La UNAM gasta más de 60 mil millones y pide más, mientras las Universidades Estatales están en crisis
Alvaro Aragón Ayala
En tanto las Universidades Estatales del país son devoradas por sus crisis financieras, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la institución de educación superior con el mayor presupuesto del país, reportó que ejerció durante 2025 más de 60 mil millones de pesos. Aun así, su rector, Leonardo Lomelí Vanegas, sostiene que la institución “está un poco apretada” y plantea que para 2027 requiere un incremento presupuestal por encima de la inflación.
Los datos financieros inevitablemente colocan sobre la mesa de la discusión los presupuestos raquíticos que se les asignan a las Universidades Públicas Estatales que atraviesan por agudos problemas estructurales. Los subsidios no les alcanzan para pagar salarios y prestaciones ni las asfixiantes deudas. Un ejemplo lo es la Universidad Autónoma de Zacatecas que le debe al ISSSTE 4 mil 500 millones de pesos que crecen aproximadamente 3 millones de pesos diarios por intereses y accesorios.
Otra Universidad, la autónoma de Nayarit, arrastra una deuda histórica que supera los 5 mil millones de pesos. Estos pasivos están compuestos principalmente por adeudos fiscales y cuotas obrero-patronales con instituciones federales, destacando el SAT, el IMSS y el Infonavit. Universidad Veracruzana arrastra deudas y déficits que superan los 2 mil millones de pesos. También la Universidad Autónoma de Chiapas presenta déficits operativos cercanos a los 1 mil 700 millones de pesos.
Los 60 mil millones de pesos, cifra presentada por la propia UNAM muestran la magnitud de gasto. Atiende a más de 372 mil estudiantes, cuenta con más de 43 mil académicos, opera 16 facultades, 10 unidades multidisciplinarias, cinco escuelas nacionales, 14 planteles de bachillerato, 36 institutos, 13 centros de investigación, decenas de programas universitarios y miles de actividades culturales cada año.
La Universidad Autónoma de Sinaloa actualmente en paro por falta de recursos para pagar quincenas, primas vacacionales y otras prestaciones laborales, opera con un presupuesto raquítico de poco más de 8 mil millones pesos. Atiende a 170 mil estudiantes, una planta de poco más de 17 mil trabajadores -académicos, administrativos y de intendencia- más de 173 planteles, 48 facultades, 24 escuelas, 7 unidades académicas multidisciplinarias, 43 preparatorias, con más de 100 extensiones: más de 200 programas educativos, más de 30 centros e institutos de investigación, entre ellos el CIDOC.
De acuerdo a las cifras del rector Leonardo Lomelí el 89.2 por ciento de sus recursos de la UNAM proviene del subsidio federal; apenas 10.8 por ciento corresponde a ingresos propios. Es decir, nueve de cada diez pesos que recibe la institución de la capital del pais salen directamente del presupuesto público. Sin embargo, para la Rectoría esos recursos ya no alcanzan. “Estamos un poco apretados”, resumió Leonardo Lomelí al solicitar un presupuesto superior a la inflación.
El subsidio gastado por la UNAM en el 2025 vuelve a exhibir un viejo desequilibrio del modelo de financiamiento de la educación superior en México. En tanto las grandes universidades asentadas en el centro de México continúan concentrando los mayores incrementos y la mayor atención presupuestal, numerosas universidades públicas estatales sobreviven con déficits estructurales, infraestructura deteriorada y crecientes obligaciones laborales.
En entidades donde se concentran la pobreza, la marginación, la desigualdad y los efectos del narcotráfico y la violencia, las instituciones de educación superior enfrentan condiciones mucho más adversas para cumplir su misión social. Sin embargo, son precisamente esas universidades las que con frecuencia deben competir por recursos insuficientes frente a instituciones que ya disponen de presupuestos ampliamente superiores.
