UACM: desfalcos por más de 400 millones y 30 denuncias

Zósimo Camacho

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) se debate en problemas internos y corrupción que, a decir de las actuales autoridades universitarias, devino en desfalcos por más de 400 millones de pesos. Por ello, la Rectoría ha interpuesto más de 30 denuncias contra funcionarios de la institución por delitos como malversación de recursos (peculado), fraude y coalición de servidores públicos.

También, la administración de la doctora Tania Rodríguez Mora –elegida rectora para el periodo 2020-2024– desarrolla varias investigaciones internas que devendrán en más denuncias tanto de carácter penal como administrativo. En la mira, las administraciones de los doctores Hugo Aboites y Galdino Morán.

Entre las 30 denuncias presentadas hasta el momento por la administración de la doctora Rodríguez Mora, destacan una ante la Fiscalía General de la República (FGR) y cinco ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCM): dos radicadas en la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales; dos, en la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, y una, en la Fiscalía de Investigación de Delitos en Materia de Corrupción.

Otras seis se han interpuesto ante el Poder Judicial de la Federación; cuatro, ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, y 14 ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

La UACM señala que el daño patrimonial por más de 400 millones de pesos se cometió durante las anteriores administraciones del doctor Hugo Aboites (2014-2018) y del doctor Galdino Morán López (2018-2020). La mayoría de las acusaciones son contra quienes resulten responsables y en algunas –de carácter penal– se ha señalado directamente al extesorero Manuel Antonio Aburto Córdoba. Este contador y maestro en administración pública y gobierno ha sido acusado de fraude fiscal y peculado –o desvío de recursos– que habría realizado desde las cuentas bancarias de la Universidad.

Este probable desvío es de más de 100 millones de pesos en que la Tesorería de la UACM incurrió, principalmente, con el pago de servicios y contrataciones de empresas fantasma. Por estos hechos, la institución educativa ha presentado hasta el momento seis denuncias. Una de ellas, de manera específica, por presunta defraudación fiscal por 3.5 millones de pesos en contra Aburto Córdoba, que se desempeñó como tesorero de la UACM entre 2016 y 2019.

Además de la malversación de fondos, los otros delitos están relacionados con la contratación y ejecución de obras. Por ello, 17 de las 30 denuncias tanto penales como administrativas y laborales están relacionadas con este tema. Las actuales autoridades buscan recuperar los recursos y terminar las obras que, en varios casos suman 6 años de que debieron concluirse y siguen en obra negra o sin poder ser utilizadas por estudiantes y académicos. El daño estimado es de, al menos, 300 millones de pesos por 36 inmuebles a medio construir.

Las irregularidades tienen que ver con deficiencias en la descripción de los trabajos, desvío de recursos y uso ilegal de atribuciones y facultades, por lo que se han interpuesto 17 denuncias y juicios de amparo ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia y la Secretaría de la Contraloría capitalinas, y el Poder Judicial federal.

La UACM señala que la responsabilidad no sólo es de las empresas, que han incumplido con los tiempos de entrega de las obras, sino también de funcionarios de la propia Universidad. Lo que denuncia la actual administración es que los contratos fueron modificados tanto en costos como en tiempos de ejecución de la obra. Además, no se estableció una descripción precisa de la obra, por lo que las empresas intentaron entregar como terminados edificios que no pueden ser usados aún porque les faltan algunas instalaciones básicas, como las de electricidad, el servicio de agua y los acabados que hacen funcional un inmueble.

En materia de construcciones propiedad de la Universidad, también destaca el caso de la adquisición de un antiguo hotel en la colonia Obrera que, según las actuales autoridades, se compró con sobreprecio en 2017. El edificio –que sería la sede de la Rectoría– necesita, además, de varias decenas de millones de pesos para ser habilitado. Hoy luce ruinoso y se deteriora conforme pasa el tiempo y no se le realizan todos los trabajos de mantenimiento que requiere.

En entrevista con Contralínea, la rectora de la UACM, Tania Rodríguez Mora, advierte de dos orígenes –o “dimensiones”– de las irregularidades que su administración está denunciando. El primero de ellos, señala la doctora en ciencia social por el Colegio de México (Colmex) es la falta de estructuras administrativas y normativas adecuadas en la Universidad. “En verdad hubo una especie de falta de estructura institucional que contuviera ciertas prácticas” y también obligara el seguimiento de las decisiones que se tomaron y de la responsabilidad que se ejerció.

Una segunda “dimensión” tiene que ver con la omisión directa de los encargados de cuidar el patrimonio universitario y de vigilar el buen uso de los recursos. Señala que no hubo seguimiento de varios de los trabajos que contrató la UACM ni “cuidado en la gestión administrativa” de propia Universidad.

Aclara que en este “descuido” de las rectorías de  Hugo Aboites y Galdino  Morán “no me atrevo a decir que hubo una intención dolosa” de parte de los exrectores. Sin embargo, según su parecer, son responsables al menos de “ausencia de seguimiento sistemático”. Los funcionarios debieron estar pendientes ante un contexto de “falta de estructuras administrativas, legales” y “una cultura institucional con poco cuidado” con respecto de la vigilancia del uso de recursos públicos.

