La protesta de los jubilados: ¡La solución no está en las calles!
Alvaro Aragón Ayala
La manifestación realizada este miércoles por un grupo minoritario de jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) -quienes bloquearon momentáneamente la avenida Álvaro Obregón en Culiacán y sumaron su movilización a las protestas de la CNTE- dejó al descubierto una realidad: el conflicto de las jubilaciones universitarias no es un asunto que pueda resolverse exclusivamente en el marco de las facultades de la institución.
Aunque los manifestantes insistieron en la defensa de los llamados “derechos adquiridos” y volvieron a exigir auditorías forenses, el debate universitario ha evolucionado mucho más allá de esas consignas. Durante los últimos años, la Universidad ha sido sometida a revisiones financieras, auditorías especializadas y estudios técnicos que permiten identificar el origen estructural de una crisis que no únicamente afecta a la UAS, sino a numerosas universidades públicas estatales de todo el país.
Los estudios actuariales impulsados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) han concluido de que los sistemas de jubilación dinámica, financiados directamente con subsidios universitarios, generan presiones crecientes sobre las finanzas institucionales y comprometen la sostenibilidad a corto y mediano plazo. Así, las prestaciones de retiro se transformaron en un problema de política pública de alcance nacional.
Por ello, es imposible sostener la narrativa de que la crisis jubilatoria puede zanjarse mediante litigios o presiones directas contra las autoridades universitarias. Las reformas constitucionales recientes, los nuevos criterios judiciales, los estudios actuariales federales y las exigencias de sostenibilidad financiera impulsadas por la SEP configuran un escenario completamente distinto al de hace unos años. Y el problema ya no radica en si las universidades desean o no mantener esas prestaciones, sino en definir quién debe financiarlas y bajo qué mecanismos pueden sostenerse sin llevar a la quiebra a las instituciones de educación superior.
Por décadas, el sistema uaseño operó bajo un esquema de jubilación adicional que carece de fondos suficientemente capitalizados y de partidas presupuestales federales específicas para cubrir dichas obligaciones. Esta situación, tolerada durante años por las autoridades educativas y hacendarias federales, no fue creada por las administración universitaria actual y, en consecuencia, tampoco puede ser resuelta exclusivamente por ella. Por esa razón, la protesta callejera se dirige hacia un espacio que no concentra las decisiones fundamentales del conflicto.
Las definiciones de fondo se encuentran actualmente en otra arena: en el diseño de la política educativa federal, en el rigor de los estudios actuariales, en el marco de las reformas constitucionales, en las reglas nacionales de financiamiento y, eventualmente, en los criterios que adopten los tribunales federales respecto a la sostenibilidad de las prestaciones complementarias.
La manifestación, pues, sacó a flote una paradoja flagrante. En tanto, la Universidad impulsa el Fideicomiso Pro-Jubilación, mecanismos de capitalización y procesos de reingeniería financiera para preservar la prestación de retiro en el largo plazo, un sector de jubilados continúa concentrando su presión para no pagar cuotas al Fideicomiso sobre la institución que intenta administrar una crisis que, por su naturaleza, la rebasa.
Las jubilaciones dinámicas no nacieron en esta administración universitaria; la crisis tampoco. Su solución definitiva difícilmente saldrá de los bloqueos viales o de las movilizaciones locales. La respuesta no está en las calles; tendrá que surgir de una decisión de Estado capaz de definir cómo habrán de financiarse en el futuro las obligaciones pensionarias de las universidades públicas mexicanas.
La lección política de esta jornada refleja que algunos continúan mirando hacia la Universidad como si en ella se encontrara la llave de la solución, cuando el verdadero centro de gravedad se desplaza cada vez más hacia los juzgados, los tribunales laborales y las instancias federales. Será ahí donde finalmente se defina el futuro de los sistemas pensionarios universitarios y el rumbo del financiamiento de la educación superior pública en México.
