Sinaloa rumbo a 2027: entre el territorio y la ilusión digital
La historia reciente ofrece suficientes ejemplos de campañas que dominaron las redes sociales y fracasaron electoralmente, así como de candidaturas con escasa presencia digital que lograron construir victorias mediante estructuras territoriales sólidas y vínculos comunitarios consistentes. La política sigue siendo, en esencia, una actividad profundamente humana.
Alvaro Aragón Ayala
La praxis política sinaloense ingresó a una dimensión inédita. A escasas semanas de que irrumpa formalmente el proceso electoral 2026-2027 -cuyo inicio institucional decretará el Instituto Nacional Electoral en septiembre próximo-, el epicentro de la contienda se trasladó a un ecosistema intangible. Este nuevo escenario se encuentra regido por algoritmos, plataformas sociodigitales, inteligencia artificial y sistemas automatizados de distribución de contenidos. Se trata de una mutación estructural en los mecanismos de construcción, proyección y, con frecuencia, distorsión del poder público.
Este fenómeno, examinado durante más de dos décadas por el sociólogo Manuel Castells, postula que el poder contemporáneo se dirime, fundamentalmente, en las redes de comunicación. Bajo su óptica, poseer el control sobre los flujos informativos otorga ventajas decisivas para moldear la opinión pública. No obstante, dicha premisa tropieza con una frontera insoslayable: la comunicación es capaz de manufacturar percepciones, pero resulta incapaz de suplantar la organización comunitaria o el tejido vinculante que sostiene a una auténtica democracia.
En Sinaloa, mientras la realidad cotidiana exige liderazgos aptos para recorrer las geografías locales, atender las demandas civiles y restaurar la certidumbre en un entorno flagelado por la inseguridad, el letargo económico y el desgaste social, numerosos aspirantes parecen persuadidos de que el triunfo en las urnas se dirime exclusivamente en el tablero del posicionamiento web. De este modo, el ejercicio político comienza a desdibujarse para confundirse con una estrategia de mercadotecnia perpetua.
Esta tendencia permea e inunda la totalidad de las fuerzas partidistas. En el partido Morena, se manifiesta entre quienes pretenden encabezar la Coordinación de la Transformación; en las filas del PRI y del PAN, emerge con asiduidad en dirigentes y cuadros que buscan recuperar la competitividad perdida tras sucesivos reveses en las urnas. Las discrepancias ideológicas se diluyen ante una misma fascinación: suponer que la notoriedad en las pantallas constituye una prueba fehaciente de viabilidad electoral.
Es en este punto donde cobra vigencia uno de los conceptos más lúcidos de la teoría comunicativa actual: la burbuja de filtros. Los sesgos algorítmicos suministran al usuario, de forma prioritaria, contenidos afines a sus predilecciones previas. Se edifica así un microcosmos endogámico donde imperan las coincidencias, palidece el contraste crítico y se robustece un espejismo de consenso unánime. El político recibe de su séquito solo vítores, mientras la disidencia queda excluida del espectro visual. El código informático termina por confeccionar una realidad complaciente pero profundamente parcial.
El dilema adquiere mayor gravedad cuando este aislamiento tecnológico muta en una directriz estratégica involuntaria. Equipos de difusión, asesores, administradores de comunidades virtuales y consultores de imagen entregan diariamente reportes de crecimiento cuantitativo. Exhiben gráficos de alcance, millares de reproducciones, adhesión de suscriptores y tasas de interacción que, evaluados de forma aislada, simulan un progreso incontenible del proyecto. Sin embargo, tales indicadores analíticos rara vez descifran la interrogante medular de todo sufragio democrático: ¿existe ese respaldo más allá de las pantallas?
La académica Shoshana Zuboff ha dilucidado cómo las corporaciones digitales no solo difunden datos, sino que condicionan la conducta de las audiencias mediante arquitecturas de predicción y personalización. La racionalidad de estos entornos estriba en retener la atención del internauta el mayor tiempo posible, no en ofrecer una semblanza fidedigna del entorno. Por consiguiente, la política diseñada para estos ecosistemas corre el riesgo de priorizar el efectismo emocional sobre el debate reflexivo, la viralidad sobre la argumentación y la apariencia sobre los hechos verificables.
