuCoPO el propio Feliciano. O lo que es lo mismo: el legislador agita y trastoca la actividad municipal, según la acusación, inconforme porque como autoridad Estrada Ferreiro recurre a los tribunales federales, en la plenitud de sus derechos, a demandar la inconstitucional de reformas a leyes que considera que perjudican la economía municipal.
En la narrativa de Jesús Estrada Ferreiro, el legislador Castro Meléndrez arma motines y sabotajes y “nos está bloqueando” -dice el edil: “está causando un daño al pueblo: nos limita para hacer más obras. Por ejemplo, reparábamos las escuelas, les poníamos techumbres, arreglábamos los baños; ahora ya no podemos hacerlo ¿a quién daña? al pueblo, antes hacíamos muchas obras como municipio, pero hoy ya no podemos”.
