“Huelen a baúl”

Juan Becerra Acosta

Durante décadas, llegar a la vejez en México significó, para la gran mayoría, ingresar a un terreno de profunda incertidumbre, vulnerabilidad y, lamentablemente, dependencia. Trabajar toda la vida en la informalidad, en el campo o en el hogar sin derecho a una jubilación formal, condenaba a millones de adultos mayores a transformarse en una “carga” económica para sus familias, o a depender de la caridad para subsistir. 

Desde el inicio de los gobiernos de la Cuarta Transformación, la política pública hacia ellos ha sido uno de los ejes que el movimiento ha emprendido con mayor fuerza para lograr la reducción de la pobreza extrema, la garantía constitucional de sus ingresos y la búsqueda de una vejez digna. Gracias a las políticas de los gobiernos de Morena, más de 13 millones de adultos mayores reciben hoy una pensión que constituye un ingreso garantizado por la Constitución. 

Las diputadas morenistas en el Congreso de Puebla Nayeli Salvatori y Graciela Palomares no se han enterado. Esta semana protagonizaron un episodio que contradice, en forma y fondo, el proyecto que su propio partido ha construido durante casi una década. En un fragmento de su videopodcast Descasadas, ambas se burlaron mientras una invitada afirmaba que los hombres mayores “huelen a baúl”, incluso Palomares añadió que “ya se están pudriendo”. 

El clip se viralizó, la indignación fue inmediata, y la reacción –disculpas falsas, comunicados de “descontextualización” y deslinde de la dirigencia estatal– siguió el guion ya conocido de una conducta ajena a los principios y compromisos por los que desde 2018 la mayoría de los ciudadanos ha votado: primero negar, después matizar, finalmente disculparse sin asumir del todo. 

Aquí la contradicción no es sólo entre una política de dignificación y un discurso estigmatizante. Lo ocurrido no puede leerse sólo como un exabrupto aislado; es, sobre todo, el síntoma de un fenómeno que crece sin freno, el de los influencers convertidos en políticos cuya relación con el cargo público parece secundaria frente a su vocación primaria de generar contenido, audiencia y monetización. 

Salvatori construyó su carrera en radio y televisión antes de saltar a la política en 2018, hoy es una de las diputadas con mayor presencia digital de Puebla gracias a un personaje propio, La señora de las Lomas. Palomares transita un camino paralelo. Ambas suman apenas nueve iniciativas aprobadas en la actual legislatura del Congreso poblano, mientras que su actividad en redes sociales y su participación en escándalos mediáticos superan por mucho su producción legislativa. 

Ahí está el problema de fondo. Cuando el capital político de una legisladora se mide en seguidores, y no en leyes, la tribuna deja de ser un espacio de representación para convertirse en una extensión del set de grabación. El chiste, la ironía, el “humor negro” que funciona para generar clicks en TikTok no tiene el mismo peso cuando lo pronuncia quien ocupa una curul pagada con recursos públicos y jurada para representar, entre otros, a las personas que hoy ridiculiza. 

No es la primera vez que a Salvatori se le cuestiona ese límite entre espectáculo y la función pública. De la parodia de un asalto en transporte público a comentarios sobre una víctima de mala praxis estética, su trayectoria muestra un patrón de declaraciones que primero generan controversia, y después obligan a la ya conocida “disculpa” pública. 

El fenómeno no es exclusivo de Morena ni de Puebla, pero en este caso golpea de manera particular. Un movimiento que ha hecho de la dignidad de los adultos mayores una de sus políticas insignia no puede permitirse legisladoras que, así sea “en broma” o “en un espacio de entretenimiento”, conviertan a ese mismo sector en motivo de burla pública. La frase con la que intentan justificar sus insultos y burlas: “los comentarios fueron sacados de contexto”, es un cliché de manual de control de daños que rara vez convence a nadie. “Tonto es quien cree que el pueblo es tonto”. 

Morena cuenta, en este episodio, con la oportunidad de decidir qué clase de representación quiere tener. Puede conformarse con el deslinde discursivo y dejar que el escándalo se diluya en el ciclo noticioso de la próxima semana. O puede aprovechar el momento para revisar con seriedad los criterios con los que incorpora a figuras mediáticas a sus filas legislativas, exigiendo no sólo popularidad y arrastre de votos, sino también un mínimo de coherencia entre el discurso social del partido y la conducta pública de quienes lo representan. 

Establecer códigos de conducta claros para el uso de redes sociales por parte de legisladores y hacer que las sanciones internas dejen de ser sólo comunicados de prensa, sería un primer paso. Mientras la popularidad siga pesando más que la congruencia, episodios como éste seguirán repitiéndose.