Desapariciones: Los rostros detrás de la normalidad
Si bien es relevante que haya un enfoque en la reducción de homicidios, ya que se trata de vidas humanas, y que se prioricen estrategias de pacificación en los territorios con alta criminalidad, también hay que ponderar esos pasos positivos a la dimensión de la crisis de violencia en el país, en donde la desaparición de personas es una de sus caras más dolorosas y que se profundiza con el paso del tiempo.
Centro Prodh
La semana pasada, el Colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa reportó el asesinato de su compañera Rubí Patricia, madre buscadora, en Mazatlán, Sinaloa. Colectivos aliados, como Por las Voces sin Justicia, organizaciones civiles y la sociedad en general condenamos este grave hecho, que desgraciadamente no es aislado. Las personas buscadoras, mayoritariamente madres, han exigido al Estado mexicano, en distintos espacios, que se garanticen condiciones de seguridad para quienes buscan a los suyos tras múltiples sucesos de amenazas, desplazamientos, agresiones incluso fatales; hoy suman al menos 34 personas buscadoras asesinadas en México, desde 2010, en distintas entidades de la República, lo que nos muestra que no es un problema de una región o un estado. En todo el país, colectivos y familiares en distintos estados se enfrentan a regiones donde denunciar las desapariciones implica riesgos letales, en contextos donde las redes de macrocriminalidad imperan.
El mismo día que se informó sobre el asesinato de la buscadora, la Presidenta de la República realizó su conferencia mañanera junto con el Gabinete de Seguridad también en Mazatlán, donde resaltó la tendencia a la baja del promedio diario de víctimas de homicidio doloso en la entidad, lo que en esta entidad levanta más cuestionamientos por los cambios de metodologías, frente a la realidad de la violencia latente que viven las comunidades y se cuentan en historias diariamente.
Esa semana, tras los cuestionamientos sobre la seguridad tras el operativo en el que fue detenido y privado de la vida el líder de uno de los cárteles con mayor presencia en el país, la Primera Mandataria aseguró que “México está bien” y los estados afectados regresaron a sus actividades regulares. Esto a pesar de que derivado del operativo, más de 60 personas fueron privadas de la vida, incluyendo 28 elementos de las Fuerzas Armadas y a que en al menos 20 estados la vida de miles de familias se viera afectada por eventos violentos, sin información de qué pasaba por horas, y en aquellos lugares más vulnerables paralizando la vida de aquellas personas más vulnerables por varios días.
Sobre las desapariciones, la Presidenta dijo que los casos en donde están implicadas fuerzas de seguridad de los estados son mínimos, y que la mayoría están vinculados a la delincuencia organizada, así como “otros casos pasionales”, desconociendo que la responsabilidad del Estado en la desaparición forzada no se limita a la participación directa de sus agentes, sino que también comprende la aquiescencia, la colusión, la omisión y la falta de investigación efectiva. Un mensaje además de falta de empatía a las víctimas.
Como señalamos anteriormente, si bien es relevante que haya un enfoque en la reducción de homicidios, ya que se trata de vidas humanas, y que se prioricen estrategias de pacificación en los territorios con alta criminalidad, también hay que ponderar esos pasos positivos a la dimensión de la crisis de violencia en el país, en donde la desaparición de personas es una de sus caras más dolorosas y que se profundiza con el paso del tiempo. Adicionalmente, cuando se toman medidas para desmantelar redes de macrocriminalidad por la vía militar, se espera que estas acciones vengan acompañadas de más acciones legales para realmente atacar las estructuras financieras y políticas que las sostienen y perpetúan los rasgos más graves de las violencias.
Hoy en el país hay más de 131 mil personas desaparecidas y 72 mil cuerpos sin identificar. Las estadísticas, lejos de ir a la baja, van en aumento. De acuerdo con el informe Nacional de personas desaparecidas 2025 de Red Lupa, después de llegar en el 2022 a 100 mil casos de personas desaparecidas la cifra aumentó en un 7.3 % en el 2023 y siguió aumentando en el 2024 en un 6.3 % y en el 2025 en un 12 %. Mientras los hallazgos de cuerpos y fosas, por parte de personas buscadoras, persisten, de acuerdo con la Plataforma Ciudadana de Fosas Clandestinas, durante el periodo de 2023 a 2024 se documentaron 1,006 hallazgos de fosas en medios de comunicación, comparado con 1,451 fosas reportadas por las fiscalías estatales y 94 fosas por la FGR. Tan sólo esta semana, también en Sinaloa, buscadoras encontraron una nueva fosa clandestina en un predio cercano a la comunidad de El Verde, en Concordia, cerca de donde se han hallado otras fosas con 14 cadáveres en semanas anteriores.
Ante la situación apremiante en el noroeste y en todo el país, múltiples colectivos han llamado a la articulación y al trabajo conjunto para visibilizar la dimensión de la crisis. Como expresaron integrantes del colectivo al que perteneció Rubí Patricia, en un comunicado: “Hacemos un llamado a que nos mantengamos unidos, organizados y visibles. Este no es momento de silencio. Es momento de respaldo mutuo, de acompañamiento y de exigir juntas garantías reales de seguridad”. El llamado incluye a la sociedad: es necesario acompañar a las familias y difundir sus mensajes para visibilizar la cruenta realidad, que contrastan con las narrativas desde el poder. Pero sobre todo continuar exigiendo acciones que vayan encaminadas a revertir la crisis más que centrarse en cifras convenientemente entusiastas para las autoridades y que no necesariamente reflejan lo que viven miles de personas.
Por más que el discurso actual se centre en miles de detenciones, operativos y desmantelamiento de grupos criminales, es necesario un mensaje de empatía hacia las víctimas. Con miles de personas desaparecidas no hay paz. Con madres buscadoras asesinadas no hay tranquilidad. Con cada vez más hallazgos de fosas clandestinas no hay calma. Sin investigaciones diligentes que abonen a sancionar y desmantelar las redes macrocriminales, la población seguirá inerme ante la violencia. México estará bien hasta que haya verdad y justicia para todas y todos.