Esta suma de carencias “abre el espacio, abre la oportunidad para que alguien pueda conducirse no adecuadamente, es decir, se generan situaciones de contexto donde alguien podría haber actuado mal”.

En entrevista con Contralínea, quien se desempeñara como rector de la UACM entre 2014 y 2018, Vicente Hugo Aboites Aguilar, reconoce problemas administrativos durante su gestión. El doctor en educación por la Universidad de Harvard habla, incluso, de “desorden” que observó en su momento la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las evaluaciones anuales.

“Hay problemas administrativos, como de inventarios, todo lo que tiene que ver con los pagos, las boletas, el objeto por el que se pagó; hay mucho desorden administrativo. Pero una cosa es desorden y otra es lo que usted me señala, que es la cuestión del desvío doloso de recursos”, ataja.

Señala que uno de los vacíos más importantes de la Universidad es la falta de reglamentación. “Y más que la normatividad, el cumplimiento institucional de la normatividad. Sí hay problemas serios en ese sentido. El estatuto dice una cosa, y desde las más altas esferas de la Universidad se interpreta en forma tal que uno se pregunta qué pasó”.

Asegura que sus facultades no eran las que tiene un rector de otras universidades. Señala que ni siquiera puede nombrar directamente a su equipo de trabajo. Ejemplifica con el caso del extesorero Aburto Córdoba, de quien dice tuvo “buena relación de trabajo” y nunca vio nada de lo que ahora se le acusa, pero no era la persona que él había propuesto al Consejo Universitario para ocupar la Tesorería.

Señala que a la Universidad se le practica una auditoría administrativa cada año y, durante su periodo, nunca se hizo una observación que fuera indicativa de algún delito. “Siempre nos hacían observaciones de que nuestra administración era muy desordenada”.

Argumenta que ni la Auditoría Superior ni el despacho privado Price Waterhouse Copper, Inc, que también aplicó auditorías a su gestión, detectaron alguna irregularidad que apuntara al desfalco. “Y ellos no se tientan el corazón para nada”, asegura. “Siempre nos señalaban que nos faltaban tales documentos, no teníamos respaldo de estas compras, etcétera, lo cual no deja de ser grave, pero no es necesariamente doloso.”

Señala que el desorden administrativo es más atribuible a la falta de estructuras y normativas y no a la “caracterización de que yo estaba en la Luna”.

La actual rectora, Tania Rodríguez Mora, señala que la UACM ha padecido “distintos niveles de abuso”. Considera que la institución educativa –fundada en 2001 por Andrés Manuel López Obrador cuando se desempeñaba como jefe de gobierno de la Ciudad de México (2000-2005)– ha sido capaz de contrarrestarlos y detenerlos.

Reconoce que al interior de la institución educativa se vive una lucha constante de señalamientos, que no necesariamente se traducen en procedimientos administrativos y jurídicos.

Las disputas y las acusaciones por irregularidades quedan “mucho más en términos de una denuncia pública, de una denuncia interna, de reproches internos, que la comunidad, con esta capacidad horizontal que tiene de gestionar las cosas, lo ha hecho”.

Sin embargo, señala que es momento de un fortalecimiento institucional de fondo, para que los canales de denuncia y vigilancia del uso de los recursos públicos al interior de la  Universidad “ya estén muy claros”. Agrega que por eso su administración se esmera en que “la Contraloría funcione bien, que haya un manual de procedimientos administrativos: toda la tarea en la cual estamos en este momento para encuadrar el trabajo”.

Señala que de lo que se trata es de limitar las posibilidades de abuso hacia la Universidad. “Las situaciones opacas y desordenadas abren espacio a este tipo de situaciones que pueden ser de carácter individual y que, bueno, se deslindarán [las responsabilidades]”.

Advierte que sí hay casos muy graves y se están haciendo las investigaciones internas como corresponde, además de las indagatorias que ya realizan organismos externos, como la FGR, la FGJCM y la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México.

“Esta administración ha sido muy cuidadosa y así ha sido nuestra relación, incluso, para plantear el tema de no hacer juicios sumarios. Lo que nos interesa es restituir a la Universidad, porque eso es colocar las cosas donde van. Si esto le toca a la Contraloría [interna de la UACM], que lo haga la Contraloría; si esto le toca a la Oficina de la Abogada [General de la Universidad, Paulina Jaime], que se pronuncie la denuncia y que se haga su proceso, y que haya claridad en las cosas. Ya sabemos que los tiempos jurídicos son largos y complejos, pero creo que toca también hacerlo.”

Con respecto de los 14 juicios laborales ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se trata de procesos abiertos para terminar relaciones de trabajo en contrataciones que no cumplen con la normatividad en términos de servicios profesionales y en las que, además, se acordaron salarios más altos de lo establecido.

Entre octubre y principios de este 2022, la rectora y la abogada general de la UACM, la maestra Silvia Paulina Jaime Muguiro, han padecido tres olas de amenazas anónimas contra su integridad y la de sus familias. La rectora asegura que tales mensajes intimidatorios están relacionados con las investigaciones que su administración ha emprendido porque la constante en todos ellos es la advertencia de “no más denuncias”.

Con información de Contralínea