La rebelión contra la verdad

“El derecho a la libertad de expresión no está reñido con el derecho de la sociedad a la información veraz, plural y oportuna”.

Álvaro Delgado Gómez

Se quiere presentar como una lucha entre la libertad y la tiranía, un recio combate que libran los defensores de la libertad de expresión en México contra la censura del Estado, pero quienes se oponen a por lo menos discutir los derechos de las audiencias, liderados otra vez por Televisa, tienen un fin más vulgar que heroico: La defensa e impunidad de la mentira.

Jamás he avalado ni avalaré como ciudadano y periodista ningún tipo de censura, tan abominable como la autocensura, ni ningún ataque a todas las libertades que la Constitución consagra y de las que ningún gobierno de antes ni de ahora es dueño, pero la defensa de la libertad de expresión no debe sustentarse en mentiras y manipulaciones, vicios tan arraigados en la práctica de informar y opinar en México que han conculcado históricamente el derecho a la información de la sociedad.

Lo que está en curso, otra vez, es una rebelión contra la verdad, de quienes la consideran ya irrelevante, y en favor de la mentira, que no ha sido ni será jamás un derecho. Es una batalla, sí, pero no a favor y en contra de una “ley mordaza” que impone la censura, como dice la propagada, sino para garantizarle a la sociedad derechos ante el poder mediático, que en México históricamente se ha autoimpuesto la mordaza sin necesidad de ninguna ley en la larga era autoritaria.

Como en todas las ocasiones en las que se ha tratado de regular cualquier aspecto en la industria de la radio y la televisión, y en general en los medios de comunicación, se denuncia que es un ataque a la libertad de expresión, un recurso pueril de los mismos de siempre. Es “la vieja coartada de la censura”, dice con razón Gabriel Sosa Platas.

Lo que ha dado lugar a esta nueva asonada emocional mediática es la consulta pública, durante 20 días, del proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que debe decirse, en principio, que es un mandato establecido en el Artículo 6, apartado B, fracción VI, de la Constitución, que establece que la ley debe prever los derechos de las audiencias y los mecanismos para su protección.

¿Quién puede oponerse a que los mexicanos reciban información veraz, plural y oportuna, especialmente en programación noticiosa, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión? Sólo los mentirosos y manipuladores.

Pero esto es lo que se plantea en los lineamientos. También buscan que la publicidad o propaganda no se presente como información periodística o noticiosa, cuyos concesionarios de radio y televisión deben aportar los elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido, así como para diferenciar entre la información noticiosa que difundan en sus contenidos y la opinión de las personas que participan en éstos, especialmente en los programas de carácter noticioso. ¿Por qué oponerse a eso? ¿En qué se viola la libertad de expresión si se diferencia la opinión de la información?

Los derechos de las audiencias tienen que ver también con recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico de la nación, así como recibir programación variada que responda a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. También que ejerzan el derecho de réplica cuando se emita información inexacta o falsa respecto de una persona, como lo ordena la Constitución.

En estos lineamientos se garantiza, expresamente, que en ningún caso podrán interpretarse para restringir o limitar el derecho a la información, la libertad de expresión, libertad programática, libertad editorial, ni para ejercer cualquier tipo de censura previa sobre los contenidos de las concesionarias de televisión abierta y radio y las concesionarias de televisión y audio de paga.

Las audiencias tienen derecho además a ejercer el derecho de réplica, a contar con mecanismos de accesibilidad para personas con discapacidad, a disponer de defensorías que atiendan sus quejas y que los radiodifusores tengan un código de ética.

Y aquí está la justificación para alegar que hay un ataque al derecho a la libertad de expresión es que los concesionarios de radio y televisión deben nombrar un defensor de las audiencias, que deberá atender las quejas que las personas que se digan vulneradas en sus derechos le presenten. Pero es facultad de los propios medios, una medida autorregulatoria que nada tiene que ver con el gobierno, que sólo hasta que un caso llegue al extremo de llegar a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Si, en efecto, a los concesionarios les parece que las multas que se impongan, en el extremo, son excesivas y desproporcionadas, entonces para eso es la consulta que está en marcha, para demandar su modificación. Lo que es inadmisible es que para combatir el derecho a la verdad se mienta. Eso lo único que ratifica es la necesidad de regulación del poder mediático, que ya ni es opcional, sino un mandato constitucional y legal que las autoridades deben cumplir.

Por último, el derecho a la libertad de expresión no está reñido con el derecho de la sociedad a la información veraz, plural y oportuna, así como a las opiniones diversas que hay en nuestro país. El tema de fondo es, una vez más, atajar las mentiras y manipulaciones de quienes demuestran a diario que la verdad ya no es importante.

Y, claro, hablemos de los casos específicos de censura de los gobiernos, los pasados y el actual, a periodistas y medios de comunicación para que no sea sólo un espantajo de los mentirosos…