SCJN, a la baja en productividad, transparencia; prioriza asuntos de alto impacto
El observatorio ciudadano Ojo en la Justicia reporta que la nueva Suprema Corte tiene una alta opacidad operativa, de acuerdo a su análisis del segundo periodo decisiones
La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación presenta una “disminución significativa” en la productividad, además de falta de transparencia estadística y una tendencia a priorizar asuntos con alto impacto mediático por encima del abatimiento del rezago institucional, reveló un estudio del observatorio ciudadano Ojo en la Justicia.
De acuerdo con el análisis de las sesiones realizadas entre el 6 de abril y el 30 de junio, del segundo periodo de sesiones de la Corte, el pleno del máximo tribunal resolvió un total preliminar de 412 asuntos en 30 sesiones. Sin embargo, el informe destaca que tanto la duración promedio de las sesiones como el volumen de expedientes resueltos por jornada disminuyeron de manera marcada en comparación con periodos anteriores.
Por ejemplo, este lunes 10 de agosto, la ministra María Estela Ríos cambió el orden de asuntos de la Corte al dar lectura a un proyecto que no era el siguiente de la discusión y provocó que no se votara un amparo previsto para la sesión.
El reporte denuncia que la Corte sigue sin presentar datos sobre la totalidad de los asuntos resueltos, omitiendo aquellos que se definen por dictamen u otros mecanismos fuera de la sesión pública.
“Los informes mensuales de asuntos ya no proporcionan la misma información que antes”, señala el observatorio, subrayando que la falta de una metodología clara en los nuevos boletines mensuales obstaculiza una evaluación objetiva del desempeño jurisdiccional.
Esta situación refleja, advierte Ojo en la Justicia, que la Corte no ha logrado transitar de una transparencia formal a una verdadera justicia abierta con datos verificables.
Priorización de la agenda mediática y “función performativa”
Uno de los hallazgos más críticos del informe es la marcada inclinación del Pleno hacia las Solicitudes de Ejercicio de la Facultad de Atracción (SEFA), las cuales representan el segundo tipo de asunto más frecuente en las resoluciones (95 solicitudes frente a solo 16 amparos en revisión). Según Ojo en la Justicia, esta tendencia sugiere que las y los ministros están priorizando expedientes con alta visibilidad pública y relevancia política para moldear la percepción de su agenda institucional, en lugar de avanzar en la discusión de temáticas diversas e igualmente trascendentales.
El observatorio califica este comportamiento como una “función performativa”, donde se busca la resonancia mediática sin que esto se traduzca en una mayor celeridad procesal. Además, se identificó que la Corte está resolviendo casos retomando criterios que ya estaban consolidados desde hace años, lo que evidencia una pronunciada curva de aprendizaje de la nueva integración o una resistencia a la evolución de los criterios jurídicos.
Para Ojo en la Justicia, persiste un déficit en la rendición de cuentas, ya que la Corte ha dejado de proporcionar informes detallados y metodologías claras sobre la totalidad de los asuntos resueltos. Al omitir expedientes resueltos por mecanismos fuera de la sesión pública, se obstaculiza una evaluación objetiva de su desempeño real.
Casos clave y controversias: muerte digna e ISSSTE
Entre los temas abordados en el trimestre, el reporte destaca cuatro ejes principales:
- Derecho a una muerte digna: de manera histórica, la Corte aceptó atraer el caso SRC 98/2026, abriendo la puerta al debate constitucional sobre la eutanasia y la autonomía personal en situaciones de sufrimiento extremo.
- Conflictos de interés: el informe resalta la controversia en el caso ADR 5829/2025, relacionado con el ISSSTE, donde la ministra Lenia Batres participó y votó a favor de la institución a pesar de tener un vínculo de parentesco directo con su titular, omitiendo la figura de la excusa por posible conflicto de interés.
- Derechos Indígenas y Medio Ambiente: en el amparo AR 451/2025, se protegió el derecho a la consulta de comunidades mayas frente a granjas porcícolas, aunque se señaló que la Corte se limitó a repetir criterios establecidos desde 2016.
- Propiedad Social: se observó un bloque de ministros que optó por desechar asuntos de tierras ejidales (como el Caso Chuburná) bajo argumentos de “mera legalidad”, reduciendo la intervención de la Corte en la protección de la propiedad social.
El informe concluye que la legitimidad obtenida mediante el voto popular no se ha traducido automáticamente en eficacia institucional. Resulta preocupante para el observatorio que, mientras la productividad disminuye, existan expedientes trascendentales rezagados —como la Acción de Inconstitucionalidad 182/2024—, mientras el Pleno dedica tiempo a duplicar debates sobre problemas jurídicos ya definidos.
Pierde relevancia: Láynez
Javier Láynez, ministro en retiro, sostuvo que la Suprema Corte de Justicia se está volviendo irrelevante en el escenario actual. Esta situación se debe principalmente a que la oposición en el Congreso ya no cuenta con el tercio de los integrantes necesario para presentar acciones de inconstitucionalidad, lo que él describe como una pérdida de la “acción de autocorrección parlamentaria”.
En entrevista con Carmen Aristegui, indicó que sin este número suficiente de legisladores, la minoría ha perdido la capacidad de pedirle a la Corte que revise las decisiones tomadas por la mayoría legislativa, eliminando un contrapeso fundamental.
Además de la pérdida de facultades de revisión por parte de la minoría, Laynez afirmó que se observa una notable disminución en la productividad del tribunal.
Indicó que mientras que anteriormente las salas de la Corte resolvían un promedio de 60 asuntos cada miércoles, la producción actual ha caído a un máximo de cinco asuntos por sesión.
Nueva Corte, 37% menos asuntos resueltos
La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió 1,218 asuntos entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, es decir, 726 expedientes menos que la integración anterior, que en el mismo periodo de 2024-2025 resolvió 1,944 casos, lo que representa una caída de 37% en la productividad.
De acuerdo con un reporte de Integralia, de julio pasado, además de la disminución en el número de resoluciones, la carga de trabajo no se distribuyó de manera homogénea entre los ministros y la actividad jurisdiccional se concentró principalmente en materias administrativas, penales y fiscales. El análisis también identifica que tres ministros concentraron casi la mitad de los asuntos resueltos: Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Arístides Guerrero.
Predominan resoluciones por cuestiones procesales
El informe de Integralia señala que siete de cada diez asuntos concluyeron sin que la Corte analizara el fondo del caso, al ser resueltos por determinaciones procesales.
Los casos que sí recibieron un análisis de fondo se concentraron principalmente en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, pese a que estos representan una proporción menor de los expedientes que llegan al máximo tribunal en comparación con los recursos de reclamación y los amparos directos en revisión.
En contraste, los medios de defensa individuales, especialmente los amparos directos en revisión, fueron desechados mayoritariamente por razones procesales, principalmente porque no planteaban cuestiones de relevancia constitucional.
El reporte también indica que las materias administrativas fueron las más frecuentes en las ponencias de Yasmín Esquivel, Arístides Guerrero, Lenia Batres y Sara Irene Herrerías, mientras que los asuntos penales se concentraron principalmente en las ponencias de Loretta Ortiz, Giovanni Azael Figueroa y Irving Espinosa.
