El Estado mexicano y la SEP, autores de la asfixia en la UAS
Alvaro Aragón Ayala
El Estado mexicano es el único responsable de la parálisis que hoy sufre la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). La huelga es el resultado directo de una política de estrangulamiento financiero ejecutada desde los escritorios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda. Con el presupuesto raquítico asignado a la máxima casa de estudios es imposible cumplir con el pago de salarios, prestaciones devengadas y primas vacacionales para 17 mil trabajadores. El gobierno traicionó, pues, su pacto social y quebró las finanzas universitarias.
El sustento jurídico de esta culpabilidad es inapelable. El Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata que el Estado garantizará la educación superior, mientras que la Ley General de Educación Superior establece los principios de obligatoriedad, gratuidad y progresividad presupuestal. Dejar sin recursos para operar a una institución que atiende a 170 mil alumnos es una flagrante violación constitucional.
El gobierno federal exige cobertura universal, gratuidad absoluta y excelencia académica, pero responde con la omisión presupuestal. Jurídicamente, la SEP incurre en una contradicción insostenible: legisla derechos en el papel, pero ejecuta la asfixia en los hechos al extinguir los fondos extraordinarios y congelar los subsidios ordinarios frente a una realidad demográfica y laboral que los rebasó por completo.
Jean-Jacques Rousseau advirtió en “El contrato social” que cuando el soberano quebranta las leyes fundamentales y desatiende el bienestar y la formación de sus miembros, el pacto se rompe y el Estado pierde su legitimidad moral. Asimismo, el filósofo alemán Karl Jaspers sostuvo que la universidad es el espacio donde una sociedad se vuelve consciente de sí misma a través de la verdad y el libre pensamiento.
Al negar el sustento financiero digno, justo, a la UAS, el Estado mexicano renuncia a su función ética distributiva y utiliza el presupuesto no como herramienta de desarrollo, sino como un mecanismo de sometimiento político, vulnerando la autonomía y la honorabilidad del trabajo académico y administrativo. La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC) y el Foro Latinoamericano de Resistencia, advierten que el estrangulamiento presupuestal en México es una tendencia regional de precarización de lo público.
A través del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), intelectuales y académicos de todo el continente han documentado cómo las políticas de austeridad selectiva actúan como mecanismos de control político que desmantelan el pensamiento crítico. La literatura acumulada por CLACSO demuestra que cuando un Estado abandona el financiamiento de sus universidades, está aplicando una receta de sometimiento que busca sustituir la autonomía científica por la dependencia institucional y la domesticación social.
Para los observadores internacionales de estos foros continentales, la resistencia de los 17 mil trabajadores de la UAS se alinea con las grandes luchas históricas en defensa de la gratuidad y el patrimonio común en América Latina. La educación superior no puede ser tratada como un servicio de mercado ni como una partida negociable de cierre de ejercicio. De hecho, si la SEP evade transitar hacia un modelo justo y asfixia los salarios legítimos, vulnera los tratados internacionales sobre derechos económicos y sociales que sitúan a la educación como el pilar fundamental para la soberanía de los pueblos.
En Sinaloa, esta irresponsabilidad es una falta doble y triplemente mayúscula. En una entidad asfixiada por una crisis de violencia y criminalidad armada, la universidad pública representa la última trinchera de paz, gobernabilidad y cohesión social. Cada aula cerrada por falta de presupuesto es una puerta que se abre a la captación de los jóvenes por parte de las economías delictivas. La SEP y el gobierno federal abandonan financieramente a la UAS y están entregando el futuro de 170 mil estudiantes a las garras del contexto delictivo que amenaza con capturarlos.
La huelga actual es el síntoma de un gobierno indolente que, sumido en el importamadrismo, no le interesa la educación de los jóvenes sinaloenses. La SEP y la SHyCP abandonaron sus obligaciones constitucionales. Si las aulas están vacías y las banderas rojinegras están puestas, la culpa no es de quienes exigen el fruto legítimo de su trabajo. La culpa es, por entero, de una autoridad federal que ha decidido ver la educación pública como un gasto prescindible y no como la única garantía de supervivencia y transformación que le queda a Sinaloa.