En sintonía, el jurista Cass Sunstein ha advertido que las cámaras de eco virtuales propician la polarización ideológica y restringen la exposición a planteamientos divergentes. El desenlace es una ciudadanía atomizada, pero también una clase gobernante que termina por validar únicamente los ecos que su propio entorno virtual le devuelve. La retroalimentación social deja de emanar de las bases comunitarias para subordinarse a la lógica matemática del software.
Dicha transición altera incluso el quehacer político. Antes, la cimentación de un liderazgo dependía de itinerarios permanentes, asambleas vecinales, el diálogo asiduo con organizaciones civiles, la presencia en sectores rurales y urbanos, la escucha empática y la consolidación de redes territoriales. En la actualidad, se percibe un reemplazo silencioso. El periplo ya no persigue desentrañar las problemáticas sociales; a menudo, se reduce a una producción audiovisual meticulosamente planificada. El ciudadano deja de ser un interlocutor legítimo para transformarse en utilería del escenario donde se capturan imágenes y videos destinados a nutrir las redes.
Se asiste, entonces, a una inversión radical de las prioridades. En el pasado se transitaba el territorio para ejercer la política y, por añadidura, comunicar las acciones. Hoy, en múltiples instancias, se recorre la geografía con el único propósito de manufacturar material mediático. La comunicación dejó de ser el reflejo de la praxis política para convertirse en su fin primordial. La instantánea fotográfica reemplaza la deliberación; el clip de video sustituye al diagnóstico estructural; el dron ocupa el espacio que correspondía a los comités de base. Las funciones tradicionalmente reservadas a los operadores políticos de antaño están siendo delegadas a los códigos informáticos.
No obstante, el algoritmo posee restricciones intrínsecas que la alta política no debe soslayar. Su capacidad permite amplificar mensajes, segmentar nichos de audiencia y diseminar narrativas de forma exponencial. Lo que le resulta imposible es coordinar representantes de casilla, vertebrar estructuras electorales orgánicas, dirimir conflictos comunitarios, inspirar confianza intersubjetiva o transmutar una simpatía efímera en un sufragio efectivo. Confundir el influjo mediático con la articulación organizativa representa uno de los extravíos estratégicos más recurrentes del panorama actual.
La historia contemporánea aporta abundantes testimonios de campañas que ejercieron una hegemonía absoluta en el ciberespacio y, empero, naufragaron en las urnas. En contraparte, candidaturas con un despliegue digital modesto alcanzaron el triunfo mediante el arraigo de estructuras territoriales sólidas y la consolidación de lazos comunitarios genuinos. La política permanece, en su núcleo original, como una actividad esencialmente humana.
En Sinaloa, donde la inminente jornada electoral estará indefectiblemente marcada por el debate sobre la seguridad pública, la gobernabilidad, el crecimiento económico, la soberanía agrícola y la solidez institucional, la certidumbre social difícilmente podrá construirse detrás de un monitor. La ciudadanía reclama proximidad, solvencia ejecutiva y resultados tangibles. Las herramientas digitales son útiles para difundir estas virtudes, jamás para suplantarlas.
Acaso la paradoja más aguda de la digitalocracia consista en esto: a medida que se perfeccionan los instrumentos tecnológicos para aproximar a gobernantes y gobernados, se agudiza el riesgo de que ambos dejen de interactuar cara a cara. La política se expone así a transformarse en un desfile de secuencias pulcramente editadas, mientras la cruda realidad continúa su curso de forma paralela, inmune a las ilusiones de la pantalla.
La contienda de 2027 se perfila como el primer gran desafío sinaloense donde colisionarán simultáneamente dos filosofías del poder. Por un lado, la política algorítmica, cimentada en métricas de rendimiento, posicionamiento virtual e inteligencia artificial; por el otro, la política territorial, cohesionada mediante la movilización social, el arraigo comunitario y el encuentro directo con la población.
La primera fabrica percepciones; la segunda edifica legitimidad. Quien confunda ambas dimensiones corre el riesgo de descubrir, en el momento del recuento de votos, que los algoritmos carecen de derechos políticos y que las burbujas digitales, por destellantes que resulten, no son más que espejismos que proyectan el narcisismo de quien se contempla en ellos, pero nunca la auténtica voluntad de un pueblo.
